España recurre la sanción de Bruselas a Telefónica y defiende a la CMT

El recurso de anulación no se centra tanto en la defensa de la operadora como en el de las competencias del Estado español en materia de regulación de las telecomunicaciones y de su organismo supervisor, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, cuyas resoluciones, según el Gobierno, no se han tomado en cuenta.

Para el Gobierno español, el que las resoluciones de la CMT hayan quedado sin valor “genera inseguridad jurídica y afecta gravemente al interés público y al desarrollo de un sector tan estratégico como el de las telecomunicaciones. Produce incertidumbres sobre el papel que desempeña este organismo supervisor y sobre la validez de sus decisiones para el conjunto de empresas que actúan en el mercado de las comunicaciones electrónicas”.

Asimismo, en el recurso se acusa a la Comisión Europea de no haber utilizado los mecanismos de colaboración directa que prevé la normativa comunitaria y que se podrían haber puesto en marcha desde el mismo momento en que Bruselas hubiera detectado actuaciones de la CMT que hubieran causado dudas o desacuerdo.

Se considera, igualmente, que con esta actuación la Comisión ha debilitado el ejercicio por parte de la CMT de sus competencias, disminuyendo así la garantía que sus decisiones suponen para consumidores y empresas, puesto que Bruselas puede, en idéntica materia, con idéntico objetivo y por el mismo procedimiento, adoptar a posteriori medidas que contradigan la actuación del órgano competente en España.

La Comisión Europea ha basado su decisión en la aplicación a Telefónica del artículo 82 CE, que prohíbe que las empresas abusen de su posición dominante en el mercado abusen, acusando al operador español de haber llevado a cabo prácticas abusivas tendentes a eliminar a sus competidores. Supuestas actuaciones que, sin embargo, fueron autorizadas con anterioridad por la CMT.