| Artículos | 01 MAY 2005

El Gobierno regula el servicio universal y anuncia nuevas licencias GSM

Oficina virtual de atención al usuario
Abril ha sido un mes activo para el Gobierno en materia de telecomunicaciones. Al anuncio de nuevas pautas para regular las comunicaciones electrónicas y de un plan para mejorar la telefonía móvil, se ha unido la designación de Reinaldo Rodríguez Illera como nuevo presidente de la CMT. Durante el pasado mes de abril, el Gobierno ha anunciado diversas medidas para el mercado de telecomunicaciones que supondrán en la práctica nuevas pautas en la regulación de las comunicaciones electrónicas, la introducción de una mayor competencia en telefonía móvil y una mayor protección de los usuarios. Con motivo de los cambios introducidos, dos serán los concursos que se resolverán en los próximos meses: uno para asignar la prestación del servicio universal y otro para otorgar tres nuevas licencias de móviles GSM en la banda de 900 MHz. A todos estos anuncios se sumaba a finales de mes el de la propuesta de Reinaldo Rodríguez Illera, como nuevo presidente de la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones). El nuevo reglamento anunciado por el Ministerio de Industria recoge, entre otras cuestiones, las condiciones para la prestación del servicio universal, que continuará siendo responsabilidad de Telefónica de España hasta 2007. El acceso funcional a Internet se suma a las obligaciones incluidas en este concepto, que pretende garantizar el derecho de todos los usuarios a tener una conexión a la red telefónica fija. También exige la creación de una guía telefónica universal, la prestación de un servicio de información telefónica (11818), una oferta ?suficiente? de cabinas en dominio público, facilitar el acceso a la telefonía fija de las personas con discapacidad, y la puesta en marcha de planes especiales de precios para colectivos desfavorecidos, como pensionistas y jubilados. Industria dará opción a otros operadores para entrar en este ámbito mediante consulta pública, cuyo fin será determinar quiénes estarían interesados en ofrecer el servicio universal. Si hubiera varios aspirantes, se iniciaría un proceso de licitación para elegir uno de ellos, pero, si sucediera lo contrario y nadie se presenta, sería el propio Gobierno quien designara al otro operador, tras evaluar la presencia en el mercado de los diversos agentes, por lo que podría volver a recaer en Telefónica. No obstante, el Ejecutivo no descarta un modelo en el que los servicios sean garantizados por diversos operadores, según aplicaciones y/o territorios, de manera que podrían resultar varias las empresas responsables del servicio universal. Respecto de la exigencia de creación de una guía telefónica y un servicio de información sobre números de abonados, el Gobierno establece que el operador deberá obtener consentimiento expreso del usuario antes de recoger por primera vez en dicha guía una serie de datos mínimos, como nombre, dirección ?sin piso ni letra-, número de teléfono y operador. También habrá de contar con su visto bueno para el establecimiento de llamadas no solicitadas con fines de venta directa que se realicen mediante sistemas de llamada automática. Oficina virtual En cuanto a la prestación de servicios, el reglamento amplía el campo de actuación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que a partir de ahora resolverá no sólo las reclamaciones relativas a la red de telefonía sino las de todas las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Para ello, Industria ha decidido crear una oficina específica con la misión de solucionar las dudas y reclamaciones de los usuarios. Este departamento, en funcionamiento desde el pasado 25 de abril, cuenta con 26 trabajadores, de los que 17 se dedican a gestionar las reclamaciones y el resto a atender a los usuarios desde un centro de llamadas. De momento, no existirá una instalación física asociada al centro, al que los usuarios pueden dirigirse vía telefónica (901 33 66 99) o telemática (www.usuariosteleco.es). El periodo de presentación de las reclamaciones se amplía a tres meses y se podrá realizar por e-mail utilizando firma electrónica. El operador deberá proporcionar al usuario un número de referencia y las reclamaciones estarán resueltas, según se ha comprometido el Gobierno, en un plazo máximo de seis meses desde el momento en que sean generadas. Todo un reto para la nueva agencia, teniendo en cuenta la complejidad de su misión, dado el elevado número de usuarios. Según Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones, ?en España hay 18 millones de teléfonos fijos, más de 39 millones de móviles, más de 4 millones de accesos de banda ancha, más de 2,4 millones de abonados a través del modelo de preselección, 5,5 millones de números portados y 2,5 millones de accesos a Internet por banda estrecha. En términos de usuarios, son 70 los millones de personas que hacen uso de estos servicios, lo que da una idea de la complejidad de gestionarlos, sin parangón en otro sector?. Otra de las disposiciones fijadas por el nuevo reglamento, que refuerza significativamente los derechos de los usuarios, estipula que cualquier operador deberá contar además con un departamento o servicio especializado propio de atención al cliente, desde el que tendrá obligación de atender sus quejas y reclamaciones. Este departamento será el encargado de las relaciones de la empresa tanto con los usuarios como con la Administración. Además, sus servicios tendrán que ser gratuitos. Nuevas licencias de móviles antes de julio El Gobierno también ha comunicado por medio de Secretario de Estado de Telecomunicaciones un plan de actuación en telefonía móvil, cuyos objetivos son mejorar la calidad de la telefonía, incrementar la competencia, bajar los precios y extender la cobertura. Las medidas para lograrlos pasan por la convocatoria de un concurso que otorgará antes del 20 de junio los derechos de uso de 10 MHz en la banda de frecuencias de 900 MHz, distribuidos en una licencia de 4 MHz y otras dos de 3 MHz para GSM. Un recurso hasta ahora utilizado por Moviline en sus servicios de telefonía móvil analógica y de Telefonía Rural de Acceso Celular (TRAC). Cualquier operador podrá en adelante optar a las nuevas licencias, si bien para su concesión se tendrá en cuenta si el candidato es titular en España de derechos de uso de frecuencias GSM en la banda de 900 MHz, como Telefónica Móviles y Vodafone. En este caso, sólo podrán recibir una de las tres concesiones, mientras que el operador que no disponga de ninguna podrá optar a las tres. Aunque en este supuesto Amena se perfila como favorito, también podría suponer la entrada definitiva de Xfera en la baraja de operadores, lo que contribuiría a aumentar verdaderamente la competencia. Si uno de estos dos últimos se hiciera con las tres licencias, estaría obligado a garantizar el servicio en las poblaciones con más de 250.000 habitantes. Las zonas donde el Ejecutivo hace hincapié para ampliar la cobertura son los núcleos urbanos con censo igual o inferior a 400 habitantes que no estén cubiertos por ningún operador; las zonas de interés estratégico o de influencia de instalación de energía eléctrica con tecnología nuclear y complejos petroquímicos; y las grandes vías de comunicación, como autopistas y autovías, carreteras nacionales y la red ferroviaria de alta velocidad. Las inversiones en estas áreas tendrán un mayor peso en la licitación del concurso que las realizadas en el resto de zonas, donde serán los propios operadores quienes definirán su compromiso según el interés comercial de cada una de ellas. Más calidad y menores precios El plan del Gobierno incluye también la contratación de Ericsson para analizar los niveles de calidad de servicio de la telefonía GSM de cada uno de los actuales operadores. Ericsson realizará más de 8.000 llamadas de prueba por operador y, basándose en los resultados, cuantificará los niveles de calidad en cuatro escenarios diferentes: grandes ciudades (más de 500.000 habitantes), ciudades medianas (entre 10.000 y 500.000), zonas rurales y principales rutas de comu

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