La crisis no se va de vacaciones
El relevo de Anna Birulés y la reforma legislativa vienen a cerrar un ciclo que comenzó con la liberalización de las telecomunicaciones hace cuatro años y la creación de un ministerio que llevara las riendas de este proceso. En aquellos momentos, el Gobierno apostó por un mercado que entonces emergía con una fuerza que a día de hoy parece haber quedado en standby. Las cosas han cambiado y el mercado de las telecomunicaciones ha madurado, tanto que se necesita una nueva regulación que lo “reordene”.
El proyecto de reforma de la Ley General obedece a la necesidad de transponer las directivas que la Comisión europea publicó en el DOCE el pasado abril. El nuevo marco regulador europeo, definido por cinco Directivas (aunque la de Protección de Datos, en el momento de escribir esta columna, todavía no ha sido publicada) y una Decisión, ha querido dotar a los países miembros de la Unión Europea con una norma que busca la mínima regulación, dejando que los mecanismos de la competencia sean los que se encarguen de ordenar el mercado. Junto a esta “simplicidad” normativa (punto que ha sido bastante criticado) el paquete legislativo ha buscado ser tecnológicamente neutral y cercano al mercado que regula.
No obstante, dos de los nuevos términos que aparecen en este marco regulador están siendo ampliamente discutidos entre los juristas por su definición poco precisa: poder significativo de mercado y mercados de referencia. El primero de estos términos se aplicará, por las autoridades nacionales de regulación de cada país, a aquellos operadores que se considere tienen, en un mercado determinado (los de referencia), una “posición de dominio” frente al resto que actúen en dicho segmento. La definición de los mercados de referencia (y sobre los que la Comisión ha publicado únicamente una Recomendación) también dependerá de los reguladores nacionales y es algo que se percibe complicado por la libertad que se deja para ello. El objetivo que se busca con esta definición es determinar la existencia de una competencia efectiva en cada uno de ellos.
En busca de certidumbre. El cambio de norma quizá vendrá a solucionar ciertos problemas que algunos agentes del sector llevan señalando, desde hace tiempo en los foros tecnológicos, como culpables de la situación de crisis por la que el sector está atravesando en el último año. Y es que mucho se ha oído sobre la necesidad de disponer de una regulación que dé certidumbre al mercado.
Estas voces se oyen con más fuerza precisamente ahora, cuando nos encontramos en el ecuador del año. Es el momento de hacer balance y, por eso, son numerosos los informes que aparecen en estas fechas, ofreciendo un análisis de la situación de las telecomunicaciones y de la evolución de la Sociedad de la Información en nuestro país. ¿Y cuáles son las conclusiones que estos estudios presentan? Por ejemplo, en el informe eEspaña 2002, la situación de nuestro país en relación con la Sociedad de la Información ha mejorado en algunos aspectos, pero, no obstante, el aviso sigue siendo el mismo: ciertos indicadores se empeñan en demostrar que nuestro país sigue rezagado y sólo se encuentra por encima de naciones como Grecia. Por ejemplo, el número de internautas o el uso del comercio electrónico por parte de las empresas, especialmente las pymes, es aún bajo.
Algunos estudios son incluso más pesimistas, y otros, además, críticos con la actuación del gobierno. Uno de los informes más críticos es el presentado por Aniel, en el que se constata que la industria española de las telecomunicaciones está viviendo la peor crisis de su historia. Todo esto se traduce en operadoras con graves problemas de rentabilidad, despidos masivos en las empresas tecnológicas, pérdida de valor bursátil, etc. La consigna es: hay que salir de la crisis. Las soluciones que se proponen: eliminar las barreras al despliegue de infraestructuras, fomentar la banda ancha, incentivar la inversión en TIC...
AUTEL
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