La OCDE aprueba un documento legal para proteger a los consumidores online

Con el propósito de proteger a los consumidores ante el continuo crecimiento de las comparas online, los 30 países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) han firmado un documento que define los principios básicos de un marco legal para la resolución oficial de conflictos entre compradores y comerciantes.


Tas dos años de discusiones sobre el documento político, todos los miembros de la organización han aprobado un sistema legal que pretende normalizar la resolución de las quejas de los consumidores, especialmente aquellos conflictos relacionados con operaciones de comercio electrónico transfronterizas.


Aún no está claro qué cambios reales implicará el acuerdo político, que a partir de ahora todos los países de la OCDE tendrán que hacer efectivo. El documento, “OECD Recommendation on Cosumer Dispute Resolution and Redress”, es un texto de trece páginas en el que se recogen múltiples principios, como el reconocimiento e incluso la imposición por parte de las cortes extranjeras de compensaciones económicas en casos de operaciones en que los intervinientes se encuentren en países diferentes.


Además, el nuevo marco exige, entre otras muchas actuaciones, la toma de medidas que minimicen las barreras legales para la presentación de denuncias de los consumidores en disputas transfronterizas y el establecimiento de mecanismos que protejan a los propietarios de tarjetas de pago cuando se produzcan conflictos con los comerciantes.


Según los principios definidos por la OCDE, también habrán de desarrollarse, por ejemplo, acuerdos entre los distintos sistemas de justicia, policiales y otras fuerzas gubernamentales que puedan atender las necesidades de los consumidores extranjeros que hayan sido podido ser estafados intencionada o por error por entidades o comerciantes locales.


Sin prisa, pero sin pausa

“La recomendación contiene una serie de puntos que deberán cumplirse”, indica Peter Avery, administrador principal de la Dirección para Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE. “Algunos estarán habrán sido ya resueltos mediante acuerdos particulares entre países específicos. Otros podrán conseguirse con bastante rapidez, y algunos llevarán más tiempo”.


La OCDE, que ha invitado a los países no integrados en la organización a valorar la posibilidad de comulgar con los principios recogidos en el documento, estará atenta al progreso de los distintos países miembros en su implementación. En el plazo de cinco años, elaborará un informe para el Consejo de la OECD sobre el estado de su cumplimiento. 



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