El Gobierno reduce el precio de la telefonía y la tarifa plana de acceso a Internet

Internet.El Real Decreto Ley, aprobado el pasado viernes y con el que el Gobierno pretende combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones, sitúa la tarifa plana de acceso a Internet por ADSL en una cuota fija de 4.000 pesetas al mes, un 25 por ciento por debajo de la propuesta inicial del operador dominante. A los planes de 50 horas día y 50 horas noche se les aplica una reducción del 10 y del 20 por ciento respectivamente. En la modalidad de 50 horas noche, se podrá utilizar Internet en horario reducido por 3.000 pesetas durante la cantidad de horas prevista y el precio del servicio será de una peseta por minuto.

Llamadas locales.Además, el documento contempla la aplicación antes del 1 de noviembre de 1999 de modificaciones en las tarifas metropolitanas del servicio telefónico fijo que supondrán la ampliación del horario de la tarifa reducida (será desde las 0 hasta las 8 horas y desde las 18 hasta las 24 horas todos los días laborables, y desde las 0 hasta las 24 horas los sábados, domingos y festivos de ámbito nacional), así como el establecimiento del precio nominal del minuto de servicio en 4 pesetas en horario normal y punto.

Larga distancia.También en ese período de tiempo habrá de reducirse en un 4,36 por ciento el precio del servicio provincial y un 17,56 por ciento el correspondiente a las llamadas interprovinciales. Con un mes más de plazo habrá de bajar un 6,68 por ciento el servicio telefónico internacional.

Fijo-móvil.A partir del 1 de enero del 2000, las llamadas de fijo a móvil tendrán que abaratarse en un 11 por ciento y a partir del próximo 15 de septiembre también costarán menos los servicios de líneas susceptibles de arrendamiento al menos en un 14 por ciento en el caso de los enlaces nacionales y un 26 por ciento en el de las líneas digitales internacionales

Para garantizar el reequilibrio tarifario de Telefónica de España, se han establecido una serie de medidas específicas. Estas afectan, según fuentes de Fomento, a la creación de un sistema de precios máximos adaptado a la evolución del IPC, aplicable al operador a partir del 1 de agosto del año 2000. Según el Real Decreto, Telefónica podrá, siempre y cuando no supere el IPC previsto, fijar los precios de los servicios y, entre en el plazo de un año a partir del 1 de agosto del 2000, la cuota fija de abono mensual de línea individual y de enlace se incrementará progresivamente. Estos aumentos serán de 100 pesetas el 1 de agosto del año 2000, de otras 100 pesetas el 1 de marzo del 2001 y de otro tanto a partir del 1 de agosto del año 2001.

En cuanto se refiere a las medidas previstas para facilitar la competencia, el Gobierno establece que en el período comprendido entre el 1 de diciembre de este año hasta el 1 de febrero del 2000 tendrán que realizarse las modificaciones necesarias para que la preasignación de operador sea posible sin necesidad de marcación de prefijos específicos para operadores alternativos. También se ha previsto el sistema de conservación del número de telefonía móvil en caso de cambio de operador a partir del próximo verano.

Además, se ha recogido la compensación al Ente Público Radiotelevisión Española por los activos correspondientes a la creación, en 1989, de Retevisión. En concreto, se compensará a la entidad con una cifra neta de 80.000 millones de pesetas.

Reacción de Telefónica. A todo ello, Telefónica ha reaccionado difundiendo un comunicado en el que manifiesta su postura. Aunque la compañía valora positivamente el aumento de 300 pesetas la cuota de abonado, considera que este incremento no es suficiente para cubrir el déficit de acceso y se mantiene aún por debajo de la media europea. Por lo que se refiere a las llamadas de larga distancia provincial, interprovincial e internacional y las de fijo-móvil, reconocidas como consecuentes con la liberalización del sector por el operador, que, además asegura que están recogidas en sus presupuestos de 1999, 2000 y 2001. Sin embargo, la rebaja de las tarifas locales, es, en su opinión, contraria a las recomendaciones de la Comunidad Europea en tanto que éstas abogan por el equilibrio entre tarifas y costes.