Nace el Convenio Internacional sobre Cibercrimen

El primer tratado internacional sobre cibercrimen acaba de nacer. Tras cuatro años de trabajo, el Consejo de Europa (COE) ha conseguido que 30 estados miembros firmen el documento definitivo que regulará los delitos cometidos a través de Internet y las redes informáticas.

Se trata de un texto polémico que fue aprobado por el Consejo de Ministros del COE el pasado 8 de noviembre y que ha obtenido duras críticas de grupos de ciberderechos y de ISPs, que señalan el peligro que supone para la privacidad y la libertad de expresión un control excesivo de la Red.

Coordinar las políticas de los estados para luchar contra el cibercrimen a escala internacional, especialmente en materias como la violación de la propiedad intelectual en Internet, los fraudes realizados vía Web o mediante las redes informáticas, la pornografía infantil y la seguridad, además de considerar un crimen hacer propaganda del racismo y del nazismo en la Red, son los principales objetivos de este tratado internacional, el primero que existe de estas características, y que fue aprobado el pasado 8 de noviembre por el Consejo de Ministros del COE (organismo no vinculado a la Unión Europea, con sede en Estrasburgo, encargado de velar por la defensa de los derechos humanos) y ratificado por los países (entre ellos, España) esta mañana en Budapest (Hungría) durante la celebración de unas conferencias sobre la lucha contra el cibercrimen, organizadas por el propio COE. Sin embargo, su adaptación a las legislaciones nacionales puede durar incluso años.

A pesar de las múltiples revisiones del documento durante los cuatro años de su elaboración, todavía hay grupos que se oponen al mismo, como los proveedores de Internet (ISPs), que temen convertirse en “vigilantes” de los contenidos que se publican en los webs que alojan, pues deberán monitorizar lo que hacen sus usuarios para evitar posibles delitos desde sus sites. Asimismo, las asociaciones de ciberderechos, especialmente americanas como el Center of Democracy and Technology www.cdt.org. temen que este tratado dé vía libre a la invasión de la privacidad de los usuarios de Internet y su consiguiente control por parte de los Gobiernos.

Un debate que se ha reavivado tras la aprobación en EE.UU. de otra ley envuelta en la controversia, la USA Patriot Act, fruto de la combinación de los proyectos de ley USA Act y Patriot ACT, elaborados por el Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU., respectivamente, y que aumenta, al menos durante los cuatro años que estará vigente, las posibilidades de vigilancia de las comunicaciones en Internet por parte de las autoridades policiales en EE.UU.
Los sinuosas fronteras jurisdiccionales de Internet
Uno de los objetivos del tratado es coordinar las legislaciones de los países en la persecución de los delitos cometidos a través de Internet pues, actualmente, uno de los mayores problemas en este sentido es que, lo que es delito para un país, no lo es para otro. El ejemplo más reciente ha tenido lugar el mes pasado, con el choque, de nuevo, de la legislación francesa (más restrictiva en materia xenófoba y nazi, debido a sus circunstancias en la Segunda Guerra Mundial) con la estadounidense en materia de la venta de contenidos nazis en Internet, cuando un juez de California estableció que las autoridades francesas no pueden prohibir la venta de artículos nazis en los sites de Yahoo! pues, aunque éstos están repartidos por todo el mundo gracias a universalidad de la Red, son parte de una empresa norteamericana, protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. Esta acción judicial, que tiene su origen en la denuncia de dos grupos de derechos humanos franceses, que consiguieron que un juez francés sentenciara que Yahoo! había violado las leyes francesas que no permiten la venta de objetos nazis al ofrecer en su site de subastas de estos artículos, y que obligaba al portal a eliminar cualquier material de este tipo en su filial de Francia, ha sido considerada por los grupos de ciberderechos de EE.UU. como un apoyo a la libertad de expresión.

Claro que el propio Consejo de Europa no está de acuerdo con esta visión, como lo ha mostrado la recomendación de su Asamblea de incluir en el Tratado de Cibercrimen un protocolo, cuya elaboración comenzará en diciembre, y que penalizará la existencia de webs xenófobos y el hosting de éstos en servidores situados en países con leyes menos estrictas, como EE.UU.

www.coe.int


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www.idg.es/iworld/noticia.asp?id=19510&sec=iworld

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Fernando Rubio Román, CTO de Microsoft España. TECNOLOGÍA
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