Fraude en telefonía móvil: ¿picaresca o negocio?

La telefonía móvil actual, o de segunda generación, se desarrolla a través de las redes GSM, una tecnología relativamente moderna que nació con unos estándares de seguridad ampliamente probados para garantizar la fiabilidad en el uso del terminal móvil. Pero con el nacimiento de una nueva tecnología también surgen “profesionales” del fraude que consiguen hacer un uso no correcto de ella, y, por tanto, causar perjuicio a los operadores que la emplean para prestar sus servicios. Sin embargo, a diferencia de otros sectores, el de la telefonía móvil sufre los intentos de estafa por agentes externos (clientes y usuarios).
El fraude lo pueden cometer, por ejemplo, las propias redes de distribución comercial de los operadores de telecomunicaciones cuando notifican altas ficticias de clientes que no existen, “engordando” el número de altas conseguidas y aumentando así sus propios ingresos. La alarma salta en los sistemas automáticos cuando se comprueba la ausencia total de consumo por parte de dichos clientes ficticios durante los meses que siguen al alta.
Por otro lado, la competencia entre los propios operadores obliga a realizar costosas campañas publicitarias y a poner en marcha políticas agresivas, como la subvención parcial de terminales. En este caso, el fraude surge cuando los móviles adquiridos son objeto de reventa, ya que los defraudadores eliminan la limitación de uso con un solo operador (lo que se denomina “liberar” el móvil) para emplearlo en otras redes y compañías, impidiendo de este modo el retorno de la inversión para el operador.

“Listas negras”
Los operadores se enfrentan también con otro tipo de posibles situaciones de fraude, que controlan a través de empresas de servicios encargadas de elaborar y gestionar las llamadas “listas negras” de impagados y morosos. Servicios como el roaming –que permite usar la red de un operador en el extranjero– o el acceso a los números 906 son denegados cuando existen pruebas de impago anteriores por parte de ese cliente. En esos casos, el operador puede provocar el desvío intencionado de todas las llamadas salientes que se hagan desde ese terminal, de forma que se dirijan a un centro especializado de recepción de llamadas en el que se contacte con el cliente y se valore su desactivación temporal o definitiva, u otro tipo de acciones.
Estafas, fraude, picaresca... No importa cómo lo llamemos. La realidad es que el volumen que maneja el fraude cometido por los distintos implicados en el negocio de un operador de telecomunicación puede llegar a representar del 1% al 5% de los ingresos totales anuales. La solución a este problema radica en que los operadores adopten sistemas de detección antifraude que permita prevenir antes que curar. La modificación de sistemas informáticos resuelve el uso eficaz de las redes móviles y permite garantizar que no haya pérdidas de ingresos por las inversiones realizadas. Sólo a través de la erradicación de cualquier tipo de fraude, los operadores de telefonía podrán afrontar las inversiones en nuevas plataformas más desarrolladas –la esperada aparición de los nuevos servicios que ofrecerán los móviles de tercera generación o UMTS–, realizar una bajada generalizada de los precios u ofertar mejor calidad de servicio a los usuarios.


Pablo Rubio
Alejandro Soto
Juan Carlos Trapero
Grupo Delaware