| Artículos | 01 FEB 2003

La nueva Ley del sector, un paso más cerca

Desaparecerán las licencias y autorizaciones
Ya ha sido aprobado el anteproyecto del texto que sustituirá a la hasta ahora vigente Ley General de Telecomunicaciones. Un menor intervencionismo estatal, pero, sobre todo, un importante traslado del punto de control por parte del Gobierno, son los rasgos más revolucionarios de la nueva normativa.

El pasado mes de enero, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que sustituirá al texto vigente desde 1998, y con la que culminará el proceso de liberalización del sector, tras años de turbulentas idas y venidas, tomas de decisiones y rectificaciones. Y se trata de una ley liberalizadora y flexible donde las haya. Entre las principales novedades introducidas por la nueva ley destaca la simplificación del régimen de autorización para dar servicios de red o de telecomunicaciones. Tanto es así, que la tan arraigada “licencia” dejará de existir, cumpliendo con las directivas marcadas por la Comunidad Europea. El interesado ni siquiera habrá de contar con el más débil título habilitante conocido como “autorización”. Cualquier persona física o jurídica podrá constituirse en agente y comenzar a operar con sólo notificarlo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), salvo que para llevar a cabo su actividad requiera la utilización del espectro radioeléctrico, como es el caso de los operadores móviles y de los proveedores de acceso inalámbrico LMDS.
Pero también aquí la normativa se muestra abierta e innovadora, situándose en una posición de vanguardia a nivel europeo. La Ley permitirá la compra y venta de derechos sobre las frecuencias de telefonía móvil, siempre bajo el cumplimiento de determinadas condiciones, de forma que las firmas adjudicatarias de licencias en el pasado, podrán, si así lo desean, abandonar el negocio sin por ello perder las inversiones realizadas en la compra de licencias y despliegue de red. Algo a lo que, según tanto Ciencia y Tecnología como la propia interesada, no se acogerá Xfera, que, por el contrario, ha decidido reanudar su proyecto.

Posibilidad de inhabilitación. No obstante, el texto no elimina el control del Gobierno, sino que, más bien, lo traslada de lugar, facilitando la entrada de nuevos competidores al eliminar las rígidas exigencias de compromisos de inversión y condiciones de partida que para la consecución de las licencias se aplicaban hasta ahora. Pero se reservará la posibilidad de poner fin a su actividad si no cumplieran los adecuados niveles de calidad de servicio o cualquier otro de los principios recogidos en la Ley.
Además de endurecer las sanciones que puedan recaer sobre operadores y proveedores de servicios, la nueva legislación contempla la posibilidad de inhabilitar a la empresa que cometiera una infracción, incluso precintando sus instalaciones. También se adjudica el derecho de prohibir la comercialización de equipos y sistemas que no sigan las condiciones establecidas. La cuantía máxima de las sanciones, cuya aplicación será competencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, puede fijarse atendiendo a dos criterios: el uno por ciento de las ventas anuales del proveedor o la cifra de beneficios de la empresa por el servicio multado multiplicada por cinco. Además, se contempla la posibilidad de imponer multas a los administradores responsables de la empresa sujeto de infracción.

Competencias claramente definidas. La nueva normativa -cuya predecesora fue elaborada con anterioridad a la fecha oficial de la liberalización del sector, así como de la creación de la CMT e, incluso, del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahora máximo responsable de la regulación del mercado- definirá además de manera mucho más nítida las fronteras entre las respectivas competencias de la Comisión y el Ministerio.
Ciencia y Tecnología desempeñará las funciones reguladoras básicas, mientras que la CMT habrá de centrar sus esfuerzos en la vigilancia de que los principios establecidos por el Gobierno se cumplan, en la resolución de conflictos que puedan ir surgiendo entre los diversos agentes y en la imposición de sanciones por infracción.
El talante conciliador de la ley –que también sustituye el concepto de “operador dominante” por el de “peso significativo en el mercado de referencia”, cuya identificación y definición correrá a cargo de la CMT– también queda patente en la autorización para que los operadores compartan infraestructuras, algo que aliviará considerablemente la carga de inversión que éstos se ven obligados a soportar si desean prestar servicios. Es precisamente disminuir las cargas financieras con el consiguiente estímulo para el sector, actualmente en situación de grave crisis económica, uno de los principales objetivos que están guiando la actuación del ministro de Ciencia y Tecnología desde que el verano pasado tomara la cartera de Anna Birulés. Además, el nuevo texto incluye Internet en la categoría de servicio universal, convirtiendo así en un derecho de cualquier ciudadano a disponer de acceso.
La agenda del ministro Josep Piqué para este año también incluye la elaboración de una nueva ley para el mercado audiovisual, y la aprobación del plan de Telefónica para la sustitución de las líneas de telefonía TRAC, incapaces de proporcionar acceso a la Red.


Aliviando carga
---------------------
Enero ha sido un mes especialmente intenso para el sector de las telecomunicaciones. Además de la aprobación de la nueva Ley General que sustituirá el texto que lo regulaba desde hace cinco años, se ha producido la eliminación de 7.900 millones en cargas fiscales del total que pesaba sobre las finanzas de las operadoras.
Establecidos como garantía del cumplimiento de los compromisos de inversión, despliegue, calidad, cobertura y creación de empleo asumidos por los proveedores en el momento de consecución de las licencias y autorizaciones para la prestación de servicios, estos avales, pierden, lógicamente, cualquier sentido una vez eliminada la necesidad de contar con estos títulos habilitantes según establece la nueva ley.
Esta reducción se suma a la ya pactada con los operadores móviles 3G. En un acuerdo alcanzado con Telefónica Móviles, Xfera, Vodafone y Amena, Josep Piqué se comprometió a sustituir los avales que, por importe de 7.408 millones de euros, fueron en su día presentados por las operadoras por un nuevo aval de tipo “flotante”, fijado en 1.310 millones de euros. La reducción será aplicada de manera proporcional a los avales que hubo de aportar inicialmente cada compañía.

Contenidos recomendados...

Comentar
Para comentar, es necesario iniciar sesión
Se muestran 0 comentarios
X

Uso de cookies

Esta web utiliza cookies técnicas, de personalización y análisis, propias y de terceros, para facilitarle la navegación de forma anónima y analizar estadísticas del uso de la web. Consideramos que si continúa navegando, acepta su uso. Obtener más información