Servicio universal, el cuento de nunca acabar
Puestos a no zanjar definitivamente nunca nada, el modelo y financiación del servicio universal sigue siendo objeto de polémica a estas alturas. Telefónica ha echado cuentas y no parece dispuesta a seguir soportando en solitario una carga que, según la compañía, le ha supuesto un coste de 1.576 (224 millones en 2002) desde la apertura del mercado en 1998. Así, Telefónica ha pedido al Gobierno que, tal como se establece legalmente, el servicio universal sea financiado por fin por un fondo al que contribuyan todos los operadores según su cuota de mercado. Tampoco ve mal la compañía que el coste del servicio universal corra a cargo del Estado, bien de la Administración central, bien de las distintas administraciones. En cualquier caso, la medida que en su caso se tomase debería quedar recogida en el reglamento correspondiente que se publique en desarrollo de la nueva ley general de telecomunicaciones.
Y no todo queda en una petición al Gobierno. Telefónica maneja un plan ofensivo: estudia la presentación de una queja contra la Administración española ante Bruselas, en un aviso a navegantes de que está dispuesta a llegar legalmente donde haga falta para que se tenga en cuenta su reclamación. Y no será difícil que la amenaza se cumpla, si se observa como ha quedado el marco regulador del price cap para el próximo año, que finalmente no incluirá la cuota de bono en la cesta de precios a considerar.
Pero no sólo Telefónica no coincide con el Gobierno respecto del modelo actual de servicio universal. Otras voces se alzan contra él desde la propia industria. Aniel considera que el servicio universal también debería incluir la banda ancha, además de ser financiado por el Gobierno central junto con los autonómicos. Para que la línea telefónica con banda ancha llegue a todos, propone que el servicio se preste por el operador o los operadores que, en concurso público y abierto, menos cobre al Estado por el déficit económico que conlleva.
En fin, que cinco años no son nada y así estamos todavía.
Y no todo queda en una petición al Gobierno. Telefónica maneja un plan ofensivo: estudia la presentación de una queja contra la Administración española ante Bruselas, en un aviso a navegantes de que está dispuesta a llegar legalmente donde haga falta para que se tenga en cuenta su reclamación. Y no será difícil que la amenaza se cumpla, si se observa como ha quedado el marco regulador del price cap para el próximo año, que finalmente no incluirá la cuota de bono en la cesta de precios a considerar.
Pero no sólo Telefónica no coincide con el Gobierno respecto del modelo actual de servicio universal. Otras voces se alzan contra él desde la propia industria. Aniel considera que el servicio universal también debería incluir la banda ancha, además de ser financiado por el Gobierno central junto con los autonómicos. Para que la línea telefónica con banda ancha llegue a todos, propone que el servicio se preste por el operador o los operadores que, en concurso público y abierto, menos cobre al Estado por el déficit económico que conlleva.
En fin, que cinco años no son nada y así estamos todavía.
