A vueltas con el SUB
El problema es que Telefónica, que lleva años protestando por este servicio, cada vez lo hace con más intensidad. La compañía alega que, entre 1998 y 2004, el SUB le ha supuesto un coste superior a los 2.100 millones de euros. Es decir, cuatro veces lo que ha reconocido como déficit la propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el órgano regulador del sector. Telefónica tiene más o menos razón en reclamar que se ponga fin a un problema que no se ha afrontado en toda su integridad desde que se liberalizó el servicio telefónico en España. Pero el ex monopolio debería también medir con cuentagotas sus reclamaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el servicio universal, si bien ha sido una fuente de costes indiscutibles, también ha sido y puede ser una fuente de ingresos significativa. Sobre todo ahora, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que se han producido. El mercado hoy es mucho más sofisticado que hace diez años, con fenómenos que no se producían por entonces. Las tecnologías han cambiado, sobre todo las inalámbricas. Nada tienen que ver los costes que ahora pueden ocasionar tecnologías como el satélite o, por ejemplo, Wi-Fi, con los costes que generaba hace años otro tipo de sistemas mucho menos avanzados e ineficientes.
Quizá a fuerza de protestar, Telefónica consiga algo, pero no son pocos los que en el Gobierno empiezan a pensar que al antiguo monopolio no le vendría mal ciertas dosis de mayor competencia para un servicio del que presume que es muy costoso pero al que, en el fondo, se niega a renunciar totalmente. Algunos grupos empresariales han venido transmitiendo al Gobierno opciones nuevas para resolver el problema del SUB si este finalmente saliera a subasta. Serían nuevas oportunidades siempre a cambio de algunas garantías operativas. Por ejemplo, a cambio de licencias tipo WiMAX, precisamente la que el Gobierno está ahora preparando para sacar a concurso.