Más contratos públicos, por favor
720 millones de euros en juego - El ejemplo de Defensa - Por un pliego común
El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, llegó al cargo hace casi un año con varios proyectos en la cabeza. Uno de ellos era impulsar la liberalización de los contratos que mantiene la Administración Pública en telecomunicaciones. Piqué anunció incluso la intención por parte de Ciencia y Tecnología de diseñar un pliego común para toda la Administración, de manera que si un ministerio, o cualquier otro organismo, ponía en marcha un concurso para subastar sus contratos de telecomunicaciones se pudieran seguir unos criterios comunes.
La liberalización de los contratos de telecomunicaciones por parte del Estado no es algo baladí. En juego hay un pastel económico de 720 millones de euros que hasta ahora ha estado en su mayor parte en manos de Telefónica. Según estimaciones de los operadores alternativos, apenas un 10% de esa tarta ha sido sacada a concurso hasta ahora. Es cierto que se están produciendo avances, pero no han sido suficientes. En el último año hemos visto que organismos como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el órgano regulador del sector, ha tratado de dar ejemplo y ha sacado a subasta sus servicios telefónicos y de Internet. También hemos visto como el Ministerio de Defensa ha hecho lo propio en un concurso que algunos consideran todo un modelo a seguir.
El ministerio de Defensa reunió a todo tipo de compañías para informar del concurso. Editó guías prácticas y un folleto completo de pautas a seguir. Estableció un calendario y dividió la puja en varios lotes perfectamente determinados en función de los servicios (red privada de telefonía fija, red de telefonía móvil, transmisión de datos y acceso a Internet). El concurso, valorado en más de ochenta millones de euros, es el más importante de los convocados hasta ahora y está apunto de fallarse.
La pregunta que hay que hacerse es por qué no ha habido más ministerios y más organismos públicos que han hecho como Defensa. Es más: ¿por qué no ha sido el conjunto de la Administración la que lo ha hecho ya? La apertura de los contratos estatales, autonómicos y municipales a la competencia está llegando. Pero está llegando a cuentagotas, y desde luego, a través de un proceso muy mejorable. El ministerio de Ciencia y Tecnología, lejos de su idea original, aún no ha establecido un pliego común para todos los organismos, tal como prometió Piqué. Según fuentes del ministerio, se está haciendo una labor de seguimiento y de asesoramiento "personalizado" a las necesidades de cada organismo.
No se pone en duda la buena voluntad de los responsables de Ciencia y Tecnología. Ni siquiera se pone en duda si realmente están haciendo esa labor de consultores para el resto de la Administración. Pero sería mucho más práctico, y más acorde con la transparencia que se supone que debe rodear a este tipo de procesos, la elaboración de un catálogo y de unos criterios que todos conocieran y que estuvieran al alcance de todas las compañías en todo momento.
Hay demasiadas cosas que perder y muy poco que ganar si no se hace así. Las últimas elecciones municipales y autonómicas, por ejemplo, han dado un vuelco en muchas comunidades y ayuntamientos. Sólo un pliego común para todos los organismos de obligado cumplimiento podría evitar posibles sesgos políticos, de uno u otro signo, en el diseño de este tipo de concursos. Por otra parte, sólo un impulso más decidido desde el poder central podría agilizar el proceso de apertura de los contratos públicos. Aunque es un hecho que éste ya se ha puesto en marcha, debería acelerarse al máximo.
La difícil coyuntura por la que atraviesan muchas operadoras, y el estancamiento de la demanda en el sector de redes en general, hace que algunas de ellas sólo puedan sobrevivir si consiguen algún tipo de adjudicación de cierto volumen con la Administración. Sí ésta sólo procede a las pujas con cuentagotas, puede que para cuando el proceso arranque definitivamente no existan rivales de Telefónica que puedan acudir a las subastas.
La liberalización de los contratos de telecomunicaciones por parte del Estado no es algo baladí. En juego hay un pastel económico de 720 millones de euros que hasta ahora ha estado en su mayor parte en manos de Telefónica. Según estimaciones de los operadores alternativos, apenas un 10% de esa tarta ha sido sacada a concurso hasta ahora. Es cierto que se están produciendo avances, pero no han sido suficientes. En el último año hemos visto que organismos como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el órgano regulador del sector, ha tratado de dar ejemplo y ha sacado a subasta sus servicios telefónicos y de Internet. También hemos visto como el Ministerio de Defensa ha hecho lo propio en un concurso que algunos consideran todo un modelo a seguir.
El ministerio de Defensa reunió a todo tipo de compañías para informar del concurso. Editó guías prácticas y un folleto completo de pautas a seguir. Estableció un calendario y dividió la puja en varios lotes perfectamente determinados en función de los servicios (red privada de telefonía fija, red de telefonía móvil, transmisión de datos y acceso a Internet). El concurso, valorado en más de ochenta millones de euros, es el más importante de los convocados hasta ahora y está apunto de fallarse.
La pregunta que hay que hacerse es por qué no ha habido más ministerios y más organismos públicos que han hecho como Defensa. Es más: ¿por qué no ha sido el conjunto de la Administración la que lo ha hecho ya? La apertura de los contratos estatales, autonómicos y municipales a la competencia está llegando. Pero está llegando a cuentagotas, y desde luego, a través de un proceso muy mejorable. El ministerio de Ciencia y Tecnología, lejos de su idea original, aún no ha establecido un pliego común para todos los organismos, tal como prometió Piqué. Según fuentes del ministerio, se está haciendo una labor de seguimiento y de asesoramiento "personalizado" a las necesidades de cada organismo.
No se pone en duda la buena voluntad de los responsables de Ciencia y Tecnología. Ni siquiera se pone en duda si realmente están haciendo esa labor de consultores para el resto de la Administración. Pero sería mucho más práctico, y más acorde con la transparencia que se supone que debe rodear a este tipo de procesos, la elaboración de un catálogo y de unos criterios que todos conocieran y que estuvieran al alcance de todas las compañías en todo momento.
Hay demasiadas cosas que perder y muy poco que ganar si no se hace así. Las últimas elecciones municipales y autonómicas, por ejemplo, han dado un vuelco en muchas comunidades y ayuntamientos. Sólo un pliego común para todos los organismos de obligado cumplimiento podría evitar posibles sesgos políticos, de uno u otro signo, en el diseño de este tipo de concursos. Por otra parte, sólo un impulso más decidido desde el poder central podría agilizar el proceso de apertura de los contratos públicos. Aunque es un hecho que éste ya se ha puesto en marcha, debería acelerarse al máximo.
La difícil coyuntura por la que atraviesan muchas operadoras, y el estancamiento de la demanda en el sector de redes en general, hace que algunas de ellas sólo puedan sobrevivir si consiguen algún tipo de adjudicación de cierto volumen con la Administración. Sí ésta sólo procede a las pujas con cuentagotas, puede que para cuando el proceso arranque definitivamente no existan rivales de Telefónica que puedan acudir a las subastas.
