Deambulando con el "roaming"

El vocablo más parecido en español al término anglosajón roaming es –al menos desde el punto de vista literario– “deambular”. Caminar sin rumbo. En telecomunicaciones, sin embargo, roaming significa itinerancia. Y esto es justo lo que la Comisión Europea intenta ahora regular, partiendo de la consideración de que los usuarios pagan sobrecostes muy elevados por este servicio. Con esta decisión, que tiene mucho de efectista y revela el afán reglamentista de Bruselas, la Comisión Europea puede acabar “deambulando” en la definición literaria del roaming más que en la puramente técnica.
Los argumentos de Bruselas no son nuevos. Vienen de lejos, aunque no por ello se han perfeccionado con el tiempo. Sólo uno de esos argumentos es técnicamente impecable y no cabe discutirlo: la forma de fijar los precios de roaming y traspasárselos a los clientes no es transparente. En la factura que éstos reciben no existe posibilidad de determinar qué parte del precio de la llamada corresponde al roaming y cuál al tramo nacional.
Pero a partir de ahí, Bruselas empieza a andar en zig-zags por un camino con curvas peligrosas. Considera que los precios están hinchados entre un 40% y un 60%, afirmación que no se sustenta en un análisis exhaustivo de contabilidad de costes. Incluso en el caso de que éste existiera, ¿cual es la razón última para impedir a un operador fijar las tarifas que considere oportunas? Precisamente la discriminación en precios es una de las herramientas de que se sirve cualquier empresa para fijar ofertas diferenciales y competitivas. Si los precios los fijara un organismo público no hubiera hecho falta embarcarse hace años en los procesos de liberalización. Hubiera bastado con establecer anualmente, vía decreto, las tarifas de los antiguos monopolios.
Para ratificar la idea de que los precios son elevados, Bruselas acude a un procedimiento populista y ramplón. Ha abierto una página Web accesible para cualquier usuario en la que invita a opinar. En esa página, además de ofrecer un simulador para comparar tarifas entre países, plantea una pregunta cuya formulación es ya de por sí sesgada: “¿Cree que paga demasiado por el roaming?” Cualquier usuario siempre preferiría pagar menos por lo que compra, sea una hamburguesa o un kilo de naranjas. Implícitamente, Bruselas está animando a los ciudadanos a quejarse. Con el simulador de tarifas, además, evidencia que hay muchas variaciones de precios entre países y operadores. Por ejemplo, si un usuario de Telefónica Móviles viaja por Chipre y hace una llamada, el roaming lo hará Cytamobile, y el usuario pagará más de siete euros por cuatro minutos de conversación. Si el usuario fuera de Amena, esa misma llamada le supondría un coste de 2,8 euros.
¿Quiere decir esto que Movistar está estafando al usuario? Pensar así sin tener en cuenta que Telefónica Móviles puede haber sido menos hábil para negociar acuerdos de roaming es un peligroso y burdo prejuicio. Es la obligación de Bruselas vigilar que la competencia funcione en cualquier mercado. Pero cualquier medida que se tome sin un análisis profundo y calibrando las posibles consecuencias puede ser peor que el supuesto mal que se pretende subsanar.
La propuesta normativa que prepara la Comisión Europea podría ser presentada el próximo mes, y supondría un duro golpe a la industria celular. Se calcula que una reducción drástica como la que pretende Bruselas por la vía expeditiva podría suponer una merma del 4% en los beneficios brutos anuales de los operadores celulares, y podría superar ampliamente los 2.000 millones de euros. En Europa hay más de 80 operadores que se mueven en un entorno más competitivo que en otras industrias y con retos de despliegue de redes de tercera generación que necesitan de fuertes incentivos. La incertidumbre de poder sufrir un estrechamiento de márgenes unilateral en cualquier momento no es el mejor aliciente.