La LSSICE entrará en vigor en octubre

Cuatro meses de proceso parlamentario ha costado la aprobación definitiva de la polémica Ley de Servicios de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), que entrará en vigor el próximo mes de octubre, con siete meses de retraso respecto a la fecha fijada por la UE para trasponer la correspondiente Directiva.
Entre las novedades que se han incluido en la tramitación destaca la polémica enmienda presentada por el Grupo Popular que obligaba a los ISP a conservar durante doce meses todos los datos de navegación de los usuarios, enmienda que fue rectificada antes del pleno del Senado. Definitivamente, con la aprobación de la Ley, la enmienda queda incorporada, pero con las modificaciones presentadas a última hora, que limitan los datos que deben guardarse, que no incluirán los contenidos de las comunicaciones ni otros que afecten al derecho al secreto que las protege. El segundo límite es para las autoridades con acceso a los datos, solamente accesibles bajo supervisión de los jueces y Tribunales del Ministerio Fiscal y no ante la autoridad policial, como anteriormente se contemplaba.

Lo menos malo. pesar de estas modificaciones, los ISP sigue manteniendo su oposición a la norma, como explicó durante la celebración de la Asamblea General de Asimelec celebrada ayer, Martín Pérez, presidente de la comisión de Internet de la asociación, para quien, al menos, “lo que al final se ha reflejado en la Ley es lo menos malo de lo que podía ser. Ahora los ISP solamente tendremos que guardar los datos de acceso, algo que no nos preocupa porque ya lo hacemos; sin embargo tener que guardar los logs y los datos de navegación durante un año suponía un coste inmenso, imposible de hacer”. Con todo, para la comisión a la que representa, no debería existir una legislación específica para Internet sino que se deberían ampliar las leyes existentes para contemplar los procesos que afectan a la Red: “está bien que se regule la actividad en Internet, pero por medios normales, ampliando la ley de comercio y de actividades de la sociedad de la información para que lo que haya en Internet sea igual en el mundo físico”.
La segunda novedad que introduce el texto hace referencia a la incorporación de Internet como servicio universal en la legislación española, adelantándose a la fecha prevista por la UE de incorporar la directiva aprobada el pasado 14 de febrero antes del julio 2003. Bajo este nuevo concepto se ha fijado un calendario de actuaciones mediante el que se establece que, antes de diciembre de 2003, Telefónica deberá sustituir las 250.000 líneas telefónicas rurales por otras que proporcionen acceso a Internet. El 70% de estas líneas habrán de ser cambiadas, mientras que un año después la sustitución debe afectar al 100%.