En Europa, los vendedores online habrán de subordinarse a la ley del país del consumidor

La ley, que entrará en vigencia el próximo mes de marzo, establece que siempre que exista un conflicto entre un consumidor de cualquier país de la Unión Europea (UE) y un suministrador ubicado en otro, el primero tendrá derecho a interponer una demanda en los juzgados de su propio país, a cuyas leyes quedará sujeto el vendedor.

Los ministros y la Comisión Europea argumentan que para el crecimiento del comercio electrónico en nuestro continente es imprescindible la confianza del consumidor, por lo que debe sentirse legalmente protegido. De estas formas se elimina la incertidumbre generada en relación con la situación de las operaciones transfronterizas, subordinándolas a las mismas leyes que el consumidor puede esperar cuando realiza una compra en su propio país.

Pero, ahora, el problema, según los representantes de la industria presentes en los debates previos a la aprobación de la ley, será la incertidumbre legal que esta medida creará en las empresas de pequeño tamaño que deseen realizar ventas online. Generalmente las compañías multinacionales tienen abogados y especialistas en cada país de la UE donde operan y conocen las reglas de juego locales, algo que no ocurre en las pymes, segmento para el que precisamente se supone que el comercio electrónico habría de representar un especial atractivo al permitirles competir internacionalmente sin grandes inversiones en el desarrollo de una presencia directa.

Además, algunos interesados aseguran que la nueva reglamentación llega incluso a contradecir determinadas leyes de la UE. Argumentan que llega a contradecir una directiva de comercio electrónico en proceso de ser aplicada en cada país miembro, según la cual un sitio Web tiene derecho a vender sus bienes y servicios de acuerdo a un único cuerpo de reglas; en concreto, las del país donde está ubicado.