La oposición tilda de "intervencionista" al proyecto de LSSICE

Durante este encuentro, celebrado el mismo día que los partidos políticos presentaron sus enmiendas a este texto en el Congreso, Jaime Lissavetzky, del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán Convergencia i Unió (CIU), Juan Manuel Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (PP) y Presentación Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (IU) intercambiaron sus opiniones sobre el polémico texto a la par que informaron sobre las mejoras que, según ellos, éste precisa que se realicen antes de su aprobación.
Según los representantes de PSOE e IU, los grupos que presentaron en la Cámara Baja las dos únicas enmiendas totales con texto alternativo, el Gobierno, a través de este anteproyecto y, en especial, de algunos de sus artículos de carácter “intervencionista” y controlador, más que beneficiar el desarrollo del comercio electrónico en España, lo perjudica. Así lo aseguró Urán González quien señaló que “el texto del Gobierno no tiene tanto interés en regular en comercio electrónico como en intervenir directamente, contradiciendo la propia Constitución. Mediante esta ley, el Ejecutivo incide en la libertad de expresión y su control en Internet, obstaculizando el desarrollo de la libertad de la Sociedad de la Información en España”. Una opinión compartida por el representante del PSOE, Jaime Lissavetzky, quien manifestó que el problema de esta futura ley, que ya nace “tocada” (refiriéndose a las múltiples quejas que ha cosechado por parte de grupos políticos y representantes de asociaciones de usuarios de Internet y de comercio electrónico) es que “con ella el Gobierno ha querido meter dos leyes en una, la del comercio electrónico y la que protege el derecho de los consumidores, incorporando, además, una regulación abusiva que sobrepasa la propia directiva que pretende trasponer”. Para Lissavetzky, es una paradoja que “un proyecto de ley ha nacido en un ambiente tan liberal, pues fue puesto a disposición de los internautas para que enviaran sus aportaciones, contenga un lado tan intervencionista y se haya convertido en una regulación que puede ‘contaminar’ el marco del comercio electrónico”.
Menos radical fue la opinión vertida por Jané i Guasch, de CIU, que sí aseguró que “hay que revisar algunos artículos. Por eso hemos intentado a través de enmiendas mejorar aspectos del actual proyecto que podrían dar lugar a interpretaciones no deseadas”. Según Jané i Guasch, uno de los artículos que hay que revisar es el 8, donde “quizá el Gobierno se haya extralimitado al regular los contenidos”. Unas opiniones contradichas por el representante del Grupo Popular, que señaló que el anteproyecto “no viola derechos fundamentales ni pone cortapisas a la libertad de expresión, pues su único objetivo es crear un marco estable que garantice la seguridad tanto a los prestadores de servicios en la Red y respete los derechos de los usuarios. En definitiva, trasladar al mundo virtual lo que sucede en el mundo real”.

La polémica de la “autoridad competente” y la sanciones desproporcionadas
Sin duda estos dos aspectos, son los que más críticas están acarreando entre los detractores del proyecto de ley o, de al menos, de algunos de sus puntos. Según Urán González, “si atendemos a los artículos 37.1.a y 42, se menciona que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología quien, en infracciones graves, tiene la potestad de cerrar un site y no la autoridad judicial competente, que es la que debería tenerla”. Un aspecto también presente en la enmienda parcial de CIU, que critica el artículo 40, en el que “se debería hablar expresamente de una autoridad judicial”. Aunque Moreno Bonilla aseguró que “la ley no atribuye a la autoridad administrativa nuevas competencias de control que no estén ya contempladas en las leyes del mundo real”.
En cuanto a las sanciones, éstas son consideradas como “desproporcionadas” y “desmedidas” por la mayor parte de los representantes, especialmente las que penan las infracciones leves a pequeñas empresas. Incluso Juan Manuel Moreno, del PP, señaló que, aunque en general su propio grupo piensa que estas sanciones son equilibradas, está estudiando la posibilidad de que, especialmente las infracciones leves, sean más proporcionales al volumen de facturación de las empresas, y la cantidad que hay que abonar sea rebajada.
La obligatoriedad de “registrarse dos veces”, como asegura Lissavetzky, con los trámites burocráticos y el coste que esto conlleva, y la indefinición que existe en la responsabilidad de los prestadores de servicios ante un posible delito, son puntos también criticados por la oposición. Por el contrario, la prohibición expresa del spam en el texto, ha sido uno de los aspectos más alabados.

Las enmiendas
El proyecto de LSSICE recibió en el Congreso nueve enmiendas a la totalidad, dos de ellas, las de PSOE e IU, con texto alternativo, y el resto presentadas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y otros seis partidos dentro del Grupo Mixto. Como manifiestó en las jornadas de la universidad Jaime Lissavetzky, del Grupo Socialista “Nuestra propuesta se parece mucho a la Directiva Europea y se diferencia del texto elaborado por el Gobierno en cinco aspectos: se restringe mucho más claramente la aplicación de la ley a la actividad comercial, por lo que no afectaría a un usuario particular que disponga de un banner para mantener su web, refuerza la seguridad de las transacciones, define mejor la responsabilidad de los PSI, establece un régimen sancionador más proporcionado y simplifica e incluso elimina las obligaciones adicionales como es la obligatoriedad del registro de una página web con actividad comercial”. Por su parte, Presentación Urán González de IU señaló “Desde IU hemos presentado una enmienda a la totalidad, aportando un texto alternativo que traspone fielmente la Directiva Europea de Comercio Electrónico, en la que se tiene que basar la futura ley”. Finalmente, Jordi Jané i Guasch CIUaseguró que “Desde CIU hemos presentado una enmienda parcial para que se revisen los artículos 8, 37 y 40”.