La competencia necesita un nuevo impulso

Los nuevos operadores de telecomunicaciones en España se mueven en un escenario que desincentiva la inversión, restringe la competencia efectiva y pone en cuestión la viabilidad de las inversiones realizadas en redes alternativas llamadas a introducir a España en la Sociedad de la Información. En paralelo, y pese al papel inversor que los entrantes han asumido desde 1998, el reparto de cuotas de mercado revela hasta qué punto está el sector aún lejos de haber consolidado una competencia efectiva y sostenible frente al operador tradicional. Resulta, pues, razonable reflexionar sobre qué motivos han llevado a esta situación, y qué medidas se pueden adoptar para salir de ella..
El problema radica en que desde la liberalización en 1998, el sector se ha analizado externamente aplicando una visión ideal según la cual la Sociedad de la Información se alcanzaría con el uso de las nuevas tecnologías explotando, progresivamente, la capacidad de aprendizaje de los consumidores. Según esta visión, la construcción de nuevas redes a cargo de los nuevos operadores extendería la conectividad a Internet, generaría una demanda creciente de nuevos servicios de banda ancha y así, en un circulo virtuoso que se realimentaría, entraríamos de lleno en la Sociedad de la Información.
Parte de esta idealidad da por hecho que esta evolución es inevitable y que sólo es cuestión de tiempo llegar a ella. El modelo se completa con un marco regulador que busca el fomento de la inversión y la introducción de herramientas que permitan adelantar la competencia. En el caso de banda ancha, estas herramientas son, fundamentalmente, las distintas modalidades de alquiler de bucle.
La realidad es que los resultados de la liberalización para el consumidor son evidentes: el tráfico telefónico ha crecido por encima del 70% y el precio de las llamadas ha bajado en torno al 60% para el conjunto del sector. Sin embargo, la ausencia de rentabilidad de las inversiones pone en riesgo la continuidad del modelo y el ritmo inversor de las nuevas operadoras (13.000 millones de euros, 2,16 billones de pesetas, se han invertido en redes desde 1998). Y, con ellas, también se pone en riesgo el objetivo final: alcanzar una Sociedad de la Información en un contexto competitivo y de cobertura generalizada.

Modelo en peligro. El crecimiento se está produciendo de un modo desequilibrado y todo el modelo está en peligro. Es así no sólo por la crisis financiera, como algunos pretenden hacer creer, sino porque en su desarrollo no se ha atendido a un hecho básico: todo el proceso descansa en la iniciativa privada. Por tanto, no estamos hablando de un mundo ideal, sino de un mundo muy real y que tiene un nombre: mercado.
Así, si atendemos a datos de la CMT sobre el mercado de ADSL, para finales de diciembre de 2001, la cuota de mercado del operador tradicional en servicios finales llegaba al 83%. Si nos fijamos no en los servicios finales, sino en la red sobre la que se soportan esas conexiones, la cuota del grupo del operador tradicional es del 95%. Analizando, en paralelo, la evolución del alquiler de bucle en España, los resultados no pueden ser más descorazonadores.
Existen infinidad de ejemplos más, pero todos llevan a la misma conclusión: el modelo de liberalización necesita un nuevo impulso para mantener la inversión, la innovación, la competencia y el empleo. Es necesario un Plan de Fomento de la Competencia en Telecomunicaciones, similar a las actuaciones que el Gobierno ha desarrollado en otros sectores.
Dentro de este Plan se insertarían medidas concretas que beneficien a consumidores y operadores: se deben reforzar las herramientas para competir en telefonía básica, especialmente la preselección y el alquiler de bucle; la normativa de concursos públicos debe revisarse para abrir el abanico de proveedores de la Administración central, local y autonómica; y está más que justificado plantear un tope legal a la cuota de mercado que un operador puede ostentar en el mercado de banda ancha. Esta última medida, sin duda la más polémica, es no obstante perfectamente compatible con el Real Decreto-Ley 6/2000 con el que el Gobierno ha limitando las cuotas de mercado de los operadores dominantes en los mercados eléctrico y de distribución de hidrocarburos.
Las propuestas planteadas requieren una firme determinación por parte de los reguladores para impulsar la competencia en un sector que vivió en régimen de monopolio durante casi 75 años. Nos estamos jugando el futuro del sector y, con él, la creación de una Sociedad de Información en competencia o, por el contrario, de una Sociedad de la Información limitada y cuyo desarrollo no vendrá de la libertad creativa que garantiza la competencia, sino del interés, privado y puntual de una única empresa.

Por José J. López-Tafall
Director de Regulación y Relaciones Institucionales de Retevisión