UMTS no estará disponible en la fecha establecida por el Gobierno

Ante las reiteradas presiones de los operadores, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha realizado una encuesta pública entre operadores, fabricantes y asociaciones a fin de averiguar si la opinión sobre la imposibilidad de cumplir los plazos establecidos para el lanzamiento de los servicios móviles de tercera generación UMTS en España gozaba del consenso general.
Los resultados recogidos hasta el 10 de abril, fecha límite para la recepción de cuestionarios, han confirmado que los nuevos servicios no podrán comercializarse hasta al menos la segunda mitad del año 2002 en el mejor de los casos, un año después del 1 de agosto de 2001, momento inicialmente impuesto en el pliego de condiciones del concurso para la concesión de licencias. Este inevitable retraso se debe a diversas razones, en general, de ámbito tecnológico. Un argumento demoledor a favor de los operadores, dado que, evidentemente, si la tecnología no está lista, no puede exigírseles la oferta de servicios; y no fueron los fabricantes los que asumieron los compromisos con el Gobierno.
A la falta de terminales ha de sumarse la incompatibilidad entre tecnologías UMTS de diversos fabricantes, dado que aún no han sido finalizadas las especificaciones técnicas de interconexión –una responsabilidad que tampoco compete, al menos de forma directa, a los operadores–, ni los estándares para el diseño de nuevos terminales duales compatibles con las actuales redes GSM, algo esencial hasta que la tercera generación se haya implantado de forma global.

Un problema de ámbito europeo. De esta forma, se impone claramente una revisión de la postura del Ministerio encabezado por Anna Birulés, que, en su sondeo, trataba también de averiguar la importancia que tendrán tecnologías como GPRS en la transición hacia la tercera generación de móviles, capaces de soportar algunos de los servicios básicos multimedia prometidos por las tecnologías 3G. Una importancia esencial, según los encuestados, principalmente como vía para acostumbrar al mercado y atraer clientes para la futura oferta.
Ciencia y Tecnología señalaba en la encuesta, accesible desde su página Web, que la Comisión Europea considera que los primeros servicios no estarán disponibles hasta 2002. Fuentes del Ministerio aseguraron que su intención era tomar los resultados como base “con objeto de adoptar la decisión más adecuada” para fomentar la competitividad del sector y el fomento de las nuevas tecnologías.
Así, el Gobierno de nuestro país, se hacía eco de la preocupación de la Comisión en relación con cuatro elementos que “requieren un mayor análisis dada su influencia crítica sobre el futuro de esta tecnología”; concretando, el entorno regulatorio, el financiero, diversos aspectos técnicos y la necesidad de ganar experiencia en los nuevos servicios a través de la llamada “segunda generación y media” (2,5G).
En sus respuestas, los operadores han llamado la atención sobre la importancia de GPRS, sin desaprovechar la ocasión para subrayar que esta tecnología consume mayor capacidad de espectro, por lo que necesitarían contar con la parte preasignada en la banda de 1800 MHz a los operadores de segunda generación por concurso en 1998 que aún no utilizaban. Este es el recurso con el que contaba el Gobierno a fin de otorgar licencias a otros dos operadores móviles; el concurso correspondiente debía convocarse en los cuatro primeros meses de este año – período límite también para concretar las condiciones de entrada de operadores móviles sin red propia- y los nuevos proveedores deberían poder ofrecer servicios a finales de 2002. La situación sigue siendo compleja, pero al menos empieza a percibirse un clima de entendimiento.


La tasa ya ha sido recurrida por todos los interesados
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El polémico, por desmesurado, incremento en la tasa por la explotación del espectro radioeléctrico correspondiente a este año ya ha sido recurrida por la totalidad de los operadores de redes LMDS y UMTS. El que faltaba, Telefónica Móviles, presentó su recurso el día 18 de abril ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda. El importe de esta carga supone para Telefónica Móviles el pago de unos 40.000 millones de pesetas, de los que unos 27.100 corresponden a la telefonía móvil de tercera generación. El resto está asociado a la licencia GSM en las bandas de 900 y 1800 MHz obtenida por la compañía en 1998.
Aunque desde el Ministerio de Hacienda se ha insistido en que se trata de una tasa establecida por ley que todos los operadores que utilizan el espectro habrán de pagar, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se han realizado declaraciones que apuntan a una posible reducción del precio de este recurso el próximo año, si las su valor de mercado hubiera disminuido.