La UE y el derecho a la privacidad

La libertad y la seguridad, pese a ser íntimamente dependientes, no siempre casan bien, o al menos, al gusto de todos, como pasó en España con el debate surgido a raíz de la aprobación de la LSSICE y ahora está pasando con la propuesta de la presidencia danesa de la UE, y que será debatida en el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo mes de septiembre. La pretensión de la iniciativa de la presidencia de Dinamarca es la de obligar a los ISP y a cualquier empresa de telecomunicaciones a mantener almacenados los datos de las comunicaciones de sus clientes (e-mail y llamadas de teléfono) al menos durante un año a fin de que, bajo autorización judicial, se pueda acceder a ellos para combatir el terrorismo y otro tipo de delitos como la pedofilia o el crimen organizado. La medida, que, como ya se ha dicho, en nuestro país no es nada nuevo al estar incluida en la recientemente aprobada LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico), no ha sido bien acogida, sin embargo, en Europa, desde donde se considera que de aprobarse la propuesta como ley se estaría violando el derecho a la intimidad de las telecomunicaciones.
El objetivo danés es modificar la Directiva sobre la privacidad en las telecomunicaciones aprobada en 1997, donde se recoge que los datos solamente podrán ser almacenados por las compañía en beneficio de los usuarios y con propósitos relacionadas con la factura, teniendo la obligación de borrarlos una vez comprobada la no existencia de errores. El cambio propuesto establece una nueva normativa en la que se autorice a los ISP a almacenar los datos durante un periodo indefinido, aunque limitado, que deberá establecer cada estado miembro y que variará entre los 12 y los 24 meses. El acceso a los datos, siempre mediante orden judicial, se podrá realizar desde cualquier estado miembro.
Las críticas, como estaba cantado, no se han hecho esperar. El grupo pro libertades civiles Statewatch ha sido el promotor de una campaña europea en contra de la aprobación de la propuesta. Y es que lo que en España ya está aprobado por ley, se discute, sin embargo, a escala europea al considerar la retención de datos una violación contra el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones.
La asociación Statewatch considera que aunque en teoría el acceso a los datos se hará sólo con el fin de combatir el terrorismo y otros delitos, en la práctica puede suponer una violación de la intimidad ya que todas las comunicaciones de los europeos estarán bajo vigilancia. A fin de evitar que la propuesta se convierta en ley, la asociación ha puesto en marcha una campaña de información para que los ciudadanos europeos tengan acceso a documentación relacionada con la iniciativa desde su Web, así como al proceso que deben seguir para protestar ante los órganos competentes europeos. Es de suponer que, si finalmente vencen los críticos, las consecuencias podrían dejarse ver también en España.