De la incredulidad al pesimismo, pasando por la euforia
Los quince años de presencia en España que hoy celebra Comunicaciones World coinciden, prácticamente, con el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en Europa, iniciado, para simplificar, con el Libro Verde de 1987, por lo que mi contribución para esta efemérides se va a centrar en algunos aspectos de dicho proceso que, con demasiada frecuencia, se olvidan o no se comentan.
Hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que se está haciendo siempre es útil porque la presión del corto plazo nos puede hacer olvidar los objetivos iniciales. Si además, se trata de actividades que evolucionan a un ritmo frenético, como ocurre con las tecnologías de la información y las comunicaciones, es fundamental.
Para hacer el balance lo primero debe consistir en recordar los objetivos, trazados en dicho inicio de 1987, para compararlos con la situación actual. A primera vista, podría parecer que tal comparación carece de interés puesto que la Revisión 99, llevada a cabo por la propia UE, ha consistido en un análisis de los objetivos conseguidos. La realidad es diferente, ya que dicha comparación se limita al grado de aplicación de las medidas liberalizadoras de 1998, y no contempla el efecto que en todo el proceso han significado los cambios de enfoque, o de forma de actuar, ocurridos en el periodo. Bastarán tres ejemplos para ver la diferencia. Estos pueden ser: el cambio en el proceso de toma de decisiones en la UE, el diferente trato dado a las infraestructuras en estos años y los criterios de valoración de las empresas.
La toma de decisiones
Es posible que alguno de mi generación recuerde la presentación del Libro Verde de 1987 que hizo en Madrid un miembro de la Comisión, un día de 1988, en el salón de actos de Cibeles. Al acabar su presentación, intervino un representante de la Administración española para decirnos que acabábamos de oír un conjunto de utopías, puesto que el conferenciante había omitido decir que esos proyectos tenían que ser aprobados por órganos en los que imperaba el criterio de los diferentes Gobiernos, lo que nunca ocurriría porque ni un solo país los apoyaba. Sin embargo, poco después las primeras Directivas liberalizadoras veían la luz, porque el Tratado de Roma también contemplaba la solución de “decreto-ley” que muchos países utilizan con frecuencia.
Lo cierto es que la utilización del artículo 90 no se lo perdonaron a la Comisión y ésta ha ido perdiendo poder. Con el actual método de codecisión, Consejo y Parlamento llevan la voz cantante, y como nadie quiere ceder en lo que consideran atribuciones de los Estados, las telecomunicaciones paneuropeas, uno de los objetivos básicos iniciales, no se han conseguido, ni se conseguirán como fruto de la política comunitaria. Serán el resultado de esfuerzos, alianzas, fusiones y pragmatismo de algunos de los grandes operadores.
Al ver la evolución de muchos borradores en busca de una “postura común” me vienen a la memoria experiencias personales. Por llevar más de cuarenta años en estos avatares, me he encontrado en determinados foros buscando una posición de consenso. En muchas ocasiones se ha logrado gracias a la gramática porque determinada palabra, o la forma de decirlo, era válida para todos, pero no como fruto de un acuerdo, sino por su ambigüedad. En esos casos los problemas vienen luego, a la hora de su aplicación, dando lugar a que los abogados se peleen como consecuencia de las diferentes interpretaciones.
Además, en los últimos tiempos, a las prácticas habituales del Parlamento Europeo se ha añadido la utilización del principio de “subsidiaridad”, en el sentido de que no se puede decidir nada que contradiga a la Constitución de alguno de los Estados, que por otra parte son bastante diferentes y lo serán mucho más después de la futura ampliación.
En estas circunstancias, la figura de una autoridad reguladora europea, inicialmente contemplada, hoy es un tema “tabú” rechazado por todos los países y, como mucho, sustituida por una Comisión de expertos, pero sólo consultiva, sin ningún tipo de poder. Y una cosa es que al avanzar en el establecimiento de la competencia, cada vez se necesite menos legislación específica para las telecomunicaciones y otra, que la que sea necesaria, no se imponga en aras de la armonización imprescindible si queremos un auténtico mercado único. Al confundirlo, como ocurre en la realidad, tenemos quince escenarios diferentes.
El papel de las infraestructuras
Hay que recordar que, al comenzar a establecerse el marco jurídico para las telecomunicaciones en Europa, en 1987, se pensaba en la telefonía de voz y poco más. Nadie imaginaba el fenómeno internet ni el “boom” de los móviles, por lo que la liberalización de infraestructuras quedaba totalmente al margen de los planteamientos. Eso sí, ésta red tenía que estar “abierta” a los nuevos proveedores de servicios, y ese fue el origen de la filosofía ONP. Poco después, (años 94 y 95), tras la publicación del Libro Verde de las Infraestructuras y las innumerables aportaciones al mismo, quedó claro que no existiría competencia real en los diversos servicios entonces existentes si no se liberalizaban sus infraestructuras soporte (Vsat, datos...)
También quedó claro, al seguir pensando en la telefonía, que si antes de liberalizar no se solucionaban los desequilibrios tarifarios existentes en muchos países, surgiría una competencia coyuntural, sólo en aquellos tipos de llamada que tenían un margen que podríamos llamar excesivo en términos de coste, o subvencionador, en términos de desequilibrio. ¿Por qué no se impuso un condicionante, tipo Maastricht con el euro, para los países que fueran a liberalizar?. Por problemas socieconómicos, y también políticos, España no lo hizo, y por eso tenemos una competencia que, en una gran mayoría, está basada en la interconexión para acceso indirecto. Y ahora, una vez reducido el margen en la larga distancia, ¿qué futuro tienen algunos de los nuevos operadores que optaron por no tener red propia?. Yo diría que el que todos sabíamos, (proveedor de servicios o simple revendedor), por lo que no procede rasgarse las vestiduras.
Si releemos el Libro Blanco de Delors, podemos observar que en el asunto de las infraestructuras ha existido un cambio de enfoque fundamental, origen de muchos de los problemas actuales. La razón por la que la mayoría de las administraciones aceptó liberalizar las redes fue económica. En el texto citado se señalaba que las inversiones en infraestructuras que se preveían eran de tal envergadura que resultaba imprescindible hacer atractivo este negocio a la iniciativa privada, puesto que los erarios públicos no tendrían capacidad para afrontarlas. Así se hizo, pero la iniciativa privada “ha muerto de éxito”. La avidez recaudadora de los Estados ha sido de tal naturaleza que no se conformaron con evitar estas inversiones; quisieron que los operadores, nuevos o tradicionales, de los exitosos servicios móviles, les resolviesen sus problemas presupuestarios. Y las autoridades de la Unión Europea “mirando para otro lado” mientras esto ocurría.
Además, esta actitud, al menos en España, ha tenido un efecto contagioso en las administracion
Hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que se está haciendo siempre es útil porque la presión del corto plazo nos puede hacer olvidar los objetivos iniciales. Si además, se trata de actividades que evolucionan a un ritmo frenético, como ocurre con las tecnologías de la información y las comunicaciones, es fundamental.
Para hacer el balance lo primero debe consistir en recordar los objetivos, trazados en dicho inicio de 1987, para compararlos con la situación actual. A primera vista, podría parecer que tal comparación carece de interés puesto que la Revisión 99, llevada a cabo por la propia UE, ha consistido en un análisis de los objetivos conseguidos. La realidad es diferente, ya que dicha comparación se limita al grado de aplicación de las medidas liberalizadoras de 1998, y no contempla el efecto que en todo el proceso han significado los cambios de enfoque, o de forma de actuar, ocurridos en el periodo. Bastarán tres ejemplos para ver la diferencia. Estos pueden ser: el cambio en el proceso de toma de decisiones en la UE, el diferente trato dado a las infraestructuras en estos años y los criterios de valoración de las empresas.
La toma de decisiones
Es posible que alguno de mi generación recuerde la presentación del Libro Verde de 1987 que hizo en Madrid un miembro de la Comisión, un día de 1988, en el salón de actos de Cibeles. Al acabar su presentación, intervino un representante de la Administración española para decirnos que acabábamos de oír un conjunto de utopías, puesto que el conferenciante había omitido decir que esos proyectos tenían que ser aprobados por órganos en los que imperaba el criterio de los diferentes Gobiernos, lo que nunca ocurriría porque ni un solo país los apoyaba. Sin embargo, poco después las primeras Directivas liberalizadoras veían la luz, porque el Tratado de Roma también contemplaba la solución de “decreto-ley” que muchos países utilizan con frecuencia.
Lo cierto es que la utilización del artículo 90 no se lo perdonaron a la Comisión y ésta ha ido perdiendo poder. Con el actual método de codecisión, Consejo y Parlamento llevan la voz cantante, y como nadie quiere ceder en lo que consideran atribuciones de los Estados, las telecomunicaciones paneuropeas, uno de los objetivos básicos iniciales, no se han conseguido, ni se conseguirán como fruto de la política comunitaria. Serán el resultado de esfuerzos, alianzas, fusiones y pragmatismo de algunos de los grandes operadores.
Al ver la evolución de muchos borradores en busca de una “postura común” me vienen a la memoria experiencias personales. Por llevar más de cuarenta años en estos avatares, me he encontrado en determinados foros buscando una posición de consenso. En muchas ocasiones se ha logrado gracias a la gramática porque determinada palabra, o la forma de decirlo, era válida para todos, pero no como fruto de un acuerdo, sino por su ambigüedad. En esos casos los problemas vienen luego, a la hora de su aplicación, dando lugar a que los abogados se peleen como consecuencia de las diferentes interpretaciones.
Además, en los últimos tiempos, a las prácticas habituales del Parlamento Europeo se ha añadido la utilización del principio de “subsidiaridad”, en el sentido de que no se puede decidir nada que contradiga a la Constitución de alguno de los Estados, que por otra parte son bastante diferentes y lo serán mucho más después de la futura ampliación.
En estas circunstancias, la figura de una autoridad reguladora europea, inicialmente contemplada, hoy es un tema “tabú” rechazado por todos los países y, como mucho, sustituida por una Comisión de expertos, pero sólo consultiva, sin ningún tipo de poder. Y una cosa es que al avanzar en el establecimiento de la competencia, cada vez se necesite menos legislación específica para las telecomunicaciones y otra, que la que sea necesaria, no se imponga en aras de la armonización imprescindible si queremos un auténtico mercado único. Al confundirlo, como ocurre en la realidad, tenemos quince escenarios diferentes.
El papel de las infraestructuras
Hay que recordar que, al comenzar a establecerse el marco jurídico para las telecomunicaciones en Europa, en 1987, se pensaba en la telefonía de voz y poco más. Nadie imaginaba el fenómeno internet ni el “boom” de los móviles, por lo que la liberalización de infraestructuras quedaba totalmente al margen de los planteamientos. Eso sí, ésta red tenía que estar “abierta” a los nuevos proveedores de servicios, y ese fue el origen de la filosofía ONP. Poco después, (años 94 y 95), tras la publicación del Libro Verde de las Infraestructuras y las innumerables aportaciones al mismo, quedó claro que no existiría competencia real en los diversos servicios entonces existentes si no se liberalizaban sus infraestructuras soporte (Vsat, datos...)
También quedó claro, al seguir pensando en la telefonía, que si antes de liberalizar no se solucionaban los desequilibrios tarifarios existentes en muchos países, surgiría una competencia coyuntural, sólo en aquellos tipos de llamada que tenían un margen que podríamos llamar excesivo en términos de coste, o subvencionador, en términos de desequilibrio. ¿Por qué no se impuso un condicionante, tipo Maastricht con el euro, para los países que fueran a liberalizar?. Por problemas socieconómicos, y también políticos, España no lo hizo, y por eso tenemos una competencia que, en una gran mayoría, está basada en la interconexión para acceso indirecto. Y ahora, una vez reducido el margen en la larga distancia, ¿qué futuro tienen algunos de los nuevos operadores que optaron por no tener red propia?. Yo diría que el que todos sabíamos, (proveedor de servicios o simple revendedor), por lo que no procede rasgarse las vestiduras.
Si releemos el Libro Blanco de Delors, podemos observar que en el asunto de las infraestructuras ha existido un cambio de enfoque fundamental, origen de muchos de los problemas actuales. La razón por la que la mayoría de las administraciones aceptó liberalizar las redes fue económica. En el texto citado se señalaba que las inversiones en infraestructuras que se preveían eran de tal envergadura que resultaba imprescindible hacer atractivo este negocio a la iniciativa privada, puesto que los erarios públicos no tendrían capacidad para afrontarlas. Así se hizo, pero la iniciativa privada “ha muerto de éxito”. La avidez recaudadora de los Estados ha sido de tal naturaleza que no se conformaron con evitar estas inversiones; quisieron que los operadores, nuevos o tradicionales, de los exitosos servicios móviles, les resolviesen sus problemas presupuestarios. Y las autoridades de la Unión Europea “mirando para otro lado” mientras esto ocurría.
Además, esta actitud, al menos en España, ha tenido un efecto contagioso en las administracion
