| Artículos | 01 MAR 2002

Sociedad de la Información y comercio electrónico

El anteproyecto de LSSICE reabre la polémica
Inmaculada Rico.
El Consejo de Ministros del pasado 8 de febrero dio el visto bueno, después de un año y medio de polémica, al Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE). El texto, centrado especialmente en incrementar la seguridad, ha recibido ya las primeras críticas.

Con el principal objetivo de incrementar la seguridad en Internet se aprobó en febrero el definitivo Anteproyecto de la LSSICE, un texto que ha contado con múltiples correcciones en las que han participado más de 66 entidades y que ha sido elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Economía, Justicia y Sanidad y Consumo. Para la responsable de la cartera de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés “el texto aporta mayor seguridad al ciudadano y pretende incorporar a la Red a las personas que tienen desconfianza y recelo”, por lo que trata de ofrecer “mayor seguridad jurídica y confianza a los usuarios y prestadores de servicio”.
Desde la oposición, sin embargo, se acusa al Gobierno de falta de transparencia al considerar que no se han realizado labores de divulgación ni de pedagogía para que el uso de estas herramientas se integren en la sociedad. Otras críticas hacen referencia a la escasa concreción del término “contenidos”, y a la prohibición del spam sin distinguirlo de la publicidad responsable. Pero, vayamos por partes.

Cobertura legal
El primer aspecto regulado por la que será futura ley es su propio ámbito de actuación, en el que recaen todas las actividades comerciales o que persigan un fin económico, extendiendo su cobertura a las que se realizan por ordenador, telefonía móvil, cable o televisión digital terrenal. La prestación de servicios no necesitará una autorización previa, aunque deberán seguir los mismos trámites que se exige a las empresas en el mundo físico, debiéndose identificar ante un registro mercantil o público para mejorar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico. Asimismo, como garantía de información y transparencia, obliga a los prestadores de servicios a incluir en sus Web datos básicos como el nombre, el domicilio, la dirección de e-mail y los precios de los productos que ofrezcan.
Otro de los aspectos que regulará la futura ley, según este cuarto borrador de anteproyecto que se puede consultar en el web del Ministerio o en la página principal de idg.es, es la validez de los contratos electrónicos con el fin de equipararlos a los escritos y reforzar su eficacia ante los tribunales al atribuirles el mismo valor probatorio. Frente al spam, el definitivo Anteproyecto prohíbe totalmente esta actividad, obligando a las empresas que envíen correos electrónicos o sms a los usuarios a obtener el consentimiento previo del consumidor y a especificar que se trata de un mensaje promocional.
En cuanto a los contenidos, el más polémico de los preceptos desde sus orígenes por posible censura, el definitivo anteproyecto asegura la libertad de expresión, como afirmó Anna Birulés en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, y solamente permite a las autoridades judiciales el cierre de una publicación, cuando anteriormente el texto hablaba de autoridades administrativas. La ley no obliga a los prestadores a supervisar los datos que transmiten, pero sí a colaborar para poner fin a comportamientos ilícitos o comisión de delitos. Las sanciones, por último, se establecerán en función del volumen de facturación afectado, la gravedad del daño producido y otros parámetros objetivos.

El PSOE acusa
En un comunicado emitido el mismo día de su aprobación, el Partido Socialista acusaba al Gobierno de falta de transparencia a la hora de dar por terminado un proceso protagonizado por “meses de silencio que han generado una colosal confusión y en el que hubo borradores oficiales inexistentes, pero publicados… y casi dos decenas de borradores de los que no habló nadie y cuya existencia acaba de ser reconocida”. Asimismo, los socialistas criticaban el hecho de que los informes que se han hecho llegar al Consejo General del Poder Judicial y el emitido por el Consejo de Estado, y que circulan por la Red, no se han hecho llegar a los grupos parlamentarios, a pesar de haberlos solicitado oficialmente. En este sentido, confirma Enrique Martínez, responsable federal del partido, “que ha sido muy lamentable iniciar el proceso de acuerdo a una nueva lógica para posteriormente ocultar el proyecto en los últimos meses. Nos parece grave que se haya dejado ir el debate de las manos y se haya pasado del tercer borrador al veintitantos”, ocultando, incluso, al Parlamento unos textos que circulaban por la Red.
A esta crítica el partido y su responsable federal añaden la falta de política reflejada en “su incapacidad para hacer pedagogía, para explicar y promover nuevos comportamientos entre consumidores y empresas que ha provocado un debate estéril y el temor a que se oculte un deseo de controlar Internet”. Como explica Martínez, “el Gobierno no ha aprovechado la oportunidad de dar a conocer el comercio electrónico e impulsarlo, por lo que nadie está hoy más informado que ayer, no hay un consenso social; éste ha sido su primer fracaso”.
Por último, las críticas del PSOE al texto hacen alusión al “hiperintervencionismo”; al ámbito de aplicación, que excede las directrices de la Directiva Europea de junio de 2000; y al régimen sancionador.
Ante esta variedad de disconformidades, el primer partido de la oposición se encuentra en estos momentos analizando la posibilidad de publicar una propuesta alternativa en la que se tratará de plantear la visión socialista frente al cometido legislativo del comercio electrónico y la sociedad de la información. “Cabe cuestionarse si la mejor estrategia es hacer una nueva ley o reformar la legislación existente”, afirma Martínez.

Más críticas
La Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y la Plataforma Internauta han emitido también sus críticas al anteproyecto, unas más negativas que otras. La más radical es la de Plataforma Internauta, cuyo presidente, Fernando Rubín, ha emitido un comunicado en el que lo califica de intervencionista, restrictivo e intimidatorio, y considera que “nace de espaldas a los intereses de los particulares y de las empresas”. Para la organización, el único interés que ha movido al Gobierno a legislar la Red es conseguir su control, cuando las medidas a tomar deberían ir encaminadas al fomento e implementación de recursos para su mejora, como garantizar el acceso universal, el desarrollo de infraestructuras, mejorar la calidad de la Red y establecer una tarifa plana.
Desde la AUI, las críticas son más suaves. Miguel Pérez Subías, su presidente, considera “acertado” el texto aprobado salvo en lo relativo a los contenidos. “Sería necesario concretar más el concepto de contenidos, darle mayor claridad a lo que se regula, porque no está claro”. Por su parte, su homólogo en la AI, Víctor Domingo, ha manifestado que “no existe una postura de la asociación todavía, aunque hemos creado una comisión que va a elaborar un dictamen. Lo que sí está claro es que nuestra posición es de diálogo”.
Igualmente positivo se ha

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