Las tecnologías y la Moncloa

Hacia mediados de 1977, con una democracia naciente en España y síntomas gravísimos de recesión económica, Enrique Fuentes Quintana hizo suya la declaración que casi cinco décadas antes había puesto de relieve un político republicano: “O los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia”. Fue el eslogan desde el que se diseñaron los famosos Pactos de la Moncloa, unos acuerdos entre todas las fuerzas políticas parlamentarias para, a través del consenso, arreglar la alarmante situación económica. Nunca más en la historia de la democracia se ha vivido tan alto nivel de comprensión entre sindicatos, partidos políticos, patronal y organizaciones de todo calibre y color.
A velocidad de vértigo, y con un inusual sentimiento común de remar juntos por el bien del país, todos los representantes parlamentarios, de signos tan dispares como Santiago Carrillo y Manuel Fraga, firmaron, un 27 de agosto y en plenas vacaciones estivales, un documento que ya ha hecho historia y ha creado escuela en otros procesos de transición hacia la democracia en el mundo. Esa lección de humildad que nos enseñó la generación que diseñó la España que conocemos en la actualidad deja en el aire una pregunta obvia: ¿es posible unos pactos semejantes en el sector de las tecnologías? Por difícil que parezca, la respuesta es sí. Sólo falta que las fuerzas políticas actuales dejen de instrumentalizar el sector.
El sector tecnológico, en todos sus aspectos –desde el proceso de liberalización de las telecomunicaciones hasta la política de inversiones en el desarrollo de la Sociedad de la Información, pasando por el cuidado del tejido industrial– ha vivido sometido a vaivenes de todo tipo en las dos últimas décadas. La discontinuidad ha sido la nota dominante. Basta contabilizar cuántos presidentes de Telefónica ha habido en los últimos diez años, o cuántos ministros del ramo, o cuantos Infos XXI distintos, por citar sólo unos ejemplos.
Dicen que quien no conoce su historia está condenado a cometer los errores del pasado. Más que de una política específica o de un ministro o partido político concreto, el sector ha adolecido a lo largo de los últimos años de un problema básico: nunca se ha entendido como una cuestión de Estado, con mayúscula. Ni siquiera cuando la oportunidad de verlo así ha estado encima de la mesa. La denominada Comisión Soto, por estar encabezada por Juan Soto, antiguo presidente de HP y uno de los profesionales de más prestigio en el sector tecnológico, fue la encargada de sentar las bases para diseñar el plan de actuaciones del último Gobierno del PP en materia de Sociedad de la Información, bautizado como España.es. Uno de los puntos que debatió dicha Comisión era plantear cualquier actuación en materia tecnológica bajo la premisa de un Pacto de Estado. Precipitadamente, sin embargo, el PP hizo oídos sordos a este planteamiento y optó por sacar adelante el plan de España.es a toda velocidad antes de las elecciones generales que a la postre le han sacado del poder.
En sus planteamientos, y como colofón al Pacto de Estado, los miembros de la Comisión Soto también hablaron de la conveniencia de que cualquier actuación en materia de Sociedad de la Información pasara previamente por un consenso con las diversas comunidades autónomas, para unificar criterios y para conseguir que todas sus decisiones apuntaran en la misma dirección.
El plan España.es nació flaco en estos puntos y lo que es peor: el Gobierno del PSOE aún no ha dejado claro qué quiere hacer con él. La tentación de deshacerlo y reinventar otro plan, a su modo y con su propio sello de identidad, es grande. El nuevo Gobierno no debería dejar pasar la oportunidad histórica de consensuar un plan con todas las organizaciones, las comunidades autónomas y partidos. Es cierto que España.es nació cojo, pero eso no es óbice para que se utilice como base, se reutilice y se amplíe.