(Opinión) Quien hizo la ley hizo la trampa

La CMT se ha opuesto al traslado, y aunque al principio sólo era el colectivo de los trabajadores de a pie los que más alzaron la voz en contra del traslado, progresivamente lo han ido haciendo también sus jefes. En julio, un contundente comunicado suscrito por el consejo se pronunciaba en contra del traslado de la sede. En septiembre, ya fue el presidente de la Comisión, Carlos Bustelo, el que se pronunciaba diciendo que para cambiar la sede hacía falta una ley. Añadía públicamente que, además de no haber sido informado oficialmente, esa decisión era una muestra de falta de diálogo. Con esta andanada, el presidente lanzaba un torpedo directo a la línea de flotación del Gobierno de Zapatero, que ha hecho de las palabras diálogo y talante sus eslóganes favoritos. Esas declaraciones no tardaron en ser rebatidas por José Montilla, ministro de Industria, del que depende la CMT. La guerra pues, está servida, ya no hay marcha atrás.

El traslado de la CMT ha tenido relativamente poco eco social. De hecho, con acontecimientos paralelos como los de la posible pérdida de cientos de empleos en empresas como Izar, o la progresiva amenaza que se cierne en los 50.000 empleos de la industria del calzado por la competencia asiática, que 150 funcionarios de la CMT se quejen porque tengan que cambiar de residencia es un problema al que la opinión pública no dedicará ni un minuto.

¿Conflicto administrativo?
Otra cosa es que la situación degenere en un conflicto administrativo, con el consiguiente coste político. Y es posiblemente éste el derrotero que tome. La ley que se necesita cambiar para trasladar la CMT a Barcelona no es ni más ni menos que la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), según la cual, es a la Comisión a la que corresponde decidir dónde reside su sede, en tanto que organismo reconocido como autónomo y con independencia en la gestión. El Gobierno podría sacar una ley que modificara la LGT en ese punto y de este modo sacar adelante el traslado.

Sin embargo, la CMT podría recurrir la nueva normativa y dejar a los tribunales que decidieran. Para cuando lo hicieran, puede que José Luis Rodríguez Zapatero ya no estuviera en el Gobierno. Incluso si no recurriera, la CMT siempre podría puentear la ley. Legalmente, la sede de un organismo o empresa está allí donde se inscribe en el registro mercantil y allí donde celebra los consejos. Nada impide que la Comisión se registre formalmente en Barcelona pero que toda su operativa siga en Madrid. Incluso nada impide que los consejos, que se celebran cada semana, quedaran reducidos a la mínima expresión de manera que sólo se reuniera formalmente de forma ocasional para cubrir la cuota catalana que reclama el Gobierno.

Eugenio Pedrero
Comunicaciones@idg.es