(Opinión) Atarfe: Principios en conflicto

La CMT basa su decisión en la responsabilidad directa de la empresa en una "infracción administrativa muy grave" al "no cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades" establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones". Más concretamente, la infracción radica en la omisión por parte de Proyecto Atarfe de la preceptiva notificación a la CMT que, con carácter previo al inicio de sus actividades, debe realizar cualquier organización interesada en operar en este mercado. Hasta aquí, nada que objetar. La ley es la ley, y no será difícil que el Ayuntamiento de Atarfe pueda cumplirla mediante un simple trámite.

Pero la CMT no oculta su verdadera preocupación, de mayor trascendencia, dado que el ejemplo de Atarfe puede servir de precedente para otros proyectos de similares características con el propósito de promover el desarrollo de la Sociedad de la Información. En el fondo, subyace, pues, el conflicto intrínseco en determinadas iniciativas plenamente comprometidas con la extensión a cualquier nivel social de un bien sujeto a las leyes del capitalismo. Pero hay que recordar que la promoción de la Sociedad de la Información y la eliminación de la "brecha digital" es principio programático tanto de la UE como del Gobierno español, el de antes y el de ahora.

Según la CMT, "la realización de estas actividades de forma gratuita podría, a priori, producir distorsiones a la libre competencia en el servicio de acceso a Internet y en la explotación de redes públicas de telecomunicaciones". Puede ser, pero también lo contrario: prácticas de este tipo, al ofrecer gratuitamente, o casi, un nivel básico de servicio de telecomunicación puede servir de acicate a los agentes del mercado a alinear su justo ánimo de lucro con un nivel superior de servicio –en velocidad y condiciones- basado en el modelo de pago. Así pasa con otras industrias, fundamentalmente las de servicios sociales básicos y las de ocio, en las que "compiten" la oferta pública y la privada.

No cabe duda de que la decisión de la CMT abre un debate que debería buscar la manera de poder conciliar la libertad de empresa –y la salvaguarda del entorno que la haga posible- y la obligación de los organismos públicos de contribuir al desarrollo y bienestar social mediante los impuestos. Pero no sólo éste; también el que plantea la propia tecnología Wi-Fi, al convertirse en el medio idóneo para hacer posible, por costes y operatividad, tal meta de la Administración. Se está viendo ahora que son muy reales todas esas promesas que abría el mundo wireless hacia la consecución de redes ciudadanas, y, por tanto públicas, fuera del alcance de los operadores convencionales. Si añadimos la posibilidad, ahora sólo en sus inicios, de transmitir voz sobre IP a través de estas redes Wi-Fi, la bomba se activa. El modelo industrial y de prestación de servicios de las telecomunicaciones está en entredicho. Como poco, en entredicho.