La Comisión Europea propone la creación de una legislación comunitaria sobre el espectro radioeléctrico y la concesión de licencias UMTS
Internet móvil es la gran oportunidad para que la Unión Europea (UE) esté por fin en cabeza en un ámbito tecnológico de gran potencial económico y social a escala mundial. Sin embargo, según un informe hecho público por su Comisión acerca de la situación actual y las perpectivas de futuro de la introducción de las comunicaciones móviles 3G en el ámbito comunitario, la falta de coordinación entre los países a la hora de fijar unos marcos legales comunes para otorgar las licencias UMTS y para establecer una política conjunta sobre la utilización y cobro del espacio radioeléctrico, puede convertirse en un severo hándicap para que la UE cumpla este objetivo.
El informe “Introducción de las comunicaciones móviles de tercera generación en la Unión Europea: Situación actual y perspectivas de futuro” pone de manifiesto las grandes aportaciones que los servicios móviles de tercera generación (3G) pueden realizar a la construcción de la sociedad de la información en la Unión Europea, aunque alerta sobre la imperante necesidad de un marco reglamentario común a los estados sobre la política que deben seguir en comunicaciones electrónicas y asegura que se debe adoptar sin demora una legislación sobre el espectro radioeléctrico. En concreto, el comunicado se refiere a las diferentes condiciones que han impuesto los estados miembros para la obtención de licencias UMTS (unos estados han elegido la subasta y otros, como España, el concurso) y la necesidad de su coordinación para determinar las modalidades de concesión de estas licencias y definir sus condiciones.
Como punto de partida para construir este marco legal para el uso del espectro se pueden tomar la propuesta de la Comisión sobre la revisión del marco normativo comunitario para las comunicaciones electrónicas a partir de julio del 2000 y la propuesta de decisión sobre regulación del espectro radioeléctrico, medidas que, por otra parte, el Consejo Europeo de Lisboa recomendó que se adoptaran antes de la finalización de este año.
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