Actualidad | Noticias | 22 ABR 2002

La reglamentación europea del spam genera controversias

Según diversos trascendidos, una comisión del Parlamento Europeo estaría a punto de eliminar el correo electrónico de la lista de tecnologías protegidas de la publicidad recibida sin autorización, o lo que se conoce como "spam". Los mensajes SMS y el fax seguirían contando con el resguardo legal que evite sus abusos.
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La Comisión de Derechos Ciudadanos del Parlamento Europeo debate en estos días
el alcance y trascendencia de la directiva que regulará el tratamiento de datos confidenciales en el ámbito de las telecomunicaciones. Los 15 estados miembros aún no han cerrado filas en torno a las condiciones en las que los usuarios deben dar su aprobación para recibir mensajes de correo electrónico que contengan información comercial, o lo que se conoce como spam, lo que deja importantes dudas y un cierto vacío en lo que respecta a la utilización del correo electrónico.

Esta situación está generando diversas controversias y malestares entre diversos sectores involucrados, como los proveedores de servicios. Joe Mcnamee, que representa los intereses de este colectivo considera que “la comisión no tiene una perspectiva que contempla la convergencia de las tecnologías, lo que provoca auténticas contradicciones. ¿Porqué motivo es necesario solicitar el consentimiento de un usuario para poder enviar un mensaje SMS a su teléfono móvil, y de la misma manera, no hay obligación de hacerlo para enviar un mensaje de correo electrónico al mismo teléfono”, agrega Mcnamee.

Por otra parte, el grupo que representa los intereses de la industria del marketing ha recibido con entusiasmo la decisión d la Comisión, que significa bandera verde a su actividad a través de la aplicación más difundida, como es el correo electrónico.

La directiva de telecomunicaciones para la protección de datos entrará en su fase final de discusión por los miembros del Parlamento Europeo a mediados del mes de mayo. Si la decisión final de la directiva difiere significativamente de lo adoptado por el Consejo de Ministros, ambos órganos institucionales deberán iniciar un proceso de conciliación en vista de lograr un acuerdo.

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