Bruselas quiere reducir drásticamente el precio del roaming
A propuesta de Viviane Reding
La Comisión Europea presentará un borrador de regulación a mediados de año para controlar y reducir en más de la mitad las tarifas de roaming (itinerancia) en telefonía móvil entre países de la UE. La CMT, el regulador español, ya ha manifestado su oposición a la medida.
Viviane Reding, comisaria europea para la Sociedad de la Información, someterá el próximo junio a la aprobación del Parlamento y de la UE una propuesta que pretende forzar a los operadores de móviles a aplicar las mismas tarifas a las llamadas realizadas sobre las redes de cualquier otro país de la UE que las cobradas para las llamadas dentro del país donde tiene desplegada su propia red. De esta forma no se trataría ya de reducir el precio que los proveedores de servicios móviles cobran por la itinerancia, sino de acabar por completo con el coste de roaming internacional existente hoy en día.
Según Reding, los cargos por roaming impuestos por los operadores son injustificados. En la actualidad, estos precios suelen oscilar entre los cuatro y los seis euros por minuto cuando ésta se realiza fuera de la red del país de origen del cliente. En España, que figura entre los casos más extremos, son aún más caros, como ha subrayado la propia Reding. De acuerdo con los datos aportados por la comisaria, los españoles pueden llegar a pagar hasta ocho euros por roaming por una llamada de cuatro minutos sobre las redes de Chipre y Letonia. Los clientes de Reino Unido también se encuentran entre los más perjudicados, teniendo que aceptar tarifas de siete euros si desean utilizar sus móviles en Eslovenia.
Asimismo, Reding está buscando la manera de acabar con la práctica de cargar a los usuarios por recibir llamadas desde las redes de otros operadores.
Kip Meek, presidente de European Regulators Group (ERG), coincide con Reding en los perjuicios de estas prácticas para el usuario y se ha manifestado dispuesto a apoyar la iniciativa, si no es su totalidad, al menos en algunos de sus puntos. “Nuestro compromiso para resolver este problema es absoluto”, ha asegurado. “El coste del roaming es completamente desproporcionado teniendo en cuenta las implicaciones técnicas que supone”. Según datos de la Comisión, los ingresos anuales de los operadores por roaming representan del 6 al 7% de su volumen de negocio, alcanzando un total de 10.000 millones de euros.
Meek sugiere la puesta en vigor de un “price cap” (tope máximo de precios) uniforme que limite los precios mayoristas y que recortaría la tarifa en hasta un 60%, situándola alrededor de los 0,30 euros por minuto. Además, en su opinión, se debería realizar un seguimiento de los operadores para asegurar que estos ahorros sean revertidos en su beneficio. “De hecho debería existir una legislación específica para exigirlo”.
Para mediados de 2007
La regulación para forzar a los operadores a recortar sus precios de itinerancia tendrá que ser aprobada por la mayoría de los 25 estados miembros de la UE y por el Parlamento Europeo. Reding confía en que las medidas podrían entrar en vigor a mediados de 2007, aunque reconoce que sería inusual que el Consejo de Ministros y los miembros del Parlamento llegaran a un acuerdo sobre una legislación tan compleja con tal celeridad. De hecho, España ya ha manifestado su oposición a la medida por el gran número de turistas que visitan nuestro país. Sin embargo, los líderes de la UE ya apoyaron la iniciativa en un encuentro celebrado recientemente en Bruselas, valorando las cargas por roaming como una barrera a la competitividad.
Con la oposición de España
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La propuesta de Bruselas de reducir el coste del roaming se ha encontrado con la oposición de España, cuyo regulador, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), es el único de todos los de los países miembros contrario a esta medida. Tal postura se debe al fuerte peso del turismo en nuestro país, que hace que los operadores de móviles aquí presentes sean de los más perjudicados económicamente de toda la UE si la iniciativa de la Comisión Europea llega a buen puerto. Según algunas fuentes, la CMT pretende que la propuesta comunitaria se limite a los precios minoristas, sin afectar a los mayoristas. En concreto, el regulador español prefiere que cada Estado miembro se encargue de establecer las tarifas mayoristas, y la UE las minoristas.
Viviane Reding, comisaria europea para la Sociedad de la Información, someterá el próximo junio a la aprobación del Parlamento y de la UE una propuesta que pretende forzar a los operadores de móviles a aplicar las mismas tarifas a las llamadas realizadas sobre las redes de cualquier otro país de la UE que las cobradas para las llamadas dentro del país donde tiene desplegada su propia red. De esta forma no se trataría ya de reducir el precio que los proveedores de servicios móviles cobran por la itinerancia, sino de acabar por completo con el coste de roaming internacional existente hoy en día.
Según Reding, los cargos por roaming impuestos por los operadores son injustificados. En la actualidad, estos precios suelen oscilar entre los cuatro y los seis euros por minuto cuando ésta se realiza fuera de la red del país de origen del cliente. En España, que figura entre los casos más extremos, son aún más caros, como ha subrayado la propia Reding. De acuerdo con los datos aportados por la comisaria, los españoles pueden llegar a pagar hasta ocho euros por roaming por una llamada de cuatro minutos sobre las redes de Chipre y Letonia. Los clientes de Reino Unido también se encuentran entre los más perjudicados, teniendo que aceptar tarifas de siete euros si desean utilizar sus móviles en Eslovenia.
Asimismo, Reding está buscando la manera de acabar con la práctica de cargar a los usuarios por recibir llamadas desde las redes de otros operadores.
Kip Meek, presidente de European Regulators Group (ERG), coincide con Reding en los perjuicios de estas prácticas para el usuario y se ha manifestado dispuesto a apoyar la iniciativa, si no es su totalidad, al menos en algunos de sus puntos. “Nuestro compromiso para resolver este problema es absoluto”, ha asegurado. “El coste del roaming es completamente desproporcionado teniendo en cuenta las implicaciones técnicas que supone”. Según datos de la Comisión, los ingresos anuales de los operadores por roaming representan del 6 al 7% de su volumen de negocio, alcanzando un total de 10.000 millones de euros.
Meek sugiere la puesta en vigor de un “price cap” (tope máximo de precios) uniforme que limite los precios mayoristas y que recortaría la tarifa en hasta un 60%, situándola alrededor de los 0,30 euros por minuto. Además, en su opinión, se debería realizar un seguimiento de los operadores para asegurar que estos ahorros sean revertidos en su beneficio. “De hecho debería existir una legislación específica para exigirlo”.
Para mediados de 2007
La regulación para forzar a los operadores a recortar sus precios de itinerancia tendrá que ser aprobada por la mayoría de los 25 estados miembros de la UE y por el Parlamento Europeo. Reding confía en que las medidas podrían entrar en vigor a mediados de 2007, aunque reconoce que sería inusual que el Consejo de Ministros y los miembros del Parlamento llegaran a un acuerdo sobre una legislación tan compleja con tal celeridad. De hecho, España ya ha manifestado su oposición a la medida por el gran número de turistas que visitan nuestro país. Sin embargo, los líderes de la UE ya apoyaron la iniciativa en un encuentro celebrado recientemente en Bruselas, valorando las cargas por roaming como una barrera a la competitividad.
Con la oposición de España
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La propuesta de Bruselas de reducir el coste del roaming se ha encontrado con la oposición de España, cuyo regulador, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), es el único de todos los de los países miembros contrario a esta medida. Tal postura se debe al fuerte peso del turismo en nuestro país, que hace que los operadores de móviles aquí presentes sean de los más perjudicados económicamente de toda la UE si la iniciativa de la Comisión Europea llega a buen puerto. Según algunas fuentes, la CMT pretende que la propuesta comunitaria se limite a los precios minoristas, sin afectar a los mayoristas. En concreto, el regulador español prefiere que cada Estado miembro se encargue de establecer las tarifas mayoristas, y la UE las minoristas.
