| Artículos | 01 JUL 2001

189.000 millones de pesetas en el aire

Alejandro García-Morato.
El conflicto que enfrenta a Telefónica con la Administración por el denominado servicio universal está a punto de resolverse, en contra del operador. Telefónica ha venido reclamando 189.000 millones de pesetas (1.135 millones de euros) por lo que se conoce técnicamente como servicio universal en el sector de telecomunicaciones. Este déficit es el que se deriva de suministrar servicio de telecomunicaciones a todos los ciudadanos en España, o bien en suministrarlo en condiciones muy ventajosas.
El servicio universal es una obligación del operador dominante y permite, por ejemplo, que se lleven líneas telefónicas a zonas rurales de difícil acceso y poco rentables empresarialmente, o que los jubilados y otros colectivos sociales obtengan cuantiosos descuentos en la contratación de las líneas. El problema es que la ley reconoce que ese servicio, aunque sea prestado por el operador dominante, debe ser sufragado por todas las compañías del sector en función de sus ingresos. Al menos si así lo considera oportuno la Administración.
En estos momentos, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, órgano dependiente del Ministerio de Economía y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, analizan con lupa las reclamaciones de Telefónica. Llegado el caso, podrían considerar válida la propuesta de 189.000 millones del operador, y determinar la creación de un fondo al que contribuirían todos los operadores de manera proporcional a sus ventas. Lo más probable es que no ocurra así. Tanto la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, consideran que esa cifra es excesiva. En realidad, dicen, Telefónica no tiene tanto déficit por el servicio universal como ha explicado. Entre otras cosas, porque parte de ese déficit ha quedado, o quedará, corregido con las próximas subidas en la cuota de abono que han sido aprobadas.
Aunque la Administración reconoce que Telefónica tiene un déficit por el servicio, en ningún caso es tan elevado. En la Administración se baraja una cifra más cercana a los cien mil millones que a los doscientos mil millones de pesetas, como propone Telefónica. Llegados a este punto, en la Administración consideran que aunque exista, el déficit es perfectamente asumible por el operador dominante sin necesidad de que otros operadores contribuyan al fondo.

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