Actualidad | Noticias | 25 MAY 2010

Redtel acudirá a los tribunales si Bruselas acepta la tasa de RTVE

Redtel acudirá a los tribunales españoles si la Comisión Europea da su confirmidad a la tasa del 0,9% sobre los ingresos de los operadores de telecomunicaciones para ayudar a financiar la eliminación de publicidad de RTVE.
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 Así lo ha asegurado Miguel Canalejo, presidente de la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones con Red Propia (Redtel) en un acto organizado por Cinco Días. Según Canalejo, la tasa para compensar la supresión de la publicidad de Radio Televisión Española (RTVE) incumple tanto la legislación europea como la española, ya que es "incostitucional". Igualmente, se mostró contrario a que la nueva Ley Audiovisual exija a los operadores de telecomunicaciones financiar el cine con 30 millones de euros anuales, porque "sólo compran contendidos y carecen de capacidad editorial".

El presidente de la patronal de operadores con red propia incidió en la carga fiscal que soporta el sector, "muy superior a la que sufren otras ramas", y subrayó que los impuestos específicos sobre las ´telecos´ han crecido un 62% durante los últimos cinco años. A este respecto, señaló que la negativa del sector a pagar la tasa del 1,5% que reclaman los ayuntamientos, y que supondría un montante de 260 millones de euros anuales, implica a las compañías un coste de 26 millones de euros al año en la tutela judicial.

Canalejo consideró que los 200 millones destinados por el plan Avanza 2 al desarrollo de redes de banda ancha "no generarán ningún cambio significativo".  "El apoyo público que hemos recibido ha sido marginal", denunció Canalejo en este sentido, quien cifró la aportación del Gobierno en un 0,4% sobre el total de la inversión a lo largo de los últimos cinco años, frente al 99,6% aportado por el segmento privado.  

Asimismo, pidió la concreción del espectro radioeléctrico para incentivar la inversión, ya que "16.000 millones de los entre 60.000 y 80.000 que el sector tiene previsto invertir se encuentran vinculados a esta definición". Además, expresó la necesidad de reducir las cargas burocráticas, que, según sus datos, recortan la inversión en casi un 10%, y de impedir la generación de nuevas obligaciones en el servicio universal, como el megabit por segundo.  

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