Los operadores móviles invertirán 4.500 millones en UMTS
Telefónica, Vodafone, Amena y Xfera tienen planes de invertir en los próximos años unos 4.500 millones de euros en el despliegue de servicios UMTS, según ha adelantado el ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa. Mientras tanto, Bruselas ha criticado ciertas condiciones de las licencias otorgadas en 2000.
Los cuatro operadores móviles adjudicatarios de las licencias de explotación de servicios 3 G; Telefónica, Vodafone, Amena y Xfera, realizarán inversiones de 4.500 millones de euros para el despliegue de los servicios 3G en los próximos años. El ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa considera que los operadores conseguirán cubrir una media del 50% de la población en un par de años y la cifra se elevará en 2009 al 90%, según ha manifestado durante la entrega de la VI edición de los premios Vodafone.
Tal y como se presumía, los operadores se encuentran en negociaciones con el Gobierno para reducir los compromisos de inversión asumidos al momento de la adjudicación, y según ha asegurado el jefe de la cartera ministerial Amena y Xfera son los operadores que más recortes de obligaciones solicitaron. El Ministerio ha adelantado que los acuerdos se cerrarán en poco tiempo.
Las nuevas negociaciones determinarán, de acuerdo a fuentes oficiales, que en 2006 los operadores garanticen una cobertura de servicios UMTS al 50% de la población española y en 2009 ésta llegue al 90%.
El presidente de Acciona y Vodafone, José Manuel Entrecanales, ha expresado que en los planes del segundo operador para los próximos cinco años se contempla una inversión de 2.880 millones de euros, siendo la mayor parte destinada a UMTS.
Bruselas critica la adjudicación de las licencias
Las condiciones impuestas por el Gobierno a los operadores en la adjudicación de licencias UMTS han sido cuestionadas por la Unión Europea. La autoridad comunitaria ha hecho conocer su descontento a la Administración española, por medio de una carta dirigida al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la que exige la retirada de todas las obligaciones con respecto a inversiones y empleo, que conforman unos 3.000 millones de euros.
Para el comisario de la Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, las condiciones establecidas por la Administración en 1999 son contrarias a las leyes de la UE. Según la autoridad comunitaria, se contemplaron “condiciones de creación de empleo y desarrollo de la economía nacional que no guardan relación con el proyecto y por su naturaleza y vaguedad no responden a los criterios de proporcionalidad y causalidad”.
Ahora, la Administración deberá informar a Bruselas en el plazo de un mes de las medidas que adoptará a efectos de adecuar las licencias otorgadas a la directiva de autorización.
www.telefonica.com
www.vodafone.com
www.amena.com
Tal y como se presumía, los operadores se encuentran en negociaciones con el Gobierno para reducir los compromisos de inversión asumidos al momento de la adjudicación, y según ha asegurado el jefe de la cartera ministerial Amena y Xfera son los operadores que más recortes de obligaciones solicitaron. El Ministerio ha adelantado que los acuerdos se cerrarán en poco tiempo.
Las nuevas negociaciones determinarán, de acuerdo a fuentes oficiales, que en 2006 los operadores garanticen una cobertura de servicios UMTS al 50% de la población española y en 2009 ésta llegue al 90%.
El presidente de Acciona y Vodafone, José Manuel Entrecanales, ha expresado que en los planes del segundo operador para los próximos cinco años se contempla una inversión de 2.880 millones de euros, siendo la mayor parte destinada a UMTS.
Bruselas critica la adjudicación de las licencias
Las condiciones impuestas por el Gobierno a los operadores en la adjudicación de licencias UMTS han sido cuestionadas por la Unión Europea. La autoridad comunitaria ha hecho conocer su descontento a la Administración española, por medio de una carta dirigida al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la que exige la retirada de todas las obligaciones con respecto a inversiones y empleo, que conforman unos 3.000 millones de euros.
Para el comisario de la Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, las condiciones establecidas por la Administración en 1999 son contrarias a las leyes de la UE. Según la autoridad comunitaria, se contemplaron “condiciones de creación de empleo y desarrollo de la economía nacional que no guardan relación con el proyecto y por su naturaleza y vaguedad no responden a los criterios de proporcionalidad y causalidad”.
Ahora, la Administración deberá informar a Bruselas en el plazo de un mes de las medidas que adoptará a efectos de adecuar las licencias otorgadas a la directiva de autorización.
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