Pacto de Estado

En el 150 aniversario de la entrada de las telecomunicaciones en España de la mano del telégrafo, ya cadáver, se acumulan sobre el tapete nacional de las TIC cifras para todos los gustos, iniciativas de diverso calado para tapar todos los agujeros que aún siguen abiertos en el sector –y cómo– y análisis desde todas las perspectivas posibles. Todos ellos, no siempre coincidentes, parten de y comparten una misma realidad de fondo: España no sólo no converge con Europa en el uso de las TIC, sino que, como advierten expertos y asociaciones sectoriales, nos encontramos en una situación de pura inercia, con indicadores que nos sitúan a la cola de la UE.
Según el informe del Comité Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Catsi) que servirá al ministro Montilla para la redacción del prometido Plan de Convergencia, España se encuentra a la zaga de la media europea en varios conceptos relacionados con el nivel de difusión de las TIC. Dos de ellos son el crecimiento de la productividad y el grado de inserción en la Sociedad de la Información, según parámetros como inversión en tecnología, formación bruta de capital fijo e inversión en I+D, entre otros. El diagnóstico es tan claro como preocupante y las recomendaciones del llamado “Informe Ontiveros”, por haber sido elaborado bajo la presidencia del prestigioso catedrático Emilio Ontiveros, se resume en una llamada al Gobierno para que adopte una urgente modernización económica de nuestro país. Pero de todas las medidas recogidas en el informe para resolver o, al menos, paliar el problema, ninguna tan útil y trascendente como la que aboga por la puesta en marcha de un pacto de Estado entre partidos políticos, organismos oficiales y profesionales, asociaciones sectoriales y de usuarios, comunidades autónomas y municipios. La propuesta, junto con la creación de un organismo de alto nivel capaz de imponer un verdadero liderazgo al Plan, no es nueva –ya el llamado “Comité Soto” lo recomendaba para el Plan España.es, y aquí y en otros sectores de opinión se viene defendiendo desde hace años–,
pero su consecución definitiva sí que supondría una verdadera novedad, quizá la única y la más importante para lograr un verdadero esfuerzo coordinado política, territorial y funcionalmente para no quedarnos fuera por una vez de las grandes tendencias de la historia.
El tiempo corre y quizá la de ahora sea la última oportunidad. Si los intereses del juego político, en sus tantas veces inconsistentes urgencias, en sus olvidos cainitas de lo que se llama hoy la “sociedad civil”, frustran la clara voluntad de cambio que imponen las circunstancias y que piden a gritos todos los agentes del sector, incluidos los usuarios, de nuevo habremos hecho un pan como unas hostias y de nuevo habremos malbaratado otra legislatura. El reto es enorme. Convertirlo en fracaso sería responsabilidad de todos pero muy especialmente del Gobierno.