Las nueva LPI frena el desarrollo de la Sociedad de la Información
Los miembros del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI) se han reunido para asesorar al Gobierno sobre el impacto negativo de la recién aprobada LPI (Ley Propiedad Intelectual) y los principios a incluir en el proceso de negociación. Esta reunión es consecuencia de la petición realizada al CATSI por Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, y Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.
Todos los miembros de la permanente han coincidido en que el canon digital frena el desarrollo de la Sociedad de la Información y ha resaltado que su aplicación llevaría a un desequilibrio económico general que supondrá un freno al desarrollo de la Sociedad de la Información en España, en un momento en el que la Unión Europea está debatiendo qué hacer con este asunto.
La Asociación de Usuarios de Internet e Internautas ha manifestado que se debería cuidar aspectos como la proporcionalidad, la transparencia, el arbitraje y la exención del pago.
El canon digital debe ser proporcional al precio del producto y evitar así situaciones abusivas, como la actual donde el canon llega a suponer un 700%. También debe ser proporcional al daño que se quiere compensar.
El consumidor debe estar siempre informado sobre lo que va a pagar y éste debe ser transparente tanto en el cobro como en el posterior reparto a sus destinatarios. También se tienen que imponer procedimientos de arbitraje que permitan resolver controversias, sin necesidad de recurrir a la Justicia Ordinaria. De este pago deben estar exentas las Administraciones Públicas, las empresas y todos aquellos sectores que no utilicen los contenidos con derechos.
En esta reunión también se ha tratado el Anteproyecto de Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Los miembros de la comisión han solicitado que se reduzca a seis meses el plazo en el que se deben almacenar los datos y que el coste de su aplicación sea compartido por la Administración.
En el último punto del orden del día, la AUI ha introducido el debate sobre la LISI. El Anteproyecto de ley expone cambios normativos que afectan a los derechos fundamentales como son la libertad de expresión o la libertad de movimiento. Las Asociaciones de Internautas han abogado porque sea obligatorio la existencia de un mandamiento judicial tanto para poder cerrar una web como para que un proveedor limite el acceso a los contenidos.
La Asociación de Usuarios de Internet e Internautas ha manifestado que se debería cuidar aspectos como la proporcionalidad, la transparencia, el arbitraje y la exención del pago.
El canon digital debe ser proporcional al precio del producto y evitar así situaciones abusivas, como la actual donde el canon llega a suponer un 700%. También debe ser proporcional al daño que se quiere compensar.
El consumidor debe estar siempre informado sobre lo que va a pagar y éste debe ser transparente tanto en el cobro como en el posterior reparto a sus destinatarios. También se tienen que imponer procedimientos de arbitraje que permitan resolver controversias, sin necesidad de recurrir a la Justicia Ordinaria. De este pago deben estar exentas las Administraciones Públicas, las empresas y todos aquellos sectores que no utilicen los contenidos con derechos.
En esta reunión también se ha tratado el Anteproyecto de Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Los miembros de la comisión han solicitado que se reduzca a seis meses el plazo en el que se deben almacenar los datos y que el coste de su aplicación sea compartido por la Administración.
En el último punto del orden del día, la AUI ha introducido el debate sobre la LISI. El Anteproyecto de ley expone cambios normativos que afectan a los derechos fundamentales como son la libertad de expresión o la libertad de movimiento. Las Asociaciones de Internautas han abogado porque sea obligatorio la existencia de un mandamiento judicial tanto para poder cerrar una web como para que un proveedor limite el acceso a los contenidos.
