Ferrovial se retira del proceso emprendido contra la adjudicación de licencias UMTS

Según informan diversos medios, a sólo dos días de que la Audiencia Nacional se pronunciase, Ferrovial presentó ayer su renuncia al recurso planteado contra la adjudicación el pasado mes de marzo de las cuatro licencias de telefonía móvil de tercera generación. Ferrovial es accionista del consorcio Movi2, que no obtuvo licencia en el concurso UMTS.


En el recurso, Ferrovial solicitaba medidas cautelares contra las adjudicaciones, que, de haber sido aceptadas por la Audiencia Nacional –lo que, según dichos medios, estaba muy cerca de lo posible-, habría supuesto la suspensión de las concesiones a Telefónica Móviles, Amena, Airtel y Xfera, abriendo una crisis de consecuencias imprevisibles.

En medios económicos y políticos se especula sobre las distintas razones por las que Ferrovial ha tirado la toalla en el último momento. Para unos, la decisión podría estar motivada por la enorme fianza a la que la compañía tendría que haber hecho frente si se admitían las peticiones del abogado del Estado que actuaba en defensa de la Administración. Dicha fianza iría destinada a resarcir a los cuatro adjudicatarios, en el caso de que, aceptadas las medidas cautelares, las concesiones finalmente se estimasen ajustadas a derecho.

Otros, sin embargo, señalan el interés del consorcio Movi2 en obtener una de las dos nuevas licencias GSM que adjudicará próximamente el Gobierno, y la inconveniencia de presentarse al concurso en un clima de enfrentamiento con la Administración. También, otros más atrevidos, se atreven a aventurar que la renuncia de Ferrovial podría deberse a la adjudicación de la autopista Madrid-Ocaña que ha obtenido recientemente la compañía.

En cualquier caso, Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz de Ciencia y Tecnología del Grupo Socialista, ha pedido a Ferrovial que explique las razones de su decisión y ha reclamado la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la ministra Anna Birulés.

Con todo, la renuncia de Ferrovial no significa el fin definitivo de la polémica abierta sobre la concesión de licencias UMTS. Uni2, otro miembro del consorcio Movi2, también ha pedido la imposición de medidas cautelares mediante la presentación de nuevos argumentos contra el concurso. Con anterioridad, el operador presentó un recurso ante la Audiencia Nacional que fue denegado.


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