El Gobierno prepara su Plan de Convergencia hacia la SI

El Gobierno ha convocado a la Comisión permanente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones, CATSI, con el fin de presentar el Plan de Convergencia con la Unión Europea (UE) en el ámbito de la Sociedad de la Información, así como un proyecto de resolución para atribuir numeración a la telefonía IP.

El primero supone un intento del Gobierno de adoptar políticas y medidas que aceleren la implantación de las Tecnologías de la Información en nuestro país de modo que España esté al mismo nivel que otros países europeos, más avanzados. El Plan presentado al CATSI se basa en nueve líneas estratégicas de actuación: Ciudadanos, Empresas/Pymes, Administración Electrónica, Educación, Sanidad, Infraestructuras, Seguridad, Política, Industrias del Sector TIC y Modelo económico e indicadores. Éste estará soportado por la Oficina técnica del Plan de Convergencia, constituida recientemente y cuyo director es Enrique Martínez, responsable del Observatorio de la Sociedad de la Información.

Durante la reunión de la Comisión Permanente del CATSI, los responsables del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio han explicado a sus miembros que será la Oficina Técnica, creada en el seno de esta Comisión, la encargada de recoger y coordinar todas las propuestas de los diferentes sectores, valorar su posible ejecución y realizar el diseño final del Plan de Convergencia.

Polémico borrador sobre la regulación de la VoIP
En la misma reunión, el Gobierno ha presentado el proyecto de resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la que se atribuyen recursos públicos de numeración al servicio telefónico fijo disponible al público y a los servicios vocales nómadas con capacidad multimedia, y se adjudican determinados indicativos provinciales. Sin embargo, ya han surgido las primeras críticas, como las de la Asociación de Internautas, que ha manifestado su preocupación por la celeridad del Gobierno en elaborar un principio de regulación en una tecnología novedosa y no regulada en ningún país de la UE, entendiendo que no responde al interés general. “En una primera lectura del documento presentado se han observado notables carencias, debidas seguramente a la extraordinaria celeridad del Gobierno en elaborar una regulación que nadie ha demandado”, apunta un comunicado de la AI.



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