Luz verde del Consejo de Ministros al Anteproyecto de Ley de Firma Electrónica

Ya aprobado por el Consejo de Ministros, el Anteproyecto de Ley de Firma Electrónica española introduce importantes novedades, como la posibilidad de que las personas jurídicas dispongan de certificados digitales propios, y sienta las bases para la creación de un DNI electrónico.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Firma Electrónica, elaborado por Ciencia y Tecnología en colaboración con los Ministerios de Administraciones Públicas, Economía, Interior y Justicia. En el desarrollo del documento, aparte de las experiencias acumuladas durante los últimos años, se ha tenido en cuenta el resultado de una amplia consulta pública realizada por el Ministerio de Piqué en la que han participado más de cincuenta entidades del sector. Entre ellas, la Agencia de Protección de Datos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y el Consejo General del Notariado.
Como resultado, se han incluido destacadas novedades respecto al Real Decreto de 1999, vigente en estos momentos. Las modificaciones incluyen la posibilidad de que las personas jurídicas –empresas u otro tipo de organizaciones- puedan contar con la titularidad de una firma electrónica y ser propietarias de un certificado digital, uno de los puntos que más polémica ha generado entre los expertos, dado que rompe con la tradición hasta ahora incuestionable de que, en cualquier proceso, la empresa tenía que operar siempre, en último término, directamente a través de una persona física que actuara como representante –y responsable directo– de la organización.

DNI electrónico. Otra de las novedades más destacables del Anteproyecto es el establecimiento del marco normativo básico para la creación de un Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Este DNI, pretende convertirse en una herramienta que permita realizar en Internet exactamente las mismas acciones que el DNI tradicional en el mundo físico.
El texto introduce asimismo la denominación de “firma electrónica reconocida” para distinguir la firma electrónica que cumple los requisitos necesarios para su consideración como equivalente a la firma manuscrita de aquella otra, más débil, que identifica de manera formal a la persona que rubrica un documento.
Además, el Anteproyecto elimina el Registro de prestadores de servicios de certificación, previsto en el Real Decreto-Ley de 1999, con el propósito de introducir un mayor dinamismo y fluidez en el mercado, con un espíritu similar al que ha llevado a la eliminación de las licencias y autorizaciones en la próxima Ley General de Telecomunicaciones. Cuando el Gobierno reciba los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, remitirá el texto al Parlamento, donde seguirá tramitación de urgencia a fin de que la Ley esté aprobada antes de fin de año.


Control a posteriori
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En la nueva Ley General de Firma Electrónica, el Registro de prestadores de servicios de certificación, previsto en el Real Decreto de 1999, será sustituido por un mero servicio de difusión de información sobre los prestadores que operan en el mercado.
Pero, al igual que en la nueva Ley General de las Telecomunicaciones, este mayor liberalismo a priori, se compensará con el refuerzo de las medidas de control e inspección a posteriori sobre las prácticas de los suministradores de servicios de certificación. Será el Ministerio de Ciencia y Tecnología quien se ocupe de realizar el seguimiento de las actuaciones de los agentes que operen en este mercado, aunque en su tarea podrá ser asistido por entidades independientes y técnicamente cualificadas para efectuar las labores de supervisión y control.