La CMT abre expediente al proveedor de acceso gratuito de un ayuntamiento
Proyecto Atarfe, cuyo único accionista es el Ayuntamiento de la localidad granadina de Atarfe, ha sido objeto de la apertura de un expediente sancionador de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Proyecto Atarfe ofrecía acceso gratuito mediante tecnología inalámbrica Wi-Fi en la localidad.
De acuerdo con la información facilitada por la propia Comisión, el Ayuntamiento de Atarfe había sido denunciado por la empresa TV Atarfe por estar incumpliendo la normativa vigente, una denuncia a la que posteriormente se sumó la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (Aotec). Ambas organizaciones le acusaban de prestar servicio de acceso a Internet a través de una red inalámbrica con tecnología Wi-Fi de forma gratuita y sin atenerse a la normativa vigente.
De momento, la CMT basa su decisión en la presunta responsabilidad directa de la empresa en una "infracción administrativa muy grave en la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos exigibles para realizar tales actividades" establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, en vigor desde el pasado noviembre. Más concretamente, la infracción radica en la omisión por parte de Proyecto Atarfe de la preceptiva notificación a la CMT que, con carácter previo al inicio de sus actividades, debe realizar cualquier organización interesada en operar en este mercado.
Capitalismo y "SI para todos", ¿dos principios en conflicto?
Pero en el comunicado de prensa difundido por la CMT, ésta no oculta su verdadera preocupación, de mayor trascendencia, dado que puede servir de precedente para otros proyectos de similares características en nuestro país impulsados por diversos ayuntamientos con el propósito de, en aras de promover el desarrollo de la Sociedad de la Información, facilitar el acceso de sus habitantes a la Red. En el fondo, subyace pues el conflicto intrínseco en determinadas iniciativas plenamente comprometidas con la extensión a cualquier nivel social de un bien sujeto a las leyes del capitalismo.
Según se expresa en un apartado específico sobre libre competencia incluido en el comunicado, en una resolución del 5 de junio de 2003, donde se daba contestación a una pregunta del consorcio local Localret, "se advertía que la realización de estas actividades de forma gratuita podría, a priori, producir distorsiones a la libre competencia en el servicio de acceso a Internet y en la explotación de redes públicas de telecomunicaciones".
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