| Artículos | 01 SEP 2003

El Gobierno dejará de intervenir los precios de la telefonía en 2005

Congelación de tarifas para el año próximo
Como resultado de las conversaciones mantenidas este verano entre los ministerios de Economía y Ciencia y Tecnología, la desaparición del price-cap ya tiene fecha. Los precios máximos de la telefonía fija dejarán de ser intervenidos en 2005, pero el próximo año los operadores se verán obligados a congelar sus tarifas.

Los ministerios de Economía y Ciencia y Tecnología han llegado a un acuerdo que supondrá la congelación de las tarifas de telefonía fija –las únicas reguladas en este momento- para el próximo año y la desintervención absoluta de los precios en 2005. La congelación de los precios resultará sin embargo en una rebaja efectiva cuya cuantía dependerá de la subida del IPC, ya que no serán actualizados según la inflación.
Con esta decisión concluyen semanas de negociaciones entre los titulares de las carteras implicadas en la determinación de los precios máximos de la telefonía con una solución intermedia entre las posturas de ambos ministros. Josep Piqué, responsable de Ciencia y Tecnología, estaba a favor de reducir al máximo la regulación, mientras que Rodrigo Rato, ministro de Economía, se mostraba más conservador debido al impacto de la subida de las tarifas telefónicas sobre la inflación. Los precios dejarán de intervenirse, pero no en 2004, una de las posibilidades barajadas en las conversaciones.

Un desahogo para todos
El sistema de price-cap al que estaban sometidas las tarifas de Telefónica, como operador dominante, condicionaba los precios y márgenes de los demás operadores, obligados a no superarlo para mantener su competitividad. Tanto uno como otros venían tiempo reclamando la necesidad de introducir una mayor flexibilidad en los precios para favorecer la consecución de márgenes de negocio más elevados, máxime en un momento en el que, tras la fuerte crisis, sus finanzas han quedado debilitadas. Pero no todo son coincidencias: mientras Telefónica abogaba por una total liberalización, los operadores alternativos integrados en Astel siempre han mirado con recelo la posibilidad de que dispusiese de una absoluta libertad a la hora de fijar sus precios.
Telefónica había llegado a responsabilizar al intervencionismo estatal de la regulación de empleo a que se está enfrentando y que supondrá la reducción de su plantilla en un 37%, afectando a más de 15.000 trabajadores hasta el año 2007. Según los argumentos de su presidente, César Alierta, esta reestructuración resultaría inútil para salvar el negocio de la compañía si el Gobierno no modificaba su política al respecto. La principal queja de Telefónica era que la presión sobre sus márgenes, unida a las obligaciones que se le imponían como operador dominante, la había llevado a una situación de estrangulamiento.
Aunque desde los ministerios implicados en el establecimiento del price cap se considera que esta reestructuración obedece realmente a cuestiones no coyunturales, sino más bien relacionadas con la evolución del mercado y la necesidad de la compañía de adaptarse a ella, fijando por fin la fecha oficial de la desintervención podrían estar dándo la razón a Telefónica. De hecho, Piqué y Rato tomaron ya el año pasado la decisión de excluir para el cálculo del price-cap la subida de la cuota de abono, que en ocasiones anteriores había tenido que ser compensada con rebajas adicionales en las tarifas.
El Gobierno ha respondido pues a una de las principales reivindicaciones de Telefónica. Pero todavía queda una segunda fuente de conflicto por resolver: la financiación del servicio universal, que según la normativa actual debe ser costeado por la operadora dominante, lo que, en opinión de Alierta, constituye un trato “injusto” respecto de sus competidores.


Reducción de precios
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En los últimos años, la fórmula por la que se calculaba el price-cap ha dado un resultado negativo, obligando a Telefónica a aplicar bajadas de un 7 y un 6% respectivamente en 2001 y 2002. Según datos facilitados por el Ministerio de Economía, entre 1998 y 2002, la apertura del mercado a la competencia ha supuesto rebajas equivalentes a un ahorro medio anual de 1.000 euros por familia y de 3.780 euros por empresa. Desde 1998, momento oficial del comienzo de la liberalización del sector, el precio de las llamadas nacionales e internacionales ha disminuido en España, respectivamente, una media del 50% y del 40%, según datos de la Comisión Europea. En la misma línea, los datos de la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) reflejan que las tarifas españolas se encuentran entre las más bajas de la Unión Europea.

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