Hacia un nuevo marco comunitario
Infraestructuras y servicios de comunicaciones
Una vez conseguida la apertura del mercado de telecomunicaciones en 1998, la Comisión Europea estudia ahora la forma de eliminar las ineficiencias del actual marco regulador del sector, a fin de profundizar en la liberalización ya iniciada y acelerar la obtención de mayores niveles de competencia para fomentar el desarrollo y difusión de nuevos servicios.
La Comisión Europea puso en marcha la modificación de la legislación comunitaria correspondiente a telecomunicaciones con la publicación el 10 de noviembre de 1999 de la Comunicación “Hacia un nuevo marco para las infraestructuras de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados. Revisión de 1969 del sector de las comunicaciones”. La Comunicación se basa en el V Informe sobre la aplicación de legislación reguladora de las telecomunicaciones, los resultados de los Libros Verdes sobre el espectro radioeléctrico y la convergencia de las infraestructuras de comunicaciones y servicios, y el Informe sobre la televisión digital en la Unión Europea; estudios todos ellos que recogen esencialmente la creación de una entidad reguladora de naturaleza comunitaria.
Para su confección, la Comisión sometió a consulta pública la Comunicación durante un plazo ya concluido, durante el cual los operadores de telecomunicaciones, las asociaciones empresariales y las Autoridades Nacionales de Regulación, entre otras entidades del sector, realizaron sus observaciones. El Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) del 18 de julio del 2000 publicó el Dictamen del Comité Económico y Social en el que se expresa su posición sobre la Comunicación de la Comisión Europea.
Para formular el nuevo marco, la Comisión considera que el actual, diseñado para “gestionar la transición a la competencia (...) se centró en la creación de un mercado competitivo y en los derechos de los nuevos operadores que accedían al mismo”, y que la liberalización culminada el 1 de enero de 1998, si bien ha conseguido la instauración de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, todavía se ve hoy condicionado por los operadores que detentaron anteriormente la posición de monopolistas. Ante esta situación, es necesario modificar el marco regulador a fin de favorecer la implantación de nuevas infraestructuras de comunicaciones y el nacimiento de servicios y aplicaciones innovadores, prestados con la debida calidad y a precios razonables, como base para que tanto las empresas como las instituciones y las personas físicas sean agentes y beneficiarias de la Sociedad de la Información.
La Comisión Europea interpreta que en un mercado en el que, entre otros factores, el desarrollo tecnológico es vertiginoso, en el que gracias a Internet se ha superado la distinción entre voz y datos, donde las fusiones y adquisiciones de operadores se generalizan a escala mundial y en el que las aplicaciones inalámbricas irrumpen en cualquier segmento del mercado, se necesita un marco regulador flexible que tenga en cuenta la convergencia tecnológica, refuerce la competencia en todos los segmentos del mercado, frene los abusos de posición dominante de los operadores, estimule la implantación de la economía digital, proteja a los consumidores y potencie la integración económico-social.
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
Los “objetivos políticos” del futuro marco regulador, implícitos en el actual, son:
- Promover un mercado abierto y competitivo para los servicios de comunicaciones con la finalidad de posibilitar la creación de servicios innovadores, de buena calidad y con precios no elevados.
- Beneficiar al ciudadano europeo mediante la aplicación de tarifas y condiciones de uso de los servicios transparentes, con la utilización de procedimientos sencillos para la solución extrajudicial de las controversias, un acceso al Servicio Universal asequible y un elevado nivel de protección de datos y de la intimidad, entre otras cuestiones
- Consolidar el mercado interior en un entorno convergente mediante la eliminación de los obstáculos existentes para ofertar servicios y redes de comunicaciones a escala europea, la equivalencia de trato entre empresas europeas en circunstancias similares, la gestión eficiente del espacio radioeléctrico, la potenciación de la construcción de redes transeuropeas y la interoperatividad de los servicios de telecomunicaciones de naturaleza paneuropea.
Estos objetivos políticos se especificarán explícitamente en el futuro marco regulador para que las Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) los utilicen como criterios de su actuación en el ámbito de cada estado de la Unión Europea. Junto a los objetivos políticos, la nueva regulación también cuenta con un bloque de “principios reguladores”, subsumidos en la actual política comunitaria y que constituyen el fundamento del futuro marco. Según estos principios, la regulación ha de responder a objetivos políticos claramente definidos y ha de potenciar la competitividad y el crecimiento económico, fomentando el empleo y garantizando los objetivos de interés general cuando éstos no sean satisfechos por las fuerzas del mercado. Asimismo, ha de ser consensuada a nivel mundial, regional o nacional, pero ha de hacerse cumplir al nivel más próximo posible a las actividades objeto de regulación. Además, la regulación ha de buscar la mejora de la seguridad jurídica en un mercado dinámico, reducirse al mínimo posible para alcanzar los objetivos políticos y aspirar a la neutralidad tecnológica.
Los principios enunciados se inscriben en un mercado de servicios de telecomunicaciones “casi liberalizado”, en el que el “marco regulador” no debe ser un freno; mercado en el que las reglas básicas se revisarán permanentemente, crecerá la autorregulación y en el que la legislación se diseña para el mercado interior pero con el ojo puesto en un entorno mundial, donde la libre competencia es la “regla de oro”.
REGULACION PROPUESTA
La regulación propuesta se recoge en una directiva sobre liberalización consolidada y simplificada, y en otra directiva marco específica del sector. En esta última se contemplan los objetivos políticos enumerados anteriormente, así como los procedimientos de toma de decisión, facultades y responsabilidades de las Autoridades Nacionales de Reglamentación. También se persigue un nivel apropiado de interoperatividad de los equipos y servicios de telecomunicaciones, las normas de funcionamiento del nuevo Comité de Comunicaciones y los derechos específicos de los consumidores, entre otras cuestiones.
Estos instrumentos se complementan con cuatro directivas nuevas dedicadas respectivamente a autorizaciones y licencias, la prestación del Servicio Universal, acceso a interconexión, y protección de datos y de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones. Las cuatro directivas propuestas se fundamentarán en las actuales referentes a licencias, telefonía vocal, interconexión, señales de televisión y de protección de datos. El nuevo marco regulador representa una importante labor de simplificación, pues reduce a seis los veinte instrumentos legales actuales, consolidando la legislación en vigor.
Las materias afectadas por la propuesta de la Comisión son, esencialmente, las licencias y autorizaciones, el acceso y la interconexión, la
La Comisión Europea puso en marcha la modificación de la legislación comunitaria correspondiente a telecomunicaciones con la publicación el 10 de noviembre de 1999 de la Comunicación “Hacia un nuevo marco para las infraestructuras de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados. Revisión de 1969 del sector de las comunicaciones”. La Comunicación se basa en el V Informe sobre la aplicación de legislación reguladora de las telecomunicaciones, los resultados de los Libros Verdes sobre el espectro radioeléctrico y la convergencia de las infraestructuras de comunicaciones y servicios, y el Informe sobre la televisión digital en la Unión Europea; estudios todos ellos que recogen esencialmente la creación de una entidad reguladora de naturaleza comunitaria.
Para su confección, la Comisión sometió a consulta pública la Comunicación durante un plazo ya concluido, durante el cual los operadores de telecomunicaciones, las asociaciones empresariales y las Autoridades Nacionales de Regulación, entre otras entidades del sector, realizaron sus observaciones. El Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) del 18 de julio del 2000 publicó el Dictamen del Comité Económico y Social en el que se expresa su posición sobre la Comunicación de la Comisión Europea.
Para formular el nuevo marco, la Comisión considera que el actual, diseñado para “gestionar la transición a la competencia (...) se centró en la creación de un mercado competitivo y en los derechos de los nuevos operadores que accedían al mismo”, y que la liberalización culminada el 1 de enero de 1998, si bien ha conseguido la instauración de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, todavía se ve hoy condicionado por los operadores que detentaron anteriormente la posición de monopolistas. Ante esta situación, es necesario modificar el marco regulador a fin de favorecer la implantación de nuevas infraestructuras de comunicaciones y el nacimiento de servicios y aplicaciones innovadores, prestados con la debida calidad y a precios razonables, como base para que tanto las empresas como las instituciones y las personas físicas sean agentes y beneficiarias de la Sociedad de la Información.
La Comisión Europea interpreta que en un mercado en el que, entre otros factores, el desarrollo tecnológico es vertiginoso, en el que gracias a Internet se ha superado la distinción entre voz y datos, donde las fusiones y adquisiciones de operadores se generalizan a escala mundial y en el que las aplicaciones inalámbricas irrumpen en cualquier segmento del mercado, se necesita un marco regulador flexible que tenga en cuenta la convergencia tecnológica, refuerce la competencia en todos los segmentos del mercado, frene los abusos de posición dominante de los operadores, estimule la implantación de la economía digital, proteja a los consumidores y potencie la integración económico-social.
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
Los “objetivos políticos” del futuro marco regulador, implícitos en el actual, son:
- Promover un mercado abierto y competitivo para los servicios de comunicaciones con la finalidad de posibilitar la creación de servicios innovadores, de buena calidad y con precios no elevados.
- Beneficiar al ciudadano europeo mediante la aplicación de tarifas y condiciones de uso de los servicios transparentes, con la utilización de procedimientos sencillos para la solución extrajudicial de las controversias, un acceso al Servicio Universal asequible y un elevado nivel de protección de datos y de la intimidad, entre otras cuestiones
- Consolidar el mercado interior en un entorno convergente mediante la eliminación de los obstáculos existentes para ofertar servicios y redes de comunicaciones a escala europea, la equivalencia de trato entre empresas europeas en circunstancias similares, la gestión eficiente del espacio radioeléctrico, la potenciación de la construcción de redes transeuropeas y la interoperatividad de los servicios de telecomunicaciones de naturaleza paneuropea.
Estos objetivos políticos se especificarán explícitamente en el futuro marco regulador para que las Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) los utilicen como criterios de su actuación en el ámbito de cada estado de la Unión Europea. Junto a los objetivos políticos, la nueva regulación también cuenta con un bloque de “principios reguladores”, subsumidos en la actual política comunitaria y que constituyen el fundamento del futuro marco. Según estos principios, la regulación ha de responder a objetivos políticos claramente definidos y ha de potenciar la competitividad y el crecimiento económico, fomentando el empleo y garantizando los objetivos de interés general cuando éstos no sean satisfechos por las fuerzas del mercado. Asimismo, ha de ser consensuada a nivel mundial, regional o nacional, pero ha de hacerse cumplir al nivel más próximo posible a las actividades objeto de regulación. Además, la regulación ha de buscar la mejora de la seguridad jurídica en un mercado dinámico, reducirse al mínimo posible para alcanzar los objetivos políticos y aspirar a la neutralidad tecnológica.
Los principios enunciados se inscriben en un mercado de servicios de telecomunicaciones “casi liberalizado”, en el que el “marco regulador” no debe ser un freno; mercado en el que las reglas básicas se revisarán permanentemente, crecerá la autorregulación y en el que la legislación se diseña para el mercado interior pero con el ojo puesto en un entorno mundial, donde la libre competencia es la “regla de oro”.
REGULACION PROPUESTA
La regulación propuesta se recoge en una directiva sobre liberalización consolidada y simplificada, y en otra directiva marco específica del sector. En esta última se contemplan los objetivos políticos enumerados anteriormente, así como los procedimientos de toma de decisión, facultades y responsabilidades de las Autoridades Nacionales de Reglamentación. También se persigue un nivel apropiado de interoperatividad de los equipos y servicios de telecomunicaciones, las normas de funcionamiento del nuevo Comité de Comunicaciones y los derechos específicos de los consumidores, entre otras cuestiones.
Estos instrumentos se complementan con cuatro directivas nuevas dedicadas respectivamente a autorizaciones y licencias, la prestación del Servicio Universal, acceso a interconexión, y protección de datos y de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones. Las cuatro directivas propuestas se fundamentarán en las actuales referentes a licencias, telefonía vocal, interconexión, señales de televisión y de protección de datos. El nuevo marco regulador representa una importante labor de simplificación, pues reduce a seis los veinte instrumentos legales actuales, consolidando la legislación en vigor.
Las materias afectadas por la propuesta de la Comisión son, esencialmente, las licencias y autorizaciones, el acceso y la interconexión, la
