Una fusión encarrilada
La fusión de las plataformas de televisión digital por satélite está vista para sentencia. Las condiciones impuestas por el Gobierno al proyecto de unión de Canal Satélite Digital y Vía Digital fueron muy numerosas (más de treinta), pero todos los expertos coinciden en señalar que son perfectamente asumibles por Sogecable y por Telefónica, los respectivos propietarios de ambas plataformas. Por este motivo, tanto Sogecable como Telefónica tienen ya decidido que seguirán adelante con el proyecto, aunque antes de anunciarlo oficialmente lloren todo lo posible en un intento de aparecer como víctimas.
Posiblemente, el visto bueno definitivo se comunique este mes de enero. Algunas fuentes barajan el día nueve como la fecha propicia para el anuncio. Aunque Sogecable y Telefónica tienen decidido ya que seguirán adelante con la unión de las dos plataformas, esto no quiere decir que no peleen hasta el final para intentar rascar mejores condiciones. Uno de los aspectos que más están criticando es el hecho de que el Gobierno quiera imponer una especie de price cap, o tope de precios, como ocurre en el sector de telecomunicaciones, a los servicios que comercialice la futura plataforma. Desde Sogecable y desde Telefónica se anuncian medidas legales para intentar eliminar esa condición, aunque según los expertos, cualquier iniciativa legal de este tipo tendría poco atisbo de salir adelante.
El argumento que utilizan en Sogecable es que la imposición de un price cap es parecido a cambiar las reglas de juego establecidas, como hizo el Gobierno cuando concedió la licencia de telefonía móvil a Airtel (ahora Vodafone) por cero pesetas y luego, al cabo del tiempo, le exigió más de 80.000 millones de pesetas. Airtel recurrió ante los tribunales, y finalmente ganó la batalla jurídica. Sin embargo, el caso de las plataformas de televisión digital es distinto por una sencilla razón. En Airtel se cambiaron las reglas, es cierto, pero se hizo a posteriori. En el caso de Canal Satélite Digital y de Vía Digital se están cambiando las reglas, también es cierto; sin embargo, es a priori. Es decir, antes de que ambas compañías se fusionen. Estas empresas tienen el poder de decidir si siguen adelante con la fusión o no, pero si siguen, saben de antemano las reglas que tienen que cumplir, algo que ignoraba Airtel cuando, una vez que ganó el concurso, se le obligó a asumir una normativa con la que no contaba.
Telefónica, de recortes. Telefónica se prepara para afrontar nuevos recortes de empleo en España a lo largo de 2003. El 31 de diciembre de 2002 acababa el plazo de paz laboral que fijó la compañía con los sindicatos cuando, hace cuatro años, se realizó la última reestructuración. Entonces, Telefónica llevó a cabo una reducción de plantilla, a través de un expediente de regulación de empleo pactado con los sindicatos, de diez mil trabajadores.
A cambio de este expediente, y de que los sindicatos lo acataran, Telefónica llegó a un acuerdo para no tocar la plantilla hasta el día 31 de diciembre de 2002. De ahí que a partir de esa fecha, la dirección de la operadora tenga mano libre para decidir nuevas reestructuraciones. Telefónica quería evitar ante todo nuevas reducciones de plantilla, especialmente en un momento en el que lo único que le falta a la empresa, habida cuenta de su deterioro en bolsa, son los conflictos laborales.
De ahí que Telefónica, en los últimos meses de 2002, haya intentado sacar adelante un plan para segregar sus activos inmobiliarios y logísticos y hacer de ellos nuevas empresas, con sus propios empleados, que prestaran servicios a terceros. Esta reorganización de actividades habría afectado a 1.900 empleados –que hubieran mantenido su status dentro de Telefónica, aunque hubieran estado en filiales de nueva creación–, pero ha sido rechazada por los sindicatos. La segregación hubiera quitado presión de costes a Telefónica de España, lo que le hubiera permitido evitar una reestructuración a mayor escala.
Teniendo en cuenta que la segregación no ha sido posible, Telefónica de España vuelve al punto de partida y posiblemente tendrá que hacer frente a una reducción laboral si quiere seguir ganando en competitividad y no quedarse atrás frente a otros grupos. Fuentes cercanas a la compañía aseguran que en la operadora sobran entre ocho mil y diez mil empleos, para los que se deberán buscar reacomodo en otras filiales con más crecimiento, o bien, afrontar una drástica reconversión.
La paz laboral de la que ha disfrutado Telefónica en los últimos años está a punto de acabar. Además de agotarse el plazo dado por la compañía para no tocar a la plantilla, este año hay elecciones sindicales y se debe renegociar el convenio. Todo ello hará del frente laboral de Telefónica uno de los puntos más calientes durante todo el año, y en especial en la primera parte del ejercicio 2003.
Telefónica de España cuenta ahora con una media de cuarenta mil trabajadores en plantilla. Con esta cifra, el número de líneas por empleado en España supera las cuatrocientas. Las cifras internas que se barajan en la empresa es que la plantilla debería situarse entorno a los 32.000 ó 35.000 empleados, de manera que se pudieran alcanzar cotas superiores a las setecientas líneas por empleado, mucho más competitivas, y que son las que Telefónica ha alcanzado en países como Brasil.
Por Alejandro García-Morato
comunicaciones@idg.es
Posiblemente, el visto bueno definitivo se comunique este mes de enero. Algunas fuentes barajan el día nueve como la fecha propicia para el anuncio. Aunque Sogecable y Telefónica tienen decidido ya que seguirán adelante con la unión de las dos plataformas, esto no quiere decir que no peleen hasta el final para intentar rascar mejores condiciones. Uno de los aspectos que más están criticando es el hecho de que el Gobierno quiera imponer una especie de price cap, o tope de precios, como ocurre en el sector de telecomunicaciones, a los servicios que comercialice la futura plataforma. Desde Sogecable y desde Telefónica se anuncian medidas legales para intentar eliminar esa condición, aunque según los expertos, cualquier iniciativa legal de este tipo tendría poco atisbo de salir adelante.
El argumento que utilizan en Sogecable es que la imposición de un price cap es parecido a cambiar las reglas de juego establecidas, como hizo el Gobierno cuando concedió la licencia de telefonía móvil a Airtel (ahora Vodafone) por cero pesetas y luego, al cabo del tiempo, le exigió más de 80.000 millones de pesetas. Airtel recurrió ante los tribunales, y finalmente ganó la batalla jurídica. Sin embargo, el caso de las plataformas de televisión digital es distinto por una sencilla razón. En Airtel se cambiaron las reglas, es cierto, pero se hizo a posteriori. En el caso de Canal Satélite Digital y de Vía Digital se están cambiando las reglas, también es cierto; sin embargo, es a priori. Es decir, antes de que ambas compañías se fusionen. Estas empresas tienen el poder de decidir si siguen adelante con la fusión o no, pero si siguen, saben de antemano las reglas que tienen que cumplir, algo que ignoraba Airtel cuando, una vez que ganó el concurso, se le obligó a asumir una normativa con la que no contaba.
Telefónica, de recortes. Telefónica se prepara para afrontar nuevos recortes de empleo en España a lo largo de 2003. El 31 de diciembre de 2002 acababa el plazo de paz laboral que fijó la compañía con los sindicatos cuando, hace cuatro años, se realizó la última reestructuración. Entonces, Telefónica llevó a cabo una reducción de plantilla, a través de un expediente de regulación de empleo pactado con los sindicatos, de diez mil trabajadores.
A cambio de este expediente, y de que los sindicatos lo acataran, Telefónica llegó a un acuerdo para no tocar la plantilla hasta el día 31 de diciembre de 2002. De ahí que a partir de esa fecha, la dirección de la operadora tenga mano libre para decidir nuevas reestructuraciones. Telefónica quería evitar ante todo nuevas reducciones de plantilla, especialmente en un momento en el que lo único que le falta a la empresa, habida cuenta de su deterioro en bolsa, son los conflictos laborales.
De ahí que Telefónica, en los últimos meses de 2002, haya intentado sacar adelante un plan para segregar sus activos inmobiliarios y logísticos y hacer de ellos nuevas empresas, con sus propios empleados, que prestaran servicios a terceros. Esta reorganización de actividades habría afectado a 1.900 empleados –que hubieran mantenido su status dentro de Telefónica, aunque hubieran estado en filiales de nueva creación–, pero ha sido rechazada por los sindicatos. La segregación hubiera quitado presión de costes a Telefónica de España, lo que le hubiera permitido evitar una reestructuración a mayor escala.
Teniendo en cuenta que la segregación no ha sido posible, Telefónica de España vuelve al punto de partida y posiblemente tendrá que hacer frente a una reducción laboral si quiere seguir ganando en competitividad y no quedarse atrás frente a otros grupos. Fuentes cercanas a la compañía aseguran que en la operadora sobran entre ocho mil y diez mil empleos, para los que se deberán buscar reacomodo en otras filiales con más crecimiento, o bien, afrontar una drástica reconversión.
La paz laboral de la que ha disfrutado Telefónica en los últimos años está a punto de acabar. Además de agotarse el plazo dado por la compañía para no tocar a la plantilla, este año hay elecciones sindicales y se debe renegociar el convenio. Todo ello hará del frente laboral de Telefónica uno de los puntos más calientes durante todo el año, y en especial en la primera parte del ejercicio 2003.
Telefónica de España cuenta ahora con una media de cuarenta mil trabajadores en plantilla. Con esta cifra, el número de líneas por empleado en España supera las cuatrocientas. Las cifras internas que se barajan en la empresa es que la plantilla debería situarse entorno a los 32.000 ó 35.000 empleados, de manera que se pudieran alcanzar cotas superiores a las setecientas líneas por empleado, mucho más competitivas, y que son las que Telefónica ha alcanzado en países como Brasil.
Por Alejandro García-Morato
comunicaciones@idg.es
