Actualidad | Noticias | 06 MAY 2010

El presidente de Redtel pide un marco regulatorio que estimule las inversiones

El desarrollo de la banda ancha en España exige una inversión de entre 60.000 y 80.000 millones de euros durante los próximos años, según Miguel Canalejo, presidente ejecutivo de Redtel (Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones). Sin embargo, en su opinión, el marco regulatorio español no favorece tal esfuerzo inversor.
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 En su intervención en el X Congreso de las Telecomunicaciones, organizado por Asimelec, Miguel Canalejo estimó en un valor de entre 60.000 y 80.00 millones de euros las inversiones necesarias para desarrollar la banda ancha en nuestro país durante los próximos años. Para el presidente de Redtel, esta cifra supondrá incrementar un 50% las inversiones realizadas hasta ahora, lo que en su opinión exige un mayor apoyo público a los operadores y un marco regulatorio que estimule la inversión privada. 
MIguel Canalejo, presidente de RedtelCanalejo analizó los distintos aspectos clave incluidos en todos los planes de desarrollo de la banda ancha puestos en marcha por distintos países, como políticas regulatorias que estimulan la inversión en nuevas redes por parte de la iniciativa privada y políticas para poner a disposición de los operadores el espectro radioeléctrico y los derechos de paso. Asimismo, todas comparten la definición de políticas que aseguren que todos los ciudadanos tengan acceso a la banda ancha y que estimulen la demanda de los servicios de banda ancha, muy especialmente por parte de la Administración del Estado.

“En España, el plan estratégico del Gobierno equivalente podría haber sido el Plan Avanza 2 en lo relativo a plan financiero, y, en cuanto a su desarrollo normativo, la Ley de Economía Sostenible. Sin embargo, ni el Plan Avanza 2 ni la Ley de Economía Sostenible van a ser capaces de provocar el cambio necesario”, aseguró el presidente de Redtel. En su opinión, en España “se sigue penalizando al sector con nuevas y crecientes cargas fiscales, y nuevas obligaciones de servicio (conservación de datos, piratería, etc)”, además de faltar transparencia en  la planificación y gestión del espectro radioeléctrico y de no producirse “ningún apoyo financiero significativo”. Canalejo calificó también como factores negativos la pretensión de incluir la banda ancha en el servicio universal y las dificultades impuestas por los ayuntamientos, que encarecen la inversión en redes.

No obstante, frente a estos obstáculos Canalejo resaltó el compromiso inversor de los operadores durante los próximos años. “Porque queremos contribuir al cambio productivo en España, y creemos en el futuro a largo plazo de nuestro sector, vamos a seguir invirtiendo, a pesar de que el marco regulatorio no es favorable en el próximo futuro para el desarrollo de las redes de banda ancha en España”.

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