Actualidad | Noticias | 14 FEB 2003

La CMT recomienda a las Administraciones elegir proveedores mediante concurso

Las Administraciones Públicas tienden a mantener a Telefónica como suministrador de telecomunicaciones, arrastrando contratos que se iniciaron cuando éste disfrutaba de su condición de monopolio. Por ello, la CMT ha hecho un llamamiento a estos organismos para fomentar la contratación en un marco de libre competencia recomendando seguir en el proceso de selección determinadas pautas a modo de “buenas prácticas”.
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El informe que recoge las recomendaciones de la CMT ha sido emitido al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y pretende servir de utilidad para las diferentes Administraciones Públicas, así como para operadores y demás agentes del sector.

Según la CMT, las Administraciones constituyen un tipo de cliente corporativo con un importante volumen de consumo; de ahí la trascendencia de asegurar la garantía de las condiciones de competencia en este segmento del mercado. Además, se considera oportuno romper la inercia a no cambiar de proveedor dado que el interés del Gobierno por dotarse de los servicios oportunos para ser un agente promotor de la Sociedad de la Información, está generando la necesidad de una importante cantidad de nuevos contratos.

El Informe REINA, elaborado por el Consejo Superior de Informática y que analiza las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración del Estado, estima el gasto total de la Administración Central en telecomunicaciones correspondiente a 2000 en 189 millones de euros, una cifra que aumentó situándose en 2001 en 226 millones de euros.

También se aportan en el informe los datos del Informe IRIA, realizado asimismo por el Consejo Superior de Informática. IRIA revela que en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local el gasto agregado de los servicios de telecomunicaciones e informática durante 2001 fue de 479 millones de euros en el caso de la Administración Autonómica y de 363 en el de la Administración Local.

Tras analizar la importancia que tienen las Administraciones como clientes de los servicios de telecomunicaciones, y tras recoger, a modo de ejemplo, algunos de los supuestos en que ha tenido lugar la intervención de la CMT, el informe sistematiza los problemas detectados en relación con la materia en función de los diferentes aspectos que intervienen en la contratación administrativa.

Se analizan, así, problemas relacionados con el régimen jurídico del contrato, con el tipo de contrato, con el ámbito de la licitación, con el procedimiento y forma de adjudicación, con los criterios de valoración de las ofertas, con las condiciones técnicas del pliego, con el régimen de precios del contrato, o con su duración.

A la vista de los problemas detectados, el informe aporta unas recomendaciones generales a modo de relación de "buenas prácticas". Se valora como prioritario el respeto a los principios de igualdad y no discriminación entre operadores, lo que implica seguir procedimientos públicos para la contratación de los servicios de telecomunicaciones, que permiten recibir las ofertas que realicen los distintos operadores del mercado.

Por ello, se considera inadmisible, a la luz de la normativa de telecomunicaciones vigente, que se proceda a prorrogar los contratos que fueron celebrados con Telefónica antes de la liberalización, pues implica diferir en el tiempo su licitación en condiciones de concurrencia. En particular, se estima que la celebración de un concurso por el procedimiento abierto es la solución más apropiada para asegurar el respeto a los principios de igualdad y no discriminación.

Se destaca, además, que el respeto a estas recomendaciones interesa también a las propias Administraciones Públicas contratantes de los servicios, pues les permite obtener del mercado las mejores ofertas que se adecuen a sus necesidades.

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