| Artículos | 01 MAR 2002

Se aprueba el anteproyecto de LSSICE

El pasado día 8 de febrero el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE). Se tratará de la primera ley creada para regular la actividad económica en el mundo digital.
La Ministra de Ciencia y Tecnología ha declarado que el objetivo del documento es proporcionar “un marco jurídico estable que favorezca el desarrollo de la Sociedad de la Información dando seguridad tanto a los prestadores de servicios,como a los usuarios”. Ahora, al texto sólo le queda un paso para convertirse en ley; esto es, su aprobación por el Congreso.
Entre otros puntos, el documento pretende regular los contratos de compra y venta que se lleven a cabo a través de medios electrónicos, estableciendo que la contratación electrónica tiene el mismo valor legal que la contratación en el mundo físico.
Según el proyecto de ley, la prestación de los servicios por medios electrónicos no estará sujeta a autorización previa y los proveedores de servicios establecidos en España, en otro país de la UE o ajeno a ella pero que dirija sus servicios a territorio español, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales, deberán atenerse a una serie de responsabilidades claramente definidas. Se tratará de “unas responsabilidades mínimas”, según la Ministra, pues “no tendrán la obligación de revisar los datos que transmitan o almacenen”, pero sí de colaborar con las autoridades cuando éstas así lo requieran.

Consulta pública vía Internet. El visto bueno al documento por parte del Consejo de Ministros llega casi un año después de la aparición del primer borrador del anteproyecto en octubre de 2000 y después de cuatro borradores oficiales.
En este difícil –por falta de regulación anterior al respecto– proceso de elaboración han colaborado Ciencia y Tecnología, Economía, Justicia, y Sanidad y Consumo. También lo han hecho 66 entidades, entre empresas y asociaciones de Internet y de comercio, mediante la puesta en marcha por Ciencia y Tecnología de un novedoso mecanismo de consulta pública a través de Internet.
La naturaleza “democrática” de este documento –que, como ya han hecho tres de los quince países miembros de la UE en sus respectivas leyes, incorpora la Directiva europea 2000/31/CE, relativa al comercio electrónico– no lo ha salvado de las críticas. La ANEI (Asociación Española de Empresas de Internet) ha emitido un comunicado en el que, pese a valorar positivamente la intención del Gobierno de regular el sector de Internet y el comercio electrónico, expresa sus reservas respecto al texto.
Más información en págs. 18, 20 y 21. Texto completo del documento en www.idg.es.

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