Del Wi-Fi al bífidus
¿Cómo dice que se escribe?, ¿güifi?, ¿vifi?, ¿bifi?... Esta conversación, que podría ser digna del más indocumentado (tecnológicamente hablando), es más habitual de lo que parece. Y es que el sistema de comunicaciones inalámbricas Wireless Fidelity (Wi-Fi) es a la tecnología o a Internet lo que el bífidus a los productos lácteos o al yogur. Una moda de la que todo el mundo habla, de la que todo el mundo sabe, que todo el mundo considera estupenda y beneficiosa -por no decir milagrosa-, pero de la que nadie conoce muy bien todos sus efectos secundarios, su regulación, sus virtudes económicas, sus pros y sus contras.
Desde que en 1979 se empezó a hablar de la tecnología de redes locales inalámbricas WLAN, la hoy conocida como Wi-Fi, ha llovido mucho. Pero ha sido en el último año cuando ha causado auténtico furor. A pocos les importa si Wi-Fi es en realidad el nombre más o menos comercial que se le dio al estándar de comunicaciones Ethernet 802.11b para WLAN, que en España operan en el espectro de la banda de 2,4 GHz. Desde individuos particulares para instalaciones domésticas hasta empresas privadas, pasando por todo tipo de operadoras, organismos oficiales, ayuntamientos y universidades, en los últimos meses y como si de una nueva fiebre del oro se tratase, muchos se han subido a su tren.
Wi-Fi se soporta tecnológicamente sobre ondas hertzianas consideradas libres, es decir, gratuitas, dentro del espectro radioeléctrico. Por tal motivo, y por estar en muchas ocasiones conectado a redes telefónicas de forma poco menos que pirata (dando servicio a varios usuarios con una sola conexión final de ADSL, por ejemplo), el número de dispositivos o de usuarios que se están conectando a Internet por la vía de Wi-Fi es difícil de calcular. No obstante, los expertos estiman que en apenas dos años en España se han puesto en marcha más de dos mil iniciativas. Es sólo un aperitivo comparado con lo que está por venir si se cumplen los pronósticos que existen para todo el mundo. Se calcula que en el año 2007, más de treinta millones de personas utilizarán de forma habitual algún dispositivo con esta tecnología. Por esas fechas, además, habrá otros 35 millones de usuarios que lo usen de forma esporádica. Según algunas estimaciones, el pasado año se vendieron alrededor de quince millones de adaptadores Wi-Fi para ordenadores en el mundo. El mercado de equipos y componentes de este tipo está creciendo a una tasa superior al 10% y previsiblemente podría llegar a superar los mil millones de dólares anuales en 2007.
Proyectos en marcha
Aunque algunos proyectos pioneros en España, como el de Zamora, han tenido altos y bajos, es considerable el número de iniciativas que ya están funcionando o tienen visos fundados de comercializarse en breve. Se calcula que unas 1.500 iniciativas pueden estar ya activas o tener detrás un proyecto lo suficientemente sólido como para ser viables.
Son Madrid y Barcelona las ciudades en las que más están proliferando las redes establecidas por particulares, pero también están creciendo como hongos las iniciativas en todo tipo de localidades o las que se derivan del afán de algunas operadoras. Telefónica ya tiene en marcha lo que comercialmente está llamando “zonas Wi-Fi”, alzándose como la operadora más agresiva comercialmente en este negocio, compitiendo con uñas y dientes por los que se han venido a denominar hotspots, o puntos calientes, en su traducción literal al castellano. Los hotspots son esos entornos cerrados donde se instalan las antenas Wi-Fi de manera que cualquier transeúnte de esa zona pueda conectarse desde su portátil a Internet previo pago de la tarifa correspondiente. Los doscientos hotspots de Telefónica son fruto de los acuerdos de la operadora con algunas cadenas hoteleras o con entidades como Ifema de Madrid.
Muchas veces son pequeños ayuntamientos los que tiran del carro como una forma de llevar la Sociedad de la Información a toda la población de forma accesible, cuando no gratuita. Los casos más llamativos en este sentido son los ayuntamientos de Puenteareas, en Pontevedra, y de Atarfe, en Granada, que saltaron a la palestra durante este año por sendos expedientes sancionadores abiertos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
La rapidez con la que Telefónica está intentando entrar en el nuevo negocio, así como los expedientes sancionadores abiertos contra Puenteareas y Atarfe por el órgano regulador de las telecomunicaciones, ha puesto de relieve que no todo el campo del Wi-Fi es orégano, y que esta tecnología puede estar llena de parabienes, pero también de contradicciones.
La peligrosa cultura del todo gratis
El caso de Puenteareas y Atarfe es significativo porque toca de lleno la parte regulatoria. En principio, no hay ninguna regulación exclusiva respecto a Wi-Fi en España, otra que no sea la de cualquier tecnología. Es decir, la única regla que existe es que cualquier entidad que vaya a dar servicios de telecomunicaciones a terceros, sea a través de Wi-Fi o de cualquier otro sistema, debe comunicarlo previamente a la CMT para que lo registre. No lo hicieron así los ayuntamientos de Puenteareas y Atarfe, lo que les valió un expediente sancionador que según las últimas informaciones podría acabar en multas de 12.000 euros. Sin embargo, el trasfondo de esos expedientes sancionadores no era tanto la mera anécdota de no comunicar el inicio de actividades a la CMT, sino el hecho de que esos dos ayuntamientos, como otros organismos públicos, podrían estar incurriendo en un quebranto de las reglas del libre mercado. Muchas iniciativas administrativas en torno a Wi-Fi se están construyendo bajo el sacrosanto eslogan de “llevar la Sociedad de la Información a toda la población”. Por ello, las conexiones, financiadas con dinero público, se ofrecen de forma gratuita a los ciudadanos, lo que automáticamente supondría expulsar del mercado a empresas que ofrecen esos mismos servicios a un precio determinado.
El caso de Puenteareas y Atarfe contra la CMT, o viceversa, es digno de debate. Habrá quienes apoyen a un bando con el argumento de que las Administraciones públicas están para fomentar el desarrollo de las tecnologías y para acercar Internet a todos los ciudadanos, sobre todo a aquellos que no tienen recursos. Habrá otros que digan que esto está muy bien. Pero añadirán que no se puede hacer de cualquier modo y sin reglas, ya que en el camino podrían morir multitud de empresas incapaces de competir contra una Administración que opera en el sector dando servicios gratis y financiándose ilimitadamente con fondos públicos.
En lo que no cabe discusión es que Wi-Fi se ha rodeado, como ya hiciera Internet en sus primeros momentos, de cierta aureola de democratización de la tecnología. Una aureola que puede tener consecuencias imprevisibles si termina conduciendo a la cultura del todo gratis con la que se barnizó Internet y que derivó en la quiebra de muchos proyectos empresariales ante la inexistencia de ingresos y modelos económicos sostenibles. Hay que tener en cuenta que Wi-Fi, a fecha de hoy, no tiene claro su modelo de negocio. Y será imposible crear uno sólido si esta tecnología nace asociada a la cultura del todo gratis.
¿Modelo de negocio o negocio modelo?
Lo único cierto es que Wi-
Desde que en 1979 se empezó a hablar de la tecnología de redes locales inalámbricas WLAN, la hoy conocida como Wi-Fi, ha llovido mucho. Pero ha sido en el último año cuando ha causado auténtico furor. A pocos les importa si Wi-Fi es en realidad el nombre más o menos comercial que se le dio al estándar de comunicaciones Ethernet 802.11b para WLAN, que en España operan en el espectro de la banda de 2,4 GHz. Desde individuos particulares para instalaciones domésticas hasta empresas privadas, pasando por todo tipo de operadoras, organismos oficiales, ayuntamientos y universidades, en los últimos meses y como si de una nueva fiebre del oro se tratase, muchos se han subido a su tren.
Wi-Fi se soporta tecnológicamente sobre ondas hertzianas consideradas libres, es decir, gratuitas, dentro del espectro radioeléctrico. Por tal motivo, y por estar en muchas ocasiones conectado a redes telefónicas de forma poco menos que pirata (dando servicio a varios usuarios con una sola conexión final de ADSL, por ejemplo), el número de dispositivos o de usuarios que se están conectando a Internet por la vía de Wi-Fi es difícil de calcular. No obstante, los expertos estiman que en apenas dos años en España se han puesto en marcha más de dos mil iniciativas. Es sólo un aperitivo comparado con lo que está por venir si se cumplen los pronósticos que existen para todo el mundo. Se calcula que en el año 2007, más de treinta millones de personas utilizarán de forma habitual algún dispositivo con esta tecnología. Por esas fechas, además, habrá otros 35 millones de usuarios que lo usen de forma esporádica. Según algunas estimaciones, el pasado año se vendieron alrededor de quince millones de adaptadores Wi-Fi para ordenadores en el mundo. El mercado de equipos y componentes de este tipo está creciendo a una tasa superior al 10% y previsiblemente podría llegar a superar los mil millones de dólares anuales en 2007.
Proyectos en marcha
Aunque algunos proyectos pioneros en España, como el de Zamora, han tenido altos y bajos, es considerable el número de iniciativas que ya están funcionando o tienen visos fundados de comercializarse en breve. Se calcula que unas 1.500 iniciativas pueden estar ya activas o tener detrás un proyecto lo suficientemente sólido como para ser viables.
Son Madrid y Barcelona las ciudades en las que más están proliferando las redes establecidas por particulares, pero también están creciendo como hongos las iniciativas en todo tipo de localidades o las que se derivan del afán de algunas operadoras. Telefónica ya tiene en marcha lo que comercialmente está llamando “zonas Wi-Fi”, alzándose como la operadora más agresiva comercialmente en este negocio, compitiendo con uñas y dientes por los que se han venido a denominar hotspots, o puntos calientes, en su traducción literal al castellano. Los hotspots son esos entornos cerrados donde se instalan las antenas Wi-Fi de manera que cualquier transeúnte de esa zona pueda conectarse desde su portátil a Internet previo pago de la tarifa correspondiente. Los doscientos hotspots de Telefónica son fruto de los acuerdos de la operadora con algunas cadenas hoteleras o con entidades como Ifema de Madrid.
Muchas veces son pequeños ayuntamientos los que tiran del carro como una forma de llevar la Sociedad de la Información a toda la población de forma accesible, cuando no gratuita. Los casos más llamativos en este sentido son los ayuntamientos de Puenteareas, en Pontevedra, y de Atarfe, en Granada, que saltaron a la palestra durante este año por sendos expedientes sancionadores abiertos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
La rapidez con la que Telefónica está intentando entrar en el nuevo negocio, así como los expedientes sancionadores abiertos contra Puenteareas y Atarfe por el órgano regulador de las telecomunicaciones, ha puesto de relieve que no todo el campo del Wi-Fi es orégano, y que esta tecnología puede estar llena de parabienes, pero también de contradicciones.
La peligrosa cultura del todo gratis
El caso de Puenteareas y Atarfe es significativo porque toca de lleno la parte regulatoria. En principio, no hay ninguna regulación exclusiva respecto a Wi-Fi en España, otra que no sea la de cualquier tecnología. Es decir, la única regla que existe es que cualquier entidad que vaya a dar servicios de telecomunicaciones a terceros, sea a través de Wi-Fi o de cualquier otro sistema, debe comunicarlo previamente a la CMT para que lo registre. No lo hicieron así los ayuntamientos de Puenteareas y Atarfe, lo que les valió un expediente sancionador que según las últimas informaciones podría acabar en multas de 12.000 euros. Sin embargo, el trasfondo de esos expedientes sancionadores no era tanto la mera anécdota de no comunicar el inicio de actividades a la CMT, sino el hecho de que esos dos ayuntamientos, como otros organismos públicos, podrían estar incurriendo en un quebranto de las reglas del libre mercado. Muchas iniciativas administrativas en torno a Wi-Fi se están construyendo bajo el sacrosanto eslogan de “llevar la Sociedad de la Información a toda la población”. Por ello, las conexiones, financiadas con dinero público, se ofrecen de forma gratuita a los ciudadanos, lo que automáticamente supondría expulsar del mercado a empresas que ofrecen esos mismos servicios a un precio determinado.
El caso de Puenteareas y Atarfe contra la CMT, o viceversa, es digno de debate. Habrá quienes apoyen a un bando con el argumento de que las Administraciones públicas están para fomentar el desarrollo de las tecnologías y para acercar Internet a todos los ciudadanos, sobre todo a aquellos que no tienen recursos. Habrá otros que digan que esto está muy bien. Pero añadirán que no se puede hacer de cualquier modo y sin reglas, ya que en el camino podrían morir multitud de empresas incapaces de competir contra una Administración que opera en el sector dando servicios gratis y financiándose ilimitadamente con fondos públicos.
En lo que no cabe discusión es que Wi-Fi se ha rodeado, como ya hiciera Internet en sus primeros momentos, de cierta aureola de democratización de la tecnología. Una aureola que puede tener consecuencias imprevisibles si termina conduciendo a la cultura del todo gratis con la que se barnizó Internet y que derivó en la quiebra de muchos proyectos empresariales ante la inexistencia de ingresos y modelos económicos sostenibles. Hay que tener en cuenta que Wi-Fi, a fecha de hoy, no tiene claro su modelo de negocio. Y será imposible crear uno sólido si esta tecnología nace asociada a la cultura del todo gratis.
¿Modelo de negocio o negocio modelo?
Lo único cierto es que Wi-
