Más de la mitad de las Administraciones españolas no utiliza la factura electrónica

La empresa SERES, especializada en el intercambio de documentos electrónicos, ha realizado el primer estudio sobre la implantación de la factura electrónica en la Administración Pública española. Según los datos recogidos, hasta el 31 de agosto de 2010, sólo el 40% de las 286 entidades administrativas estudiadas, en las que se incluyen capitales de provincia, ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Ministerios, hacen uso de la factura electrónica o tienen previsión de hacerlo próximamente. Frente a este dato, un 59, 84% no la utiliza o no tiene previsión de hacerlo. 

Bajo estos datos, la Administración Pública se retrasa en la implementación de la factura electrónica, con más de la mitad de sus instituciones fuera de ella, a dos días de que se cumpla la suma de plazos, el próximo 30 de octubre, de puesta en marcha de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, donde se establece que “el uso de la factura electrónica será obligatorio en todos los contratos del sector público estatal; no obstante, en los contratos menores, la utilización de la factura electrónica será obligatoria cuando así se establezca expresamente en estas Órdenes de extensión”. Según Alberto Redondo, director de marketing y canal de SERES, “el objetivo de este estudio era tener un mapa claro de cómo se encuentra la factura electrónica implantada en los organismos públicos del país y, aunque sólo un 40% tiene algún proyecto en marcha, los datos muestran una situación mejor de la esperada, aunque insuficiente para el esfuerzo realizado. Por ello, las AA.PP aun tienen por delante un importante camino por andar”.

Mejor las CC.AA

Según este estudio, un 37% de las comunidades autónomas ya cuentan con un sistema para que sus proveedores puedan emitir factura electrónica. Además, junto con el 26% de entidades que van a poner en marcha a corto plazo la e-factura, muestra que más del 60% de las comunidades autónomas están o van a estar en poco tiempo dispuestas a recibir e-facturas.

Los proyectos puestos en marcha en las diferentes comunidades autonómicas en algunos casos cubren también las necesidades de poblaciones y municipios anexos a su zona. El mejor ejemplo es el servicio “e.FACT, model de factura electrònica per a les administracions públiques catalanes” del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) en Cataluña, que ha facilitado el paso a la e-factura a numerosas entidades locales.

Por otro lado, según el estudio, sólo el 7% de la administración local es apta para trabajar con factura electrónica. De los 251 ayuntamientos encuestados, la alarmante cifra del 86% no usan la factura electrónica todavía, si bien dentro de ese porcentaje hay matices. Por ejemplo, un 57% del total no usa la factura electrónica ni tiene proyecto para su implantación. Por otro lado, un 19% del total, aunque no la usa, tiene el proyecto en desarrollo de implantación o implantado ya por completo; y un 9% tiene el proyecto entre sus previsiones.

Retrasos en los ministerios

En cuanto a los ministerios hay que tener en cuenta la iniciativa AGE (Administración General del Estado), para crear un entorno común entre ministerios donde todos ellos puedan trabajar con la factura electrónica. Esta iniciativa ha producido un retraso en la puesta en marcha de la mayoría de los proyectos ministeriales dado que en el grupo de trabajo han participado representantes de 9 Ministerios y de 7 entidades públicas, además de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Economía y Hacienda. Con ello, el único ministerio que cuenta con un sistema de facturación electrónica es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

De acuerdo con Redondo, “aunque en un principio podríamos echar la culpa a la recesión económica, que también ha sido una de las causas de este retraso, creemos que hay otra serie de factores que han impedido el crecimiento de la implantación de la factura electrónica en las AAPP”. Uno de ellos, según Redondo, es que los proyectos puestos en marcha tenían una complejidad muy importante. “En la puesta en marcha de sus proyectos de e-factura, las AA.PP han asumido un coste que no les correspondía. Han incluido y, por lo tanto, cargado en sus respectivos presupuestos una solución tecnológica para sus proveedores. Coste que equivale, en algunos casos, al 70% del importe total de los proyectos. Esta situación trae consigo otra consecuencia negativa, ya que hace que los proveedores tengan que utilizar un canal de envío de facturas diferente por cada una de las AAPP con las que trabaja. Algo que, a simple vista, trae consigo un aumento sustancial del coste y de la dificultad para utilizar la factura electrónica para las empresas que envían facturas a la AAPP”.

De acuerdo con el director de marketing de SERES, “la Administración no ha sabido aprovechar la crisis y apoyarse en la factura electrónica como mecanismo para reducir el elevado gasto que tiene, y que ha sido causa de medidas, en muchos casos impopulares, como la bajada del sueldo a los funcionarios. Era el momento propicio de crear soluciones que ayudaran a reducir los costes y a simplificar las facturas”.