Los diez retos pendientes del Gobierno
El pasado mes de octubre se cumplieron seis meses desde la toma de posesión de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. Desde entonces, no han escaseado los anuncios de proyectos en materia de telecomunicaciones y tecnologías. Simplificar la normativa, fomentar los servicios de tercera generación de móviles (UMTS), extender la banda ancha entre usuarios particulares y empresas en los próximos cuatro años, implantar un nuevo plan de desarrollo de la Sociedad de la Información antes de enero de 2006… Éste es sólo un aperitivo de los grandes anuncios que se han hecho, plagados de buenas intenciones.
No todas las iniciativas están corriendo la misma fortuna o caminando a la misma velocidad. Mientras algunas aparentan tener el impulso suficiente para salir adelante, otras parecen quedar en el limbo de los buenos deseos que no se concretan nunca. Por no mencionar aquellas que han creado una intensa polémica, como el traslado desde Madrid a Barcelona de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Otras simplemente han creado confusión, como el anunciado servicio universal para móviles.
José Montilla fue la persona escogida para liderar el flamante y todopoderoso Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, bajo el que recae, entre otras funciones, la responsabilidad del sector tecnológico y de telecomunicaciones. No está tan claro si este ministerio tendrá también una influencia decisiva en la configuración del futuro mapa audiovisual español y de su normativa. En cualquier caso, un repaso de lo que han sido estos seis meses deja en evidencia los múltiples flecos que quedan pendientes en el sector. Para muchos, ha llegado la hora de pasar de los anuncios a los hechos.
El tiempo apremia. Según los últimos datos de Aetic, la patronal del sector tecnológico, el mercado creció un 6% durante el año pasado hasta los 75.820 millones de euros. Es un crecimiento escuálido si se compara con otros años, pero lo más preocupante es que la inversión sigue en retroceso. Solamente en 2003, este capítulo cayó un 11%, situándose en 13.500 millones de euros. Después de cuatro años intentando salir del bache, el sector ya no puede esperar más. Necesita un marco estable, sólido y predecible en todos los terrenos. Montilla y su Gobierno se enfrentan a al menos diez grandes retos en los próximos meses:
1- Una Ley sin reglamentos
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Los reglamentos son esenciales para resolver aspectos como el derecho de los usuarios y las posibles indemnizaciones por el corte del servicio.
Cuando el 14 de marzo los españoles decidieron dar un vuelco electoral en las urnas y abrir la puerta al PSOE para que gobernara, cambiaron no sólo las grandes ideas políticas del país; también dieron un giro los pequeños detalles de sectores tan específicos como el de las telecomunicaciones.
El primer reto con el que se encontró el nuevo Gobierno fue decidir si seguía adelante o no con el desarrollo que tenía previsto el anterior Gobierno del PP con respecto a la Ley General de las Telecomunicaciones (LGTel). Aprobada en noviembre de 2003, la LGTel tenía pendiente prácticamente todo su desarrollo reglamentario. El PP, justo antes de las elecciones de marzo, tenía listos los borradores de esos reglamentos, que entre otras cosas afectaban al funcionamiento interno de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), o a cómo gestionar en el futuro el servicio universal. La primera reacción del PSOE fue paralizar los reglamentos y revisarlos. Desde entonces, no han conseguido salir adelante. Básicamente, son cuatro los que han quedado a la espera de acontecimientos. Se trata de una normativa esencial para resolver aspectos como el derecho de los usuarios y las posibles indemnizaciones que estos pueden recibir de las compañías telefónicas como contraprestación por el corte del servicio.
La demora en la tramitación del desarrollo reglamentario de la Ley General de Telecomunicaciones contrasta con la rapidez con la que desde ciertos organismos –desde la secretaría de Estado de Telecomunicaciones, a cuyo frente se ha situado Francisco Ros, hasta la CMT– se ha achacado la debilidad del mercado al propio sector empresarial. Nada más aterrizar en la secretaría de Estado, Francisco Ros declaró que las empresas deberían fusionarse hasta quedarse en dos o tres grandes competidores de Telefónica. Fue una antorcha que no tardó en recoger Carlos Bustelo, presidente de la CMT, quien abogó por una fusión entre ONO y Auna, los dos grandes cableoperadores. El mensaje fue como una bofetada para el sector, que entendió que se le estaba diciendo: después de seis años de liberalización, nos hemos dado cuenta de que no hay mercado para todos, algunos estáis condenados a morir, y solo los más grandes sobrevivirán, la culpa es vuestra si no os fusionáis. El propio Ros, sin embargo, suavizaba la polémica al declarar posteriormente en reiteradas ocasiones la necesidad de dotar al sector de un marco regulatorio que proporcione “seguridad jurídica y perspectivas de crecimiento a la industria y a los operadores”. Que así sea.
2- Servicio universal, ¿de qué?
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¿No sería lógico que parte del coste que asume Telefónica como servicio universal de telefonía fija lo asumieran los móviles?
El bloqueo de los reglamentos lleva a otro asunto conflictivo: el servicio universal. Es decir, el derecho que tienen reconocido todos los ciudadanos en la Ley General de Telecomunicaciones a recibir un servicio de calidad en telefonía fija a precios asequibles allí donde lo soliciten.
El PP, en su borrador de reglamento, iba a articular la fórmula económica para determinar qué operadoras tenían que soportar en sus cuentas el déficit que anualmente provoca el servicio universal. En ningún momento se planteó que quizás ese servicio universal no era algo que tuvieran que financiar las operadoras, sino el Estado. El PSOE, antes de las elecciones, sin embargo, fue más lejos y le dio la vuelta al argumento. Pretendía redefinir el mismo concepto de servicio universal, segregando una parte como algo que efectivamente correspondería soportar al Estado, por su condición de ayuda social. Desde círculos empresariales, como Aetic, han surgido voces diciendo que si de verdad se quiere que el servicio universal lo sea realmente en telefonía e Internet, lo natural es que sea el Estado el que lo soporte económicamente.
La realidad hasta hoy es que el asunto sigue atascado. Año tras año, la CMT ha ido analizando el coste que supone el servicio universal, asumido hasta ahora en exclusiva por Telefónica. La Comisión, además de reducir las pretensiones del operador dominante, ha asegurado un ejercicio tras otro que ese coste no le supone ninguna desventaja competitiva. El último año, sin embargo, la resolución de la CMT sobre el servicio universal tuvo un gran enfrentamiento interno. El consejo estaba prácticamente dividido al 50% entre aquellos consejeros que creían que Telefónica ya tenía derecho a compensación y aquellos que decían que no. Cuando en los próximos meses se vuelva a analizar el coste universal está por ver si CMT y Ministerio no se pasan la pelota mutuamente. Industria estará esperando a ver si la CMT decide por fin la cr
No todas las iniciativas están corriendo la misma fortuna o caminando a la misma velocidad. Mientras algunas aparentan tener el impulso suficiente para salir adelante, otras parecen quedar en el limbo de los buenos deseos que no se concretan nunca. Por no mencionar aquellas que han creado una intensa polémica, como el traslado desde Madrid a Barcelona de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Otras simplemente han creado confusión, como el anunciado servicio universal para móviles.
José Montilla fue la persona escogida para liderar el flamante y todopoderoso Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, bajo el que recae, entre otras funciones, la responsabilidad del sector tecnológico y de telecomunicaciones. No está tan claro si este ministerio tendrá también una influencia decisiva en la configuración del futuro mapa audiovisual español y de su normativa. En cualquier caso, un repaso de lo que han sido estos seis meses deja en evidencia los múltiples flecos que quedan pendientes en el sector. Para muchos, ha llegado la hora de pasar de los anuncios a los hechos.
El tiempo apremia. Según los últimos datos de Aetic, la patronal del sector tecnológico, el mercado creció un 6% durante el año pasado hasta los 75.820 millones de euros. Es un crecimiento escuálido si se compara con otros años, pero lo más preocupante es que la inversión sigue en retroceso. Solamente en 2003, este capítulo cayó un 11%, situándose en 13.500 millones de euros. Después de cuatro años intentando salir del bache, el sector ya no puede esperar más. Necesita un marco estable, sólido y predecible en todos los terrenos. Montilla y su Gobierno se enfrentan a al menos diez grandes retos en los próximos meses:
1- Una Ley sin reglamentos
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Los reglamentos son esenciales para resolver aspectos como el derecho de los usuarios y las posibles indemnizaciones por el corte del servicio.
Cuando el 14 de marzo los españoles decidieron dar un vuelco electoral en las urnas y abrir la puerta al PSOE para que gobernara, cambiaron no sólo las grandes ideas políticas del país; también dieron un giro los pequeños detalles de sectores tan específicos como el de las telecomunicaciones.
El primer reto con el que se encontró el nuevo Gobierno fue decidir si seguía adelante o no con el desarrollo que tenía previsto el anterior Gobierno del PP con respecto a la Ley General de las Telecomunicaciones (LGTel). Aprobada en noviembre de 2003, la LGTel tenía pendiente prácticamente todo su desarrollo reglamentario. El PP, justo antes de las elecciones de marzo, tenía listos los borradores de esos reglamentos, que entre otras cosas afectaban al funcionamiento interno de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), o a cómo gestionar en el futuro el servicio universal. La primera reacción del PSOE fue paralizar los reglamentos y revisarlos. Desde entonces, no han conseguido salir adelante. Básicamente, son cuatro los que han quedado a la espera de acontecimientos. Se trata de una normativa esencial para resolver aspectos como el derecho de los usuarios y las posibles indemnizaciones que estos pueden recibir de las compañías telefónicas como contraprestación por el corte del servicio.
La demora en la tramitación del desarrollo reglamentario de la Ley General de Telecomunicaciones contrasta con la rapidez con la que desde ciertos organismos –desde la secretaría de Estado de Telecomunicaciones, a cuyo frente se ha situado Francisco Ros, hasta la CMT– se ha achacado la debilidad del mercado al propio sector empresarial. Nada más aterrizar en la secretaría de Estado, Francisco Ros declaró que las empresas deberían fusionarse hasta quedarse en dos o tres grandes competidores de Telefónica. Fue una antorcha que no tardó en recoger Carlos Bustelo, presidente de la CMT, quien abogó por una fusión entre ONO y Auna, los dos grandes cableoperadores. El mensaje fue como una bofetada para el sector, que entendió que se le estaba diciendo: después de seis años de liberalización, nos hemos dado cuenta de que no hay mercado para todos, algunos estáis condenados a morir, y solo los más grandes sobrevivirán, la culpa es vuestra si no os fusionáis. El propio Ros, sin embargo, suavizaba la polémica al declarar posteriormente en reiteradas ocasiones la necesidad de dotar al sector de un marco regulatorio que proporcione “seguridad jurídica y perspectivas de crecimiento a la industria y a los operadores”. Que así sea.
2- Servicio universal, ¿de qué?
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¿No sería lógico que parte del coste que asume Telefónica como servicio universal de telefonía fija lo asumieran los móviles?
El bloqueo de los reglamentos lleva a otro asunto conflictivo: el servicio universal. Es decir, el derecho que tienen reconocido todos los ciudadanos en la Ley General de Telecomunicaciones a recibir un servicio de calidad en telefonía fija a precios asequibles allí donde lo soliciten.
El PP, en su borrador de reglamento, iba a articular la fórmula económica para determinar qué operadoras tenían que soportar en sus cuentas el déficit que anualmente provoca el servicio universal. En ningún momento se planteó que quizás ese servicio universal no era algo que tuvieran que financiar las operadoras, sino el Estado. El PSOE, antes de las elecciones, sin embargo, fue más lejos y le dio la vuelta al argumento. Pretendía redefinir el mismo concepto de servicio universal, segregando una parte como algo que efectivamente correspondería soportar al Estado, por su condición de ayuda social. Desde círculos empresariales, como Aetic, han surgido voces diciendo que si de verdad se quiere que el servicio universal lo sea realmente en telefonía e Internet, lo natural es que sea el Estado el que lo soporte económicamente.
La realidad hasta hoy es que el asunto sigue atascado. Año tras año, la CMT ha ido analizando el coste que supone el servicio universal, asumido hasta ahora en exclusiva por Telefónica. La Comisión, además de reducir las pretensiones del operador dominante, ha asegurado un ejercicio tras otro que ese coste no le supone ninguna desventaja competitiva. El último año, sin embargo, la resolución de la CMT sobre el servicio universal tuvo un gran enfrentamiento interno. El consejo estaba prácticamente dividido al 50% entre aquellos consejeros que creían que Telefónica ya tenía derecho a compensación y aquellos que decían que no. Cuando en los próximos meses se vuelva a analizar el coste universal está por ver si CMT y Ministerio no se pasan la pelota mutuamente. Industria estará esperando a ver si la CMT decide por fin la cr
