El creciente nerviosismo celular
A las grandes operadoras de telefonía móvil en España –Telefónica, Vodafone y Orange–, les crecen las preocupaciones. No solo los virtuales siguen su avance poco a poco, restándoles clientes progresivamente. Cada vez más, desde todos los ámbitos administrativos, sufren ataques diversos, que no cesarán. El último ha sido la sanción que les ha impuesto la Comunidad de Madrid de 1,5 millones de euros por publicidad engañosa e incumplimiento de sus obligaciones, al tiempo que les ha abierto un expediente sancionador paralelo por prácticas de redondeo en el cobro de las tarifas, cuya multa podría ser mucho más relevante. Vodafone ha sido la operadora más perjudicada, con una sanción de 905.000 euros, seguida de Telefónica (611.000) y Orange (43.100).
El problema no es la cuantía de la sanción en sí, muy reducida con respecto a lo que podría haber sido, sino que se crea un precedente que otras comunidades estarán dispuestas a copiar como sea. Dada la insaciabilidad recaudatoria de los gobiernos regionales, que desde hace años tienen transferidas las competencias en materia de consumo –desde donde se ha originado la multa–, no es sorprendente que las operadoras se sientan ahora más perseguidas que nunca, a pesar de que siempre han estado bajo la lupa. Su triste realidad es que las operadoras no han conseguido, ni lo conseguirán nunca, quitarse el sambenito que llevan colgado desde que surgieron: el cliente de a pie, y por ende la Administración, las percibe como caras y abusivas, por mucho que se empeñen en negarlo o por muchas ofertas que pongan en la calle.
Por la bajada de precios
La avalancha de nuevos operadores que está llegando y que van a venir, virtuales o no, como Yoigo, Carrefour, The Phone House, El Corte Inglés, ONO o incluso BT, ponen en evidencia que los precios de las compañías celulares en España han estado altos. De hecho, todos, o casi todos estos nuevos entrantes han hecho de los precios más baratos y la simplicidad de las tarifas su principal reclamo. Las autoridades, además, recuerdan a las grandes operadoras cada cierto tiempo lo caras que son, aunque su preocupación no sea tanto la defensa desinteresada del consumidor como el control de la inflación. La Administración es consciente de que el gasto telefónico, y en especial el celular, tiene cada vez más peso en la cesta de consumo de los ciudadanos. Normativas recientes para evitar el redondeo atacan directamente a este sector y no a otros a pesar de que éstos también podrían acogerse a esas leyes. Normas, por cierto, que socialmente son muy bien acogidas porque quejarse del operador celular es ya un deporte nacional.
Las grandes operadoras en España no están teniendo un buen año y tienen razones para empezar a estar muy preocupadas. Su estrategia de precios se ve constreñida, ahora más que nunca, por varios flancos a la vez, actuando al unísono. Está a punto de salir el informe de implementación –será el número 12– de la Comisión Europea, que anualmente revisa los avances que se producen en materia de telecomunicaciones y de precios en cada país. Las comparaciones con otros países son el único modo más o menos objetivo de determinar si los precios son caros o no. España, al menos en telefonía móvil, nunca ha estado entre los países más caros. Pero tampoco entre los más baratos.
