El Ejecutivo aprueba las tarifas para Telefónica
El Gobierno ha dado carpetazo al conflicto tarifario de Telefónica con la aprobación de un nuevo sistema de precios que obliga al operador dominante a rebajar un 2% el conjunto de los servicios telefónicos en 2003 y a congelar las llamadas locales hasta finales de ese año. De esta forma, se amplía durante doce meses el sistema actual, que establece una reducción del 7% y el 6% en las tarifas de Telefónica en este año y el siguiente.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca compensar la subida progresiva de la cuota de abono -que alcanzará el precio de 2.100 pesetas en 2003-; una medida que se ha visto obligado a adoptar a instancias de las autoridades europeas por la denuncia que Telefónica presentó contra el Gobierno Popular.
Llueven las críticas. El Gobierno ha decidido igualmente congelar las llamadas de fijo a móvil en 2003; estas tarifas deberán bajar un 13% en 2001 y otro tanto en 2002. Además, exigirá a los operadores repercutir al usuario final las reducciones en los precios de interconexión. En cuanto a las llamadas de larga distancia, no podrán bajar más del 50% en 2001 y del 55% en 2002.
Otra de las cláusulas concede a Telefónica la posibilidad de variar en un 15% un plan de descuento existente, sin que deba ser autorizado previamente por el Gobierno a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Si el descuento supera ese límite, deberá recibir la autorización gubernamental en los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud.
La opinión generalizada sobre las nuevas medidas es que, además de injustas, dejan a Telefónica suficiente libertad de actuación, en detrimento de sus competidores. Astel (Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones) considera que el operador dominante podrá aplicar así bajadas y descuentos sin control, y critica que Telefónica sólo deba comunicar las tarifas básicas y no las tarifas reales que aplica,.
De “maquillaje público” y “paso atrás en la liberalización de las telecomunicaciones” han sido calificadas estas medidas por la OCU, y la UCE.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca compensar la subida progresiva de la cuota de abono -que alcanzará el precio de 2.100 pesetas en 2003-; una medida que se ha visto obligado a adoptar a instancias de las autoridades europeas por la denuncia que Telefónica presentó contra el Gobierno Popular.
Llueven las críticas. El Gobierno ha decidido igualmente congelar las llamadas de fijo a móvil en 2003; estas tarifas deberán bajar un 13% en 2001 y otro tanto en 2002. Además, exigirá a los operadores repercutir al usuario final las reducciones en los precios de interconexión. En cuanto a las llamadas de larga distancia, no podrán bajar más del 50% en 2001 y del 55% en 2002.
Otra de las cláusulas concede a Telefónica la posibilidad de variar en un 15% un plan de descuento existente, sin que deba ser autorizado previamente por el Gobierno a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Si el descuento supera ese límite, deberá recibir la autorización gubernamental en los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud.
La opinión generalizada sobre las nuevas medidas es que, además de injustas, dejan a Telefónica suficiente libertad de actuación, en detrimento de sus competidores. Astel (Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones) considera que el operador dominante podrá aplicar así bajadas y descuentos sin control, y critica que Telefónica sólo deba comunicar las tarifas básicas y no las tarifas reales que aplica,.
De “maquillaje público” y “paso atrás en la liberalización de las telecomunicaciones” han sido calificadas estas medidas por la OCU, y la UCE.
