Actualidad | Noticias | 21 DIC 2000

La AECE critica la poca claridad del anteproyecto de Ley de Comercio Electrónico en la protección de los usuarios

El anteproyecto de Ley de Comercio Electrónico trata la protección de los consumidores y usuarios de forma "poco clara" y "puede dar lugar a diferentes interpretaciones", según el director de Relaciones Institucionales y Asuntos Jurídicos de la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE), Iñaki Uriarte.
Comunicaciones World

Aunque Uriarte reconoce que "no es intención del legislador disminuir la protección del consumidor en el ámbito del comercio electrónico", asegura que lo dispuesto en el artículo 22 del anteproyecto se trata de una "presunción" acerca del lugar de celebración del contrato.

Dicho artículo recoge que "el contrato electrónico se considerará celebrado en el lugar en el que el prestador del servicio esté establecido". Y en el artículo 1.5 se establece que "las disposiciones contenidas en esta Ley no alteran ni modifican el régimen jurídico aplicable a (...) los derechos de los consumidores".

Para la AECE, lo establecido en el artículo 22 no tendrá relevancia en la mayor parte de los contratos que se celebren con consumidores, ya que el lugar de celebración del contrato no servirá, generalmente para determinar la ley aplicable ni la jurisdicción competente.

Según Uriarte, cabe pensar que las ventajas de la adopción del denominado "principio de origen" se difuminan, ya que los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información deberán en todo caso conocer la regulación de la protección del consumidor de cada país en el que quieran operar.

Sin embargo, puede interpretarse pr el artículo que los prestadores de servicios deberán conocer la regulación en materia de protección al consumidor, pero no será necesario satisfacer los requisitos de cada país para actuar en él.

El jurista ejemplifica explicando que un prestador de servicios situado en Portugal que quiera operar en España no debería obtener las autorizaciones y permisos requeridos por el Estado español. "Sólo será necesario que cumpla la normativa en su país de origen y respete la regulación de la protección al consumidor española", afirma.
(EP)

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