Actualidad | Noticias | 13 NOV 2015

La publicación del auto judicial del caso Movistar Fusión permite a los afectados sumarse a la causa

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Se ha abierto el plazo de 30 días hábiles para que los afectados puedan personarse en la causa abierta y reclamen la devolución del dinero cobrado de más o el pago de compensaciones económicas.
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El caso Movistar Fusión y las reclamaciones de los usuarios avanza. La subida en mayo de la tarifa (de 5 euros mensuales), producida pese a que la empresa lanzó en 2012 las tarifas Movistar Fusión con el compromiso de mantenerlas "para siempre", ha tenido su eco en los juzgados. 

El auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, sobre la demanda presentada por este hecho por FACUA-Consumidores en Acción contra Telefónica de España, acaba de ser publicado. Con ello se ha iniciado un periodo de 30 días durante el cual los afectados pueden reclamar la devolución del dinero que la compañía les ha cobrado de más así como posibles compensaciones económicas derivadas del cambio de tarifa.

Según la asociación de consumidores, recientemente Movistar ha amenazado a FACUA con una querella si menciona su nombre públicamente y no elimina cualquier alusión al mismo en su web y las redes sociales, en un desesperado y grotesco intento de evitar que dé difusión a la demanda. Además, según la misma, el procurador general de Telefónica de España ha requerido a la asociación a que cese en "la utilización de nombres, marcas, signos y logotipos, o cualquier otro distintivo o identificación, titularidad de las empresas del Grupo Telefónica España".

Antes de la publicación del auto, más de 4.000 usuarios se habían sumado ya a la plataforma creada por FACUA para personarse en la demanda. Para facilitar que los afectados puedan personarse de manera gratuita y con toda la documentación necesaria, la asociación ha lanzado una web

Los consumidores que se hayan quedado en la compañía podrán reclamar la devolución de los 5 euros mensuales en los que se ha visto incrementada su tarifa. Asimismo, FACUA indica que quienes tuvieran contratos de permanencia y se diesen de baja, podrán reclamar en los tribunales que el operador les abone los hasta 190 euros establecidos como penalización si se incumplen sus condiciones, que en aplicación del principio de reciprocidad vinculan tanto a los usuarios como a la empresa.

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