Actualidad | Noticias | 10 MAR 2003

La CMT podrá imponer sanciones de hasta 20 millones de euros

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Tras la revisión del Consejo, el texto ha endurecido considerablemente las sanciones previstas en el primer borrador para aquellas empresas que infrinjan la Ley, fijándolas en un máximo de 20 millones de euros.
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De esta forma, se reduce el control en el inicio de actividades –cualquier proveedor podrá suministrar servicios de telecomunicaciones, sin necesidad de licencias ni autorizaciones-, pero si no lo hace adecuadamente, la sanción será mayor.

Cuando se trate de infracciones de operadores de las normas marcadas por la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) para los dieciocho mercados de referencia que la Ley delimitará, acogiéndose a la Directiva Marco de la Unión Europea para el sector, la multa podrá alcanzar los 20 millones de euros si se trata de agentes con poder significativo (dominantes) en el mercado en cuestión. Para el resto de infracciones, las sanciones serán de hasta 2 millones de euros y de hasta 500 millones de euros, según su gravedad.

El organismo encargado de imponer estas penalizaciones será la CMT, con lo que se satisfacen las peticiones que este organismo había dirigido al Gobierno para que se le otorgara un papel de mayor peso en la nueva ley. La Comisión habrá de analizar de manera periódica la situación en los 18 mercados de referencia y establecer medidas específicas a fin de garantizar la competencia.

También se introduce la posibilidad de inhabilitar al operador que cometiera una infracción, así como la retirada de equipos y aparatos que incumplan los requisitos esenciales, como pueda ser el incumplimiento de los límites de emisiones en las antenas de telecomunicaciones vía radio.

En el nuevo régimen sancionador destaca asimismo la posibilidad de multar con hasta 60.000 euros a los representantes legales y miembros de órganos directivos implicados en las infracciones de las empresas y simplifica determinados procesos para que los usuarios ejerzan determinados derechos, como su negativa a ser incluidos en los servicios de identificación de llamada o el bloqueo de publicidad no deseada. Además, el acceso a Internet queda oficialmente reconocido como servicio universal.

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