Revuelo en el mercado de la certificación electrónica
El anuncio de la entrada en septiembre de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en el mercado privado de la firma electrónica ha sembrado la preocupación entre los proveedores de servicios de certificación que operan en nuestro país.
El próximo 1 de septiembre, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) comenzará a prestar servicios de seguridad electrónica al sector privado. Se trata de una oferta global que incluye diversas soluciones destinadas a las transacciones electrónicas, como la facturación tele- mática, el e-procurement, la contratación telemática de bienes y servicios o las votaciones a distancia en las juntas de accionistas.
Esta incursión de la FNMT-RCM ha sido mal recibida por el conjunto de los prestadores de servicios de certificación en un momento en que las expectativas iniciales para este mercado no se están cumpliendo. En el año 2000, al calor de unas estimaciones muy halagüeñas surgieron numerosos prestadores. Ahora se ve que no era para tanto: la sociedad de la información no se ha desarrollado ni al nivel previsto, ni tan rápido como se esperaba. En consecuencia, algunos se baten en retirada y otros se repliegan para aguardar tiempos mejores.
No resulta, pues, un buen momento para compartir la exigua tarta con otro comensal. "A pesar de las grandes inversiones en infraestructuras y recursos humanos y técnicos que han hecho los distintos jugadores, podemos decir que las cifras del mercado son muy limitadas", apunta Adrián Moure, director de Ventas, Marketing y Alianzas de Safelayer. Y es que el mercado español de servicios de certificación todavía es pequeño. Rodolfo Lomascolo, director general de IPS, lo describe como "un mercado incipiente, con un crecimiento muy lento. Los prestadores de servicios de certificación todavía tienen mucho camino por recorrer y el proveedor principal a día de hoy es la Administración con los certificados de la FNMT, dentro de la iniciativa Ceres".
Abriendo horizontes
Al principio algunos de los actores de este mercado pensaban que Ceres iba a monopolizar las certificaciones en el campo de las relaciones con las administraciones públicas. Después se ha visto que al final también ha entrado en este segmento el Ministerio de Trabajo con la Seguridad Social y el Ministerio del Interior con el DNI electrónico. Así, pues, no es de extrañar que Ceres mire ahora al mercado privado.
"Ceres siempre ha dicho que era de su interés, aunque en un segundo plano, el fomento de las relaciones entre particulares y empresas, y por ello no hemos tomado la iniciativa hasta la fecha, pero ha sido el propio sector privado el que nos ha pedido que pongamos nuestro know-how a su servicio porque resultaba imprescindible para sus relaciones electrónicas y nos vamos a dedicar de pleno a ello", aclaran las fuentes oficiales de FNMT-RCM . Las bases legales, según la entidad, están claras. En la FNMT-RCM invocan la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social; la LSSICE (Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico), el Real Decreto 209/2003, sobre registros y notificaciones telemáticas, y la Orden de Hacienda 3134/2002, sobre un nuevo desarrollo del régimen de facturación telemática.
Ahora bien, hay quienes resaltan otra razón diferente para este movimiento de la FNMT-RCM. La introducción del DNI electrónico, labor del Ministerio del Interior, va a tener efectos sobre este mercado: casi 40 millones de certificados en 10 años. "Precisamente por la llegada del DNI digital, carece de sentido la emisión de certificados de la FNMT para uso tributario. Por lo tanto, la entidad se ve forzada a buscar otro nicho con el que justificar las inmensas inversiones llevadas a cabo con dinero de los contribuyentes", manifiesta Julián Inza, director general de Camerfirma, quien, no obstante, da la bienvenida al nuevo entrante en el sector privado, siempre que "sea sensible a las necesidades de desarrollo del sector y actúe en condiciones de competencia leal".
Actualmente el negocio principal está en torno a la emisión de certificados para servidores Web, necesarios para el sistema de seguridad SSL. También en nuestro país los colegios profesionales y algunas empresas usan certificados electrónicos para optimizar procesos y ahorrar costes. En el sector público, cada vez se utilizan más en trámites administrativos y en declaraciones tributarias. Por ejemplo, en la última campaña de declaración de la renta la Agencia Tributaria emitió más de 400.000.
Recuperación de inversiones
El problema es que la inmensa mayoría de los certificados electrónicos son gratuitos para el usuario. "El total del mercado, entre software de certificación, servicios legales y servicios de consultoría, debe rondar los 10.000 certificados de pago emitidos, con un volumen de 60 millones de euros, muy por debajo de las expectativas despertadas hace tres años", dice Julián Inza. Y las inversiones han sido demasiado cuantiosas como para que, además de que los certificados se distribuyan gratuitamente, se vea ahora penalizada la iniciativa privada permitiendo a la FNMT-RCM entrar en este negocio. "Estamos sorprendidos por la dualidad de un prestador de servicios de certificación dirigiéndose a mercados públicos y privados. No hay precedente y no sabemos como será aceptado este modelo de negocio", afirma Adrián Moure, de Safelayer.
Aunque hay quienes, como FESTES, el prestador auspiciado por los colegios de notarios y abogados, prefieren no entrar en valoraciones, Julián Inza, de Camerfirma, no duda en afirmar que "la FNMT incumple la normativa de certificación para usos fuera de la Administración (el Real Decreto-Ley de firma electrónica y el reglamento que lo desarrolla)". En concreto Inza destaca que "el formato de los certificados de la FNMT es diferente al que marca la legislación". También apunta que a la FNMT se le exonera de requisitos que sí han de cumplir los prestadores privados de servicios de certificación, como la contratación de seguros de responsabilidad civil.
Frente a este sector crítico, no faltan los que no se muestran tan reacios a la entrada de la FNMT-RCM al mercado privado. Es el caso de los suministradores de tecnologías de certificación. No en vano su negocio no se verá directamente perjudicado, sino todo lo contrario, ya que estas compañías no prestan servicios de certificación, sino que suministran el hardware y el software necesario para dar tales servicios. Un ejemplo podría ser el Grupo SIA, que distribuye Entrust. Para Rubén Morales, Product Manager del Área e-Security de la firma, las repercusiones serán "positivas a largo plazo, aunque la FNMT habrá de tener muy claro su papel y fijar reglas claras para evitar problemas de competencia desleal". De los 5,2 millones de euros en licencias de software vendidas por el Grupo SIA el año pasado, más de la mitad se facturaron al sector público.
Todos se unen
Tal vez el campo de batalla termine trasladándose a los tribunales, o puede que tan sólo se quede en el Parlamento. Desde el 10 de junio el proyecto de nueva ley de firma electrónica está tramitándose en el Congreso. Cuando este texto sea publicado sustituirá a la legislación vigente en la actualidad, derivada del R
El próximo 1 de septiembre, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) comenzará a prestar servicios de seguridad electrónica al sector privado. Se trata de una oferta global que incluye diversas soluciones destinadas a las transacciones electrónicas, como la facturación tele- mática, el e-procurement, la contratación telemática de bienes y servicios o las votaciones a distancia en las juntas de accionistas.
Esta incursión de la FNMT-RCM ha sido mal recibida por el conjunto de los prestadores de servicios de certificación en un momento en que las expectativas iniciales para este mercado no se están cumpliendo. En el año 2000, al calor de unas estimaciones muy halagüeñas surgieron numerosos prestadores. Ahora se ve que no era para tanto: la sociedad de la información no se ha desarrollado ni al nivel previsto, ni tan rápido como se esperaba. En consecuencia, algunos se baten en retirada y otros se repliegan para aguardar tiempos mejores.
No resulta, pues, un buen momento para compartir la exigua tarta con otro comensal. "A pesar de las grandes inversiones en infraestructuras y recursos humanos y técnicos que han hecho los distintos jugadores, podemos decir que las cifras del mercado son muy limitadas", apunta Adrián Moure, director de Ventas, Marketing y Alianzas de Safelayer. Y es que el mercado español de servicios de certificación todavía es pequeño. Rodolfo Lomascolo, director general de IPS, lo describe como "un mercado incipiente, con un crecimiento muy lento. Los prestadores de servicios de certificación todavía tienen mucho camino por recorrer y el proveedor principal a día de hoy es la Administración con los certificados de la FNMT, dentro de la iniciativa Ceres".
Abriendo horizontes
Al principio algunos de los actores de este mercado pensaban que Ceres iba a monopolizar las certificaciones en el campo de las relaciones con las administraciones públicas. Después se ha visto que al final también ha entrado en este segmento el Ministerio de Trabajo con la Seguridad Social y el Ministerio del Interior con el DNI electrónico. Así, pues, no es de extrañar que Ceres mire ahora al mercado privado.
"Ceres siempre ha dicho que era de su interés, aunque en un segundo plano, el fomento de las relaciones entre particulares y empresas, y por ello no hemos tomado la iniciativa hasta la fecha, pero ha sido el propio sector privado el que nos ha pedido que pongamos nuestro know-how a su servicio porque resultaba imprescindible para sus relaciones electrónicas y nos vamos a dedicar de pleno a ello", aclaran las fuentes oficiales de FNMT-RCM . Las bases legales, según la entidad, están claras. En la FNMT-RCM invocan la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social; la LSSICE (Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico), el Real Decreto 209/2003, sobre registros y notificaciones telemáticas, y la Orden de Hacienda 3134/2002, sobre un nuevo desarrollo del régimen de facturación telemática.
Ahora bien, hay quienes resaltan otra razón diferente para este movimiento de la FNMT-RCM. La introducción del DNI electrónico, labor del Ministerio del Interior, va a tener efectos sobre este mercado: casi 40 millones de certificados en 10 años. "Precisamente por la llegada del DNI digital, carece de sentido la emisión de certificados de la FNMT para uso tributario. Por lo tanto, la entidad se ve forzada a buscar otro nicho con el que justificar las inmensas inversiones llevadas a cabo con dinero de los contribuyentes", manifiesta Julián Inza, director general de Camerfirma, quien, no obstante, da la bienvenida al nuevo entrante en el sector privado, siempre que "sea sensible a las necesidades de desarrollo del sector y actúe en condiciones de competencia leal".
Actualmente el negocio principal está en torno a la emisión de certificados para servidores Web, necesarios para el sistema de seguridad SSL. También en nuestro país los colegios profesionales y algunas empresas usan certificados electrónicos para optimizar procesos y ahorrar costes. En el sector público, cada vez se utilizan más en trámites administrativos y en declaraciones tributarias. Por ejemplo, en la última campaña de declaración de la renta la Agencia Tributaria emitió más de 400.000.
Recuperación de inversiones
El problema es que la inmensa mayoría de los certificados electrónicos son gratuitos para el usuario. "El total del mercado, entre software de certificación, servicios legales y servicios de consultoría, debe rondar los 10.000 certificados de pago emitidos, con un volumen de 60 millones de euros, muy por debajo de las expectativas despertadas hace tres años", dice Julián Inza. Y las inversiones han sido demasiado cuantiosas como para que, además de que los certificados se distribuyan gratuitamente, se vea ahora penalizada la iniciativa privada permitiendo a la FNMT-RCM entrar en este negocio. "Estamos sorprendidos por la dualidad de un prestador de servicios de certificación dirigiéndose a mercados públicos y privados. No hay precedente y no sabemos como será aceptado este modelo de negocio", afirma Adrián Moure, de Safelayer.
Aunque hay quienes, como FESTES, el prestador auspiciado por los colegios de notarios y abogados, prefieren no entrar en valoraciones, Julián Inza, de Camerfirma, no duda en afirmar que "la FNMT incumple la normativa de certificación para usos fuera de la Administración (el Real Decreto-Ley de firma electrónica y el reglamento que lo desarrolla)". En concreto Inza destaca que "el formato de los certificados de la FNMT es diferente al que marca la legislación". También apunta que a la FNMT se le exonera de requisitos que sí han de cumplir los prestadores privados de servicios de certificación, como la contratación de seguros de responsabilidad civil.
Frente a este sector crítico, no faltan los que no se muestran tan reacios a la entrada de la FNMT-RCM al mercado privado. Es el caso de los suministradores de tecnologías de certificación. No en vano su negocio no se verá directamente perjudicado, sino todo lo contrario, ya que estas compañías no prestan servicios de certificación, sino que suministran el hardware y el software necesario para dar tales servicios. Un ejemplo podría ser el Grupo SIA, que distribuye Entrust. Para Rubén Morales, Product Manager del Área e-Security de la firma, las repercusiones serán "positivas a largo plazo, aunque la FNMT habrá de tener muy claro su papel y fijar reglas claras para evitar problemas de competencia desleal". De los 5,2 millones de euros en licencias de software vendidas por el Grupo SIA el año pasado, más de la mitad se facturaron al sector público.
Todos se unen
Tal vez el campo de batalla termine trasladándose a los tribunales, o puede que tan sólo se quede en el Parlamento. Desde el 10 de junio el proyecto de nueva ley de firma electrónica está tramitándose en el Congreso. Cuando este texto sea publicado sustituirá a la legislación vigente en la actualidad, derivada del R
